El proyecto de ley de Presupuestos Generales para el año próximo ya se encuentra en el Congreso y, tras este trámite, es ya posible conocer en detalle su desglose y comprobar las endebles bases sobre las que se fundamenta.
Como es sabido desde principios de este mes, las Cuentas presentan un incremento del techo de gasto sin precedentes, incluyendo los recursos que se recibirán del fondo de ayudas europeo. No basta con invocar la gravedad de la actual crisis para justificar el avance del desembolso público, ya que la mitad de esta rúbrica quedará absorbida, no por inversiones de carácter productivo, sino por las obligaciones de pagos corrientes. Pero incluso más preocupante resulta el modo en que el Gobierno busca respaldar todo este gasto. El incremento de la deuda pública llegará a niveles históricos en 2020, cercanos al 120% del PIB. En 2021, ese pasivo aún se verá elevado en 110.000 millones más.
El agravamiento de la crisis permite, en paralelo, ya cuestionar el avance previsto de la recaudación en un 13%. Cuesta confiar en el avance pronosticado del 3,4% de los impuestos directos, cuando gran parte de las empresas se encuentran en pérdidas lo que minará aún más el rendimiento de Sociedades. La situación aún puede ser peor considerando que el crecimiento esperado del PIB en 2021 (capaz de llegar al 10% si se incluyen las ayudas europeas, según Economía) contrasta con los augurios más modestos de instituciones como el FMI.
Las estimaciones sobre los ingresos fiscales y sobre el crecimiento del PIB han sido ya rebasadas por la crisis
Las nuevas Cuentas del Estado se presentan así fundamentadas en unas previsiones ya rebasadas por la evolución de la crisis y hacen temer una situación económica aún más precaria en el próximo año.
