Sumergida ya en una crisis económica que se vislumbraba hace unos meses y se ha confirmado con la pandemia de coronavirus, Europa se expone a otro tipo de desafío que permanece latente, difuminado entre los problemas más acuciantes a corto plazo: ¿cómo lograr que la población pueda disfrutar de una jubilación sin problemas? Se trata de una pregunta para la cual los Estados aún no han desarrollado una respuesta adecuada.
El Gobierno quiere impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones, los planes de empleo, en detrimento del tercero, los planes de pensiones del sistema individual (el primer pilar es el sistema público de pensiones). El anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado reduce la cantidad máxima que un partícipe puede deducirse con su plan de pensiones privado, de 8.000 a 2.000 euros. Pero especifica que puede ampliarse en 8.000 euros más (lo que suma 10.000 en total) con aportaciones en un plan de empresa. La realidad es, sin embargo, que solo una minoría de los partícipes (el 1,6%) resta de su salario la cantidad máxima, esos 8.000 euros.
El sistema de pensiones de Chile cumple 40 años entre luces y sombras: alabado y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, hoy en día está fuertemente cuestionado por las pírricas jubilaciones que otorga y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario.
El Gobierno anunció hace pocos días la aprobación de un fondo de pensiones de titularidad pública, que será gestionado por una entidad privada y que servirá para dinamizar el ahorro a largo plazo para los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Ahora bien, son muchos los flecos y los detalles que aún faltan por establecer en torno a un fondo de pensiones que en uno de sus aspectos fundamentales, supondrá un ahorro para los trabajadores que se adscriban al plan en su respectiva declaración de la renta. Así, aunque no se conocen los porcentajes y niveles de desgravación fiscal asociados a las aportaciones sí que estas tendrán una repercusión en forma de ahorro en la declaración anual de la renta al suponer una desgravación en el IRPF.
El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 reduce drásticamente el límite de aportación anual a planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también las aportaciones a cónyuges (desde 2.500 a 1.000 euros).
Tras cuatro largos años de negociación, los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron este martes un acuerdo de recomendaciones en el seno del Pacto de Toledo. Salvo cambios de última hora, estas recomendaciones serán las que se trasladen a la legislación.
La sostenibilidad del sistema de pensiones público en España lleva en tela de juicio mucho tiempo y se ha agravado más con la llegada de la pandemia del coronavirus, que ha supuesto un mazazo sin precedentes para las cuentas públicas y el sistema laboral. De hecho, España pasará de dos trabajadores por cada pensionista a poco más de uno en 2050, según las proyecciones de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está estudiando distintas posibilidades para incentivar el retraso de la jubilación más allá de la edad legal de retiro. En España la edad efectiva de jubilación apenas supera los 62 años, mientras que la edad legal está en los 65 años y llegará a los 67 años en 2027.
Cuando el empresario o profesional prolonga legalmente la actividad y se acoge a la jubilación activa, no se extingue el arrendamiento del local donde desarrolla la actividad, puesto que de ser así, se imposibilitaría en la práctica la prolongación de actividad en las condiciones contempladas por el Real Decreto-Ley 5/2013 (en la actualidad incluido en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
Se rompe la máxima de que los españoles siempre dejan para el último momento su aportación al plan de pensiones. Por primera vez desde 2008, estos vehículos de ahorro han conseguido entradas netas de dinero entre julio y septiembre, y también en el acumulado de los nueve primeros meses del año. Un cambio de tendencia que se produce justo cuando el Gobierno perfila una reforma que baraja eliminar la ventaja fiscal de los planes de pensiones, con la que el inversor puede desgravarse las aportaciones realizadas por un máximo de 8.000 euros en su declaración. Pero también cuando la incertidumbre que rodea a la economía española es máxima a medida que crecen los rebrotes.
El empresario Carlos Slim ha vuelto a recomendar a las autoridades que eleven la edad de jubilación en 10 años, hasta los 75 años de edad, y que instauren una jornada de trabajo semanal de tres días con 11 horas cada uno de ellos.
El empresario mexicano Carlos Slim, que ostenta importantes participaciones en varias empresas españolas, ha vuelto a recomendar a las autoridades que eleven la edad de jubilación en 10 años, hasta los 75 años de edad, y que instauren una jornada de trabajo semanal de tres días con 11 horas cada uno de ellos.
México mantiene su posición (37ª) entre las naciones desarrolladas, de acuerdo con el último Índice Global para la Jubilación, publicado por Natixis IM, que presenta un panorama de la situación global de la jubilación.
No es un año fácil de mercado. La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha teñido el marcador de rojo de muchos activos, lo que ha afectado, también, a las rentabilidades que acumulaban los planes de pensiones. Hasta agosto, los del sistema individual perdían de media un 0,9% en el último año. A cierre de septiembre, las pérdidas se han ampliado hasta el 2,3% en el mismo periodo. Es más de lo que se dejan otros vehículos de ahorro, como son los fondos de inversión, que se apuntan números rojos del 1,62%.
El Plan de Acción del Mercado Único de Capitales (CMU), que acaba de publicar la Comisión Europea, avanza hacia el fortalecimiento y la integración de los mercados de capitales europeos, impulsando a la vez las finanzas sostenibles y el ahorro a largo plazo para la jubilación.
Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, como ya adelantó elEconomista y ya ha anunciado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus últimas comparecencias, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.
El Pacto de Toledo se encuentra negociando los términos de la reforma del sistema público de pensiones, donde se espera que se propongan cambios en el actual sistema de pensiones de viudedad. En una recomendación que los partidos ya emitieron en 2011 se prevé un mayor incremento de estas pensiones en su base reguladora para aumentar la suficiencia de estas pagas. Pero en los últimos análisis sobre la pensión de viudedad los partidos estudian una progresiva conversión de estas pagas hacia modelo asistencial y no vitalicio de la pensión, por la transformación de las carreras de cotización, que actualmente son mayores tanto para hombres como mujeres -por lo que están generando derechos propios para la jubilación-. Pero otra vuelta que se le podría dar a esta prestación es la posibilidad de acceder a ella a las parejas de hecho, sin necesidad de haber formalizado el matrimonio previamente.
Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.
A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.
Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos avanzan con paso firme en la negociación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la que el principal cambio que se negociará es la configuración de un sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de este colectivo en función de sus ingresos reales. Por un lado, incrementaría en principio la aportación media de este colectivo que en su inmensa mayoría escoge aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social pero que por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos trabajadores como el cese de actividad o la pensión.
La mayor caída del Ibex 35 este año frente al resto de plazas europeas penaliza también a los productos de ahorro pensados para la jubilación. Así, mientras Plancaixa Tendencias, un plan global, gana un 2,7% en 2020, Santander Renta Variable España cede un 33,66%.
El Pacto de Toledo trabaja a marchas forzadas intentando lograr un acuerdo sobre la reforma de pensiones con la mayor prontitud posible, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales. Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc.) una vez se apruebe la reforma, tal y como habrían acordado tanto PSOE como PP. | Editorial: Régimen privilegiado de jubilación.
PSOE y PP acuerdan dejar fuera de la futura reforma del sistema de pensiones al Régimen Especial de Clases Pasivas, el sistema particular de protección con el que cuentan los funcionarios. No habrá así cambios para esta modalidad de jubilación pese a que lleva años planteando importantes problemas.
El Banco de España ha puesto negro sobre blanco uno de los principales problemas de la Seguridad Social y responsable de buena parte del desequilibrio financiero del sistema encargado de pagar las pensiones en nuestro país: un 40% de los trabajadores españoles se prejubila antes de alcanzar la edad legal de retiro. Un problema que ya ha detectado el Gobierno y que ha situado como un de las principales causas del desequilibrio presupuestario, toda vez implica el cese de las cotizaciones por parte de empleados que se jubilan anticipadamente y que además, en muchas ocasiones, cuentan con elevadas bases de aportación.
El Gobierno se plantea abordar en esta legislatura una reforma del sistema de pensiones que incluya la tantas veces barajada diversificación de las fuentes de ingresos de estas prestaciones. En otras palabras, es cada vez más posible que los gastos no contributivos que ahora soporta la Seguridad Social se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado y dejen de ser sufragados por aquella Administración.
El déficit de la Seguridad Social puede tener los días contados, una vez se sustancien en el Pacto de Toledo las recomendaciones que servirán al Gobierno para legislar sobre el sistema público de pensiones. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.
España cae una posición hasta el puesto 32 con respecto al año pasado entre las principales economías que componen el Índice Global de Jubilación (GRI, por sus siglas en inglés) 2020 publicado este martes por Natixis. La octava edición de este ranking ofrece una instantánea del bienestar y la seguridad financiera de los jubilados en 44 países. Si en los últimos años el frágil equilibrio de las presiones sociales, demográficas, económicas y de salud pública han hecho mella entre los retirados y pensionistas, la pandemia mundial del coronavirus ha inclinado la balanza aún más en su contra.
En pleno debate sobre la eficacia de los incentivos fiscales de los que se benefician los planes de pensiones en nuestro país, y con el telón de fondo de la reforma del sistema público en las postrimerías de la negociación, un informe sobre El marco fiscal de los planes de pensiones elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) arroja luz sobre uno de los problemas que sustancia el debate actual y es que nuestro país aplica la mitad de incentivos fiscales a los planes de pensiones, es decir ahorro privado, que los principales de la UE y la OCDE.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones está en el punto de mira, y se encuentra seriamente comprometida según las proyecciones de gasto para esta partida publicadas este lunes por la AIReF donde se estima que para 2050 el coste anual será del 14,2% del PIB, lo que supondrá un alza de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB. En este sentido hasta tres vías de actuación ha puesto sobre la mesa la Autoridad Fiscal para abordar reequilibrio del Sistema a través de la separación de fuentes de financiación que elimine los gastos no contributivos e impropios de la Seguridad Social, la profundización en los retoques de las medidas paramétricas abordadas en la reforma del 2011 y lo que se conoce como el trasvase de cotización del Sepe a la Seguridad Social, que supone desviar parte de la aportación por desempleo de los trabajadores a contingencias comunes, de donde sale la financiación para las pensiones.
La evolución de gasto en pensiones en nuestro país mantendrá su senda ascendente una vez que el Pacto de Toledo confirme la intención de vincular permanentemente la revalorización de las pensiones con el IPC y por el propio ciclo de la demografía española y el envejecimiento. Y vistas las dificultades financieras que atraviesa la Seguridad Social para afrontar el incremento de los gastos asociado al shock económico provocado por la pandemia, los economistas recomiendan al Gobierno articular un colchón anticíclico que garantice el pago de las pensiones, la sanidad y la dependencia, -costes asociados al envejecimiento- con una dotación de al menos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ante eventuales crisis.
