Opinión

El Mercado Único de Capitales exige educación financiera y asesores

Uno de los grandes objetivos de Ursula von der Leyen debe ser avanzar en la unión del mercado de capitales

El Plan de Acción del Mercado Único de Capitales (CMU), que acaba de publicar la Comisión Europea, avanza hacia el fortalecimiento y la integración de los mercados de capitales europeos, impulsando a la vez las finanzas sostenibles y el ahorro a largo plazo para la jubilación.

Estos objetivos ambiciosos de la CMU se remontan a 2015, desde entonces no se ha avanzado suficientemente en dotar al continente de una auténtica alternativa para pymes a la financiación bancaria tan mayoritaria en Europa, ni a ofrecer al ahorrador a largo plazo un abanico suficiente de alternativas de inversión.

Como para otros objetivos de reforma económica y financiera pendientes, la crisis presenta –junto a efectos claramente depresivos- unas oportunidades espléndidas para que se acometan sin dilaciones los cambios necesarios al multiplicarse los argumentos en su favor. Así, priorizar ahora las medidas para implementar la CMU puede facilitar la recuperación económica, acelerar la transición digital y sostenible, avanzar hacia una sociedad y una economía más inclusivas y resilientes, y mejorar la competitividad europea en el escenario global.

La cultura financiera hace al cliente consciente de la trascendencia que el ahorro presenta

El Plan de Acción dado a conocer a finales del pasado septiembre anuncia 16 grandes medidas para culminar lo que tenía que haber sido uno de los proyectos culminantes de la anterior Comisión Juncker y que ahora lo será del gabinete Von der Leyen. Junto a medidas para desarrollar el mercado único como una plataforma de acceso unificado para toda Europa, menores requisitos para cotizar, reducir el gap entre deuda y capital (equity), aligerar la regulación de las aseguradoras para invertir, promover la titulización y, sobre todo, unificar la normativa de todo tipo; la Comisión Europea plantea dos grupos de medidas primordiales centradas en dar mayores garantías y seguridades a los ahorradores inversores alrededor de la mejora de la educación financiera y de las cualificaciones profesionales de los asesores financieros. Se trata de fortalecer la confianza con un dialogo más fluido entre los intermediarios y sus clientes. Es decir, un mejor cruce de la oferta y la demanda de servicios financieros.

Por el lado de la demanda, la mejora de la educación financiera ha de facilitar al ciudadano la adopción de decisiones con mayor conocimiento de causa. El cliente con una correcta cultura financiera es más consciente de la trascendencia del ahorro, de su adecuada colocación y de la importancia de vigilar y controlar las finanzas personales, al ser mejor conocedor de sus limitaciones, de sus sesgos cognitivos, y de la conveniencia de acudir a la ayuda de un asesor profesional ante productos o servicios de elevado riesgo y complejidad, o para decisiones relevantes. También iría en dirección a poder exigir criterios ESG (medio ambiente, social y gobernanza) a sus inversiones y al menos a distinguir en ellas la sostenibilidad, que será uno de los criterios relevantes tanto del presupuesto europeo plurianual como de los diversos segmentos del Plan de Recuperación.

La falta de armonización de Mifid II propicia aún el asesoramiento de mala calidad

Por el lado de la oferta, la exigida cualificación de los asesores permite ya acceder a un mejor conocimiento del cliente y sus preferencias, y por ello ofrecer una información y un asesoramiento más adecuados. Sin embargo, la implementación de MiFID II adolece en este terreno de una gran falta de armonización que expone todavía demasiado a los inversores al riesgo de recibir un asesoramiento de insuficiente calidad, siendo víctimas de ventas inadecuadas e imposibilitando el mercado único para la inversión. Las normas comunitarias solo recogen los principios de conocimientos y competencias dejando a los Estados miembros su implementación que ha sido muy heterogénea. Para el asesoramiento de inversiones, ESMA aprobó en enero 2017 unas directrices que sirvieron de base también para regular la formación de los asesores que operan en el mercado del crédito y en la distribución de seguros.

El Plan de Acción anuncia un gran paso adelante y precisa que la formación de los asesores financieros debe mejorar en toda la Unión Europea y avanzar a que la exigencia sea certificada con una acreditación paneuropea de calidad. Es, sin duda, la mejor forma de garantizar que los asesores adquieren y mantienen una cualificación adecuada y hacerlo periódicamente exigiendo formación continua y un sometimiento a un código ético de conducta profesional.

Este es el modelo aplicado desde hace dos décadas por EFPA, la asociación europea que lidera la formación de asesores en España, y que ahora el Plan de Acción de la Comisión Europea da carta de naturaleza. Una buena parte del mercado español, adelantándose a lo ahora propugnado por la Comisión, ya está auto aplicándose esta exigencia de calidad con lo que se sitúan en la mejor posición para la movilidad y en un reforzado cumplimiento que ahora reclama la CMU.

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