Una de las preocupaciones de los trabajadores, especialmente en los años previos a la jubilación, es acumular los periodos de cotización necesarios para disponer de una pensión en el futuro o ampliar la cuantía de esa pensión.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado del riesgo en la sostenibilidad de la deuda española a medio y largo plazo. Concretamente, AIReF prevé que el déficit público alcanzará el 190% del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2050. Para mitad de siglo, prevén en su Observatorio de Deuda que la deuda pública española sumaría un 140% en un escenario en el que no hubiera cambios en las políticas fiscales y el gasto estructural relativo al envejecimiento, es decir, las pensiones, sumaría otros 52 puntos a la deuda.
El Consejo de Ministros quiere sacar adelante la Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo, que responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y está contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. De ser así, las pensiones complementarias del colectivo de autónomos se verían afectadas.
Cuando yo empezaba en esta profesión de contar cosas, en los albores de la Transición, había un grupo de veteranos periodistas a los que se conocía como los “sobrecogedores” porque, se decía, que en las convocatorias de presentación de resultados de las entidades financieras y grandes empresas recibían oculto dentro de la documentación general un sobre con dinero para que fueran favorables en sus informaciones y comentarios de opinión. Pues bien, esta práctica ya afortunadamente desterrada se ha trasladado ahora a la política impulsada y potenciada por el sanchismo gobernante para comprar voluntades y la paz social, como en el caso de los sindicatos, favores y sumisiones como ocurre con los asesores, y la permanencia en La Moncloa como hemos visto sucede con los independentistas y los herederos de los terroristas en los Presupuestos del Estado que, otro año más, son el ejemplo más inmoral de oportunismo político y de la discriminación entre las comunidades autónomas y los ciudadanos.
El tribunal médico es uno de los pasos más importantes en el largo proceso de consecución de una incapacidad permanente. Los miembros de este tribunal, que recomienda un dictamen a la Seguridad Social en una opinión muy valorada pero no vinculante, no solo han de considerar si el ciudadano tiene derecho a una pensión de incapacidad permanente: también han de emitir un veredicto sobre el grado de dicha incapacidad.
Las distintas modalidades de prejubilación (salvo la de determinadas profesiones que contemplan edades menores) permiten hacerlo a partir de los 61 años y siempre con una condición: reducir la cuantía de la pensión de jubilación a modo de compensación y dependiendo de la antelación de la jubilación anticipada. Sin embargo, existen casos muy concretos en los que es posible prejubilarse algo antes y sin recortes en la pensión.
El inicio del nuevo año conllevará la implantación de un nuevo método de revalorización de las pensiones que todavía está pendiente de la definitiva aprobación parlamentaria. Este método, una de las modificaciones de la primera pata de la reforma de las pensiones ideada por José Luis Escrivá, tiene en cuenta la inflación previa, pero en el caso de las cuantías mínimas la subida ha sido diferente.
El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto del Gobierno para fomentar el ahorro privado complementario para la jubilación, dando plena prioridad a los planes colectivos de empresa.
Las mujeres que han sido madres y están cerca de jubilarse tienen que prestar una especial atención a la hora de solicitar su pensión. La razón es que pueden optar a cobrar el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones, del que es conveniente conocer sus claves más básicas.
Los últimos meses de negociación y cruce de propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones en la mesa de diálogo social, impregnadas por la polémica, han terminado por hacer mella en el amplio consenso político alcanzado en octubre de 2020 en el seno del Pacto de Toledo, donde el acuerdo de recomendaciones recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de tres abstenciones, y sin ningún voto en contra, cuando se elevó su votación al Congreso. Este lunes, durante la votación de las enmiendas que se incluirán en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social con los puntos acordados por Gobierno y agentes sociales el pasado mes de julio, los partidos políticos representados en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han mostrado su rechazo al texto que se votará previsiblemente el próximo 2 de diciembre en la Parlamento, con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del proyecto de ley han votado el PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.
Si se enfada Sánchez te pone un impuesto. Así explicaba mi amigo Juan Berga el parche acordado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios para la reforma de las pensiones que esta semana se aprueba en el Congreso y supone una enmienda a la totalidad de los trabajos y avances de la Comisión del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema, además de un atentado flagrante conta la economía y la creación de empleo.
La reforma de las pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está muy cerca de echar a andar cuando consiga la aprobación parlamentaria definitiva para lanzar cambios que afectan a la revalorización de las pensiones, a la cotización de empresas y trabajadores para cubrir a los pensionistas del 'baby boom' en el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional y las jubilaciones anticipadas, forzosas o demorada, entre otros. Estas modificaciones entrarán en vigor, si no hay novedades, en 2022, año en el que se negociarán los aspectos de la segunda pata de la reforma.
El pago de las pensiones es especial en el mes de noviembre para los pensionistas españoles, ya que tiene lugar la segunda de las dos pagas extra que la Seguridad Social abona durante el año. Esta paga, conocida como la de Navidad por su cercanía a estas fiestas, sucede a la de verano (en el mes de junio) y se ingresa a la gran mayoría de personas con derecho a cobrar pensión.
En un mes, a finales de junio, la mayoría de los pensionistas recibirá una buena noticia en sus cuentas bancarias: la paga extra de verano, la primera de las dos que le ingresa el Estado a lo largo del año. Sin embargo, no todos los pensionistas la percibirán.
Finalizado el periodo de enmiendas para incorporar al proyecto de reforma del sistema público de pensiones, el Gobierno incluirá finalmente un complemento para aquellos jubilados que se hayan visto afectados por un retiro anticipado involuntario, y que perciban una paga mensual inferior a 900 euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó este sábado el acuerdo con los sindicatos para incrementar una décima las cotizaciones sociales de los trabajadores remarcando que "con ese mínimo esfuerzo durante los próximos 20 años vamos a garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema público de pensiones".
La reforma de las pensiones desenmascara la política del Gobierno. Sánchez invitó el martes a los sindicatos a desayunar en Moncloa en ausencia de la patronal para festejar el acuerdo de las pensiones. Pese a que presumía de cerrar acuerdos con la patronal, no le importó romper el diálogo. Además, descubrimos que el famoso Mecanismo de Equidad Intergeneracional del ministro Escrivá consiste en subir las cotizaciones a los hijos del baby boom, que se retirarán a partir de la próxima década.
Las cuentas para contener el incremento del gasto en pensiones por la jubilación de la generación del baby boom de cara a 2050 no salen, y el Gobierno deberá buscar recursos extra por valor de 17.000 millones de euros, tras la subida de cotizaciones generalizada del 0,6% por la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional. Por un lado, el incremento de aportaciones a la Seguridad Social que durará de 2023 a 2032 ingresará en el Fondo de Reserva un total de 33.000 millones de euros, según los cálculos del propio Gobierno, mientras que tanto la AIReF como el Banco de España apuntan a un déficit para el año 2050 de 50.000 millones de euros. Es decir, la brecha para cubrir el desequilibrio presupuestario aún ascenderá a 1,5 puntos del PIB.
El Gobierno logró la aprobación del alza de cotizaciones sociales del 0,6%, vigente desde 2023 durante 10 años, que aportará 33.000 millones al Fondo de Reserva, según estima el propio Ejecutivo.
Durante esta semana hemos conocido los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MEI) sobre la reforma proyectada del sistema de pensiones español. Dos han sido las medidas que más han acaparado la atención de la misma. La primera es el destope de la base máxima de cotización, actualmente en algo más de 48.000 euros, por debajo de otros países de nuestro entorno y la segunda el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, el cual viene a sustituir al nunca aplicado factor de sostenibilidad diseñado durante el Gobierno de Rajoy.
Todas las personas interesadas en jubilarse de forma anticipada han de tener en cuenta previamente si les compensa la reducción en la cuantía de su pensión y, además, saber si cumplen con todos los requisitos a los que se les obliga para prejubilarse.
El próximo mes de febrero vendrá acompañado de una agradable sorpresa para los pensionistas españoles. La razón es que recibirán la que se conoce como 'paguilla', el abono para compensar la desviación en el IPC (Índice de Precios al Consumo) y la subida de las pensiones de estos ciudadanos que tiene el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trasladó ayer que, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva, que situó en el 3,5%, este acumulará 42.000 millones de euros en 2032 con la subida de cotizaciones pactada con los sindicatos.
El mecanismo de equidad intergeneracional en las pensiones, pactado por el Gobierno con los sindicatos, supondrá un esfuerzo contributivo adicional para los autónomos de 5 euros mensuales, según los cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha apelado este jueves al apoyo de la patronal en la reforma laboral que se debe concretar antes de fin de año, tras el desacuerdo experimentado en la reforma de las pensiones respecto al aumento de cotizaciones, que ha defendido como necesario para garantizar pensiones dignas.
La cotización previa es uno de los requisitos que hay que cumplir para poder cobrar una pensión de incapacidad permanente cuando dicha incapacidad procede de una enfermedad común. Por eso, si el trabajador no ha llegado a esos niveles de cotización exigidos, la Seguridad Social dispone de una cobertura especial.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirma que, en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, gran parte del esfuerzo seguirá focalizándose en las llamadas rentas altas.
