Un ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaraciones, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayores brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo.
El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.
La entrevista se celebra coincidiendo con el anuncio del confinamiento de varios barrios de Madrid y el encuentro del presidente del Gobiernos, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso y, aunque él prefiere no hablar de política, sí lanza un mensaje inequívoco al consenso entre los grandes partidos: "Hay un clima político muy crispado y un nivel de radicalización de la política muy preocupante". Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición. Viene de una larga tradición familiar de empresarios y antes de asumir la presidencia de la CEOE, en 2018, ya tenía una amplia experiencia en responsabilidades institucionales. Lideró Cepyme y formó parte de los consejos de administración de varias empresas, como Bankia, Albura, Tubos Reunidos, e incluso de grupos de publicaciones. Si le preguntas a qué dedica su tiempo libre, sonríe y afirma que para él la familia es lo más importante, y aunque intenta ir a Bilbao todo lo que puede, ahora apenas tiene vida privada, y casi sin tiempo para sus aficiones: la música (toca el piano) o navegar: "Tengo tres hijos: un músico que es compositor, un fiscalista y un empresario, pero les veo poco: trabajo bastantes más horas de lo que marca el decreto", ironiza. Dice que no le cuadran las cuentas que está dando el Gobierno del importe de los Ertes, reconoce que algunos al final se convertirán en Eres y que hay que compaginar la subvenciones con formación. Afirma que subir los impuestos a los ricos es el chocolate del loro y la mejor manera de desincentivar las inversiones. Insiste en que en estos momentos una derogación total de la reforma laboral sería una temeridad y "un grave error que las empresas españolas no pueden permitirse" y advierte de que el teletrabajo permite la externalización y también la contratación fuera de España.
Ajuste en la plantilla de El Corte Inglés. Además de reducir su plantilla, la compañía ha impulsado un plan de jubilaciones, que permiten a los trabajadores compatibilizar el cobro de la pensión con un contrato de trabajo a tiempo parcial a partir de los 61 años. Al cierre del último ejercicio, el pasado 29 de febrero, la compañía tenía provisionado en las cuentas un total de 23,9 millones de euros para hacer frente a estas jubilaciones parciales.
La jubilación anticipada se ha colocado en el centro de la diana de la reforma de pensiones en España. El objetivo del ministerio de Seguridad Social que capitanea José Luis Escrivá es el de establecer un marco regulador que incentive el retiro laboral más tardío, una vez alcanzada la edad legal de jubilación, actualmente en 65 años y 10 meses, e incluso permanecer en el trabajo más allá. Sin embargo el Banco de España asegura que los incentivos para estos supuestos de jubilación tardía son "inexistentes".
En economía, los razonamientos que parecen más sencillos y coherentes muchas veces no solo no lo son, sino que además pueden ser hasta contraproducentes. No existen soluciones fáciles a problemas complejos. Esta semana, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno, criticó la propuesta del ministro de Seguridad Social y Migraciones de premiar a quienes retrasen su jubilación. El argumento de Díaz fue simple: si los más mayores permanecen más tiempo en el mercado laboral esto entorpecerá la inclusión de los más jóvenes al trabajo. Sencillo, rotundo y parece que hasta tiene sentido, pero no.
El director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de lo expertos que participó en el diseño del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma del Sistema de 2013 se ha mostrado partidario de congelar las pensiones en este momento, salvo las mínimas, que ha abogado por actualizar según el IPC.De la Fuente, en declaraciones a TVE, apostó por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente para el resto. Más aún cuando la factura es tan abultada cada inicio de año, ya que actualizar las pagas contributivas cada año en un entorno inflacionista del 2% (asociado a un ciclo normal expansivo de la economía) supone un coste medio para las arcas del Estado de cerca de 2.500 millones de euros. Que es la cifra anual que se ahorraría la Seguridad Social de dejar el incremento de las pensiones en stand by, tal y como sugiere Fedea.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 'premiar' a quienes amplíen la edad de jubilación choca frontalmente con los planes del Ministerio de Trabajo para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo: "La entorpece", ha reconocido este lunes la ministra Yolanda Díaz.
El juzgado de lo Social número 2 de Vigo ha reconocido en una sentencia el derecho de un padre a cobrar, en su pensión de jubilación, el complemento por maternidad que se establece en la Ley General de la Seguridad Social, al entender que, tal y como ya estableció el Tribunal de Justicia de la UE, no está justificado que ese complemento sea exclusivo para las mujeres.
Miles de daneses con una larga vida laboral podrán acogerse a una nueva jubilación anticipada con la que el Gobierno pretende premiar a personas con empleos de gran carga física, según un controvertido modelo que supone un giro simbólico frente a años de políticas de recortes de prestaciones y pensiones.
Cerca de 150.000 ciudadanos aún no cobran el Erte que solicitaron hace ya casi medio año, registrarse para acceder al desempleo o a la jubilación, a la que hay derecho después de una vida entera de esfuerzos, se ha convertido en un acto de fe y, para colmo de males, el 80% de las solicitudes de la renta mínima acaba en el cesto de la basura. ¿Dónde está el escudo social del que presumía Pablo Iglesias? No existe por ninguna parte.
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.681,51 millones de euros el pasado 1 de agosto, lo que supone un incremento interanual del 5,03%. No obstante, en estos momentos, sigue habiendo demoras importantes en la inscripción de nuevos pensionistas ya que aquellas personas que no dispusieron o no disponen de certificado digital no han tenido la posibilidad de tramitar el alta correspondiente.
Son muchos los organismos nacionales e internacionales que apuntan a que los españoles nos jubilamos demasiado pronto, especialmente si se tiene en cuenta el aumento de la esperanza de vida y más teniendo en cuenta los problemas de los que adolece el sistema público de pensiones. En los últimos años, los distintos gobiernos han promovido medidas encaminadas a garantizar el futuro de las pensiones, como el retraso progresivo en la edad de jubilación, la introducción del llamado factor de sostenibilidad, ahora retrasado hasta 2023, para ajustar las pensiones a la esperanza de vida del beneficiario, y otros intentos que pasan por penalizar la jubilación anticipada voluntaria mientras se incentiva el retraso voluntario del retiro. Al final, uno de los principales problemas de la economía española es que existe una gran diferencia entre la edad legal de jubilación y la edad real. ¿Pero qué incentivos existen para retrasar voluntariamente la tan ansiada jubilación? Una de las creencias generalizadas es que permitirá disfrutar de una mayor cuantía en el retiro, pero un informe del Banco de España, publicado esta semana, desmonta esta teoría. Aunque es cierto que se gana más, esta parte proporcional de esperar hasta los 67, en vez de hacerlo a los 65, no compensa, asegura el organismo, no sale tan rentable como se pueda creer, puesto que es ínfima.
El espejo europeo pone de relieve numerosas debilidades del sistema de pensiones en España. Pero sobre todo en el ámbito de desarrollo de la previsión social complementaria donde queda constatado el retraso de nuestro país en comparación con el resto de vecinos europeos y con los más desarrollados, de la OCDE. Concretamente, en nuestro país, los incentivos fiscales para el ahorro privado suponen la mitad de la media de la UE, pero si observamos algún caso concreto como es Holanda, esta diferencia es de tres veces menos. Esta, la distancia de nuestro país con la regiones más ponderantes de la UE y la OCDE es una de las principales conclusiones que recoge el informe sobre El marco fiscal de los planes de pensiones publicado este miércoles por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que da cuenta de la coyuntura de la fiscalidad del ahorro.
El más que probable alza fiscal para los trabajadores que en este año han pasado por un Erte por el impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral, dado que se verán obligados a hacer la declaración de la Renta al año siguiente por haber tenido dos pagadores con percepciones base superiores a 12.450 euros, también se producirá para miles de nuevos pensionistas que este año se jubilarán y, por tanto, saldrán de la población en edad de trabajar.
La cifras de la evolución de la nómina de pensiones son demoledoras en términos de impacto de la pandemia. Más aún cuando se trata de una partida que no ha hecho más que engordar desde que se tienen registros en nuestro país, hasta mayo de este año. En el balance, hasta la primera mitad del año el número de nuevos pensionistas cae un 20% en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Concretamente, si se considera el acumulado anual, desde enero hasta junio de 2020 han causado alta 244.231 nuevas pensiones, lo que supone un descenso del 18,2% respecto al mismo periodo del año pasado (el pasado mayo decrecía un 22,4%). Por otro lado, desde enero han causado baja 278.280 pensiones, un 13,7% más que el año anterior (en mayo, esta tasa era del 16,2%).
El Dr. Friedrich von Mühlenbrock, geriatra de Nueva Clínica Cordillera, advierte que es vital para la salud mental y física que mantengan el movimiento y puedan salir, tomando las medidas de precaución adecuadas.
La propuesta de reforma al sistema de pensiones que anunció la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador sería positivo para las administradoras de fondos para el retiro (afores) y mejoraría su situación crediticia, indicó la calificadora estadounidense Moody's.
El Dr. Friedrich von Mühlenbrock, geriatra de Nueva Clínica Cordillera, advierte que es vital para la salud mental y física que mantengan el movimiento y puedan salir, tomando las medidas de precaución adecuadas.
La AIReF critica la ineficiencia de las deducciones fiscales ligadas a planes de pensiones. Sin duda, hay mucho que reprochar a unos beneficios tributarios de corto alcance, que son más bien meros diferimientos.
La AIReF asestó este miércoles un golpe definitivo al modelo de planes de pensiones privados en nuestro país. A través de su estudio de evaluación de gasto en políticas públicas, y más concretamente en beneficios y exenciones fiscales, la Autoridad Fiscal asegura que los incentivos a estos planes de previsión social complementaria no cumple con el objetivo de generar ahorro a largo plazo para la jubilación con un coste para las arcas públicas de 1.643 millones de euros. "Es necesario reformular estos incentivos", recalcaba la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, durante la presentación de Spending Review 2019/2020 sobre beneficios fiscales. De hecho, reclamó que sea el seno del Pacto de Toledo el seno que decida qué actuaciones llevar a cabo con el incentivo a estos planes, ya que es parte de las recomendaciones que deberá de realizar para la reforma del sistema de pensiones. Es más, desde AIReF ni siquiera se estima la necesidad de que sean eliminados, pero sí revisados.
En los últimos años se ha retrasado la edad media de adquisición de vivienda en nuestro país hasta los 40 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto sitúa a España en los puestos más altos de la Unión Europea, por detrás de Francia, Italia o Alemania. A pesar de que los jóvenes se emancipan de media a los 30 años, según datos de Eurostat, tardan aproximadamente una década en poder comprarse una casa, ya sea porque no tienen los ahorros necesarios, porque carecen de un trabajo fijo o porque no tienen claro dónde van a vivir.
Los planes de pensiones son una opción financiera, que se disfruta cuando hemos alcanzado la jubilación. Son productos de inversión seguros, sencillos y muy versátiles, pero sobre ellos existe una gran cantidad de información que, en ocasiones, es errónea
El 60% de peruanos no está afiliado a un sistema de pensiones, mientras el 47 % nunca ha aportado al sistema, según la encuesta nacional urbana realizada por Ipsos en junio
El Informe de Evaluación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Acuerdos del Pacto de Toledo se cerró el pasado diciembre de 2019 sin consenso suficiente por parte de los Grupos Parlamentarios y por lo tanto su aprobación quedó pendiente para esta nueva legislatura. Sin embargo el Borrador elaborado sin duda servirá de base del nuevo debate que ya ha vuelto a quedar abierto en marzo de 2020, retrasado por las condiciones impuestas por la COVID-19, pero que se pondrá definitivamente en marcha de nuevo en septiembre de este año.
El Gobierno planea el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas como vía para sostener las cuentas de la Seguridad Social y mantener una continuidad del empleo en las edades más cercanas al retiro en el marco de la nueva reforma de pensiones en la que ya trabaja el Pacto de Toledo. La vía sería el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas, por un lado, e incentivar fiscalmente la permanencia del trabajador en su puesto, por el otro. El resutado, según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal.
La epidemia alteró por completo el calendario de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El regreso a la normalidad, sin embargo, permitirá que el organismo retome en breve el debate sobre la nueva reforma del sistema de pensiones.
El desequilibrio de las finanzas públicas que ha traído el coronavirus ha acentuado el miedo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ejemplo de ello es que la encuesta del Instituto BBVA de Pensiones muestra como el 35% de los jubilados o pensionistas declararon albergar algún temor a no recibir su pensión durante la crisis del Covid. El descenso del consumo en el confinamiento ha facilitado que los españoles ahorren más ante una situación de deterioro en las perspectivas económicas y laborales (la tasa de ahorro alcanzó su valor más alto de los últimos 16 años en el primer trimestre del año). Sin embargo, planificar la jubilación no ha sido la principal preocupación de los hogares españoles en el primer semestre del año y este colchón no ha servido para arrastrar más aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual.
Cuando la crisis financiera anterior todavía estaba muy presente en muchos hogares, el Covid-19 ha llegado como un tsunami. Tanto es así, que el 40% de los españoles reconoce que su situación económica ha empeorado con la pandemia, según una encuesta realizada por Funcas. Y es que la paralización de actividad ha supuesto un duro golpe sobre la economía de muchos hogares.
Llega el mes de junio, uno de los más complicados y que más tensiona las arcas de la Seguridad Social, al abonarse en estos días la primera paga extra de los pensionistas del año. El Estado tendrá que desembolsar este mes, de golpe y porrazo, la friolera de casi 20.000 millones de euros en los dos ingresos que percibirán los pensionistas de nuestro país. Según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la nómina ordinaria de este mes asciende a 9.862 millones de euros, mientras que la extra suma al desembolso otros 9.586 millones de euros, agregando un gasto de 19.448 millones, exactamente. Cabe recordar en este punto la delicada situación financiera que atraviesa la Seguridad Social al ser el organismo sobre el que está impactando la gran mayoría de las ayudas aprobadas por la pandemia y que según la AIReF ello supondrá que el déficit que venía registrando en los últimos años, en el entorno de los 18.000 millones de euros se triplicará al finalizar el presente ejercicio hasta los 60.000 millones de euros, lo que supone 5 puntos porcentuales de PIB.
