La epidemia alteró por completo el calendario de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El regreso a la normalidad, sin embargo, permitirá que el organismo retome en breve el debate sobre la nueva reforma del sistema de pensiones.
Todo apunta a que su base será el borrador discutido (aunque sin llegar a consenso) a finales de 2019, en el que se contenía un importante recorte en las condiciones que permiten la jubilación anticipada. Éste es, sin duda, uno de los grandes problemas financieros que afronta la Seguridad Social. La edad legal de retiro se halla en España en 65 años y 10 meses; sin embargo, la media efectiva a la que los españoles dejan de trabajar es notablemente inferior: 64,4 años. Esa diferencia se debe a que las jubilaciones anticipadas crecen a un ritmo del 66% en cinco años y suponen el 16% de las solicitudes de retiro aprobadas por la Seguridad Social. Esta anticipación en el abandono de la vida activa tiene un alto coste para el sistema de protección especialmente ahora, cuando la recesión ya en marcha, y la destrucción de empleo consiguiente, llevarán su déficit a niveles récord en este ejercicio. Nuestro país no puede posponer más esta reforma. No en vano resulta muy posible que la propia UE se la exija como una de las condiciones para acceder al futuro programa de ayudas europeas. Pero conviene tener en cuenta que el problema no se va agotará penalizando la jubilación anticipada.
El problema del incumplimiento de la edad legal de retiro no sólo se resuelve penalizando la jubilación anticipada
Los expertos coinciden en que es necesario incentivar la prolongación de la vida activa, con el acceso a mejores prestaciones. En otras palabras urge corregir medidas como el constante aumento de las bases máximas de cotización sin que estos contribuyentes experimenten mejoría alguna en sus pensiones.
