Pensiones

Aunque los planes de pensiones acaparan siempre todos los titulares cuando se habla de la planificación para la jubilación, la reducción de los topes en los planes individuales para la deducción fiscal (se rebajó hasta los 2.000 euros el año pasado y a partir del próximo será de 1.500 euros, frente a la subida en los planes de empleo hasta los 8.000 euros, que serán 8.500 euros en 2022, con determinadas condiciones) ha permitido que otros productos también destinados para el ahorro con esta finalidad hayan despegado.

Caixabank Renta Variable Internacional PP, con 1.300 millones de euros en activos bajo gestión, fue premiado este año como el mejor plan de bolsa global por Morningstar, por la consistencia de su rendimiento en los últimos años. Su estrategia, enfocada en las compañías de crecimiento y con un fuerte peso de las firmas tecnológicas, le ha favorecido. Pero sus responsables consideran que pese a la rotación de los inversores hacia los valores más cíclicos, todavía puede deparar un buen resultado en los próximos ejercicios.

En la recta final del año es muy común ver las campañas de las entidades financieras para captar nuevos clientes para sus planes de pensiones. En estas, en este ejercicio, se ofrecen bonificaciones de hasta un 6% por el traspaso, aunque existen opciones para todo tipo de cantidades y situaciones. 

La pensión de incapacidad permanente a menudo se considera como una prestación que solo se consigue después de un largo proceso que pone a prueba la paciencia y la voluntad del trabajador, pero en ocasiones esta pensión llega de forma más inesperada, sin que medie iniciativa alguna por parte del ciudadano.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha avisado de que siete de cada diez autónomos no llegarán a recuperarse hasta "bien entrado" el año 2023 y ha pedido que no se pongan "zancadillas" a empresas y autónomos porque las "heridas" volverán a abrirse, dejarán de cicatrizar y se van a "desangrar".

Jubilarse antes de tiempo puede ser una alternativa para los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos exigidos, no desean alargar más de lo estrictamente necesario su carrera laboral. Estas jubilaciones anticipadas, en algunos casos, pueden hacerse a partir de los 64 años de edad.

La pregunta más repetida por los trabajadores a lo largo de su vida es cuánto dinero les quedará al jubilarse, es decir, la cuantía de la pensión de jubilación. Y, aunque no hay una respuesta estándar, la Seguridad Social tiene la llave para desentrañar este misterio.

La OCDE critica que España haya abandonado un ajuste automático del sistema de pensiones como era el factor de sostenibilidad para sustituirlo por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional que ni siquiera equivale a los costos de indexar las pensiones a la inflación.

La ya conocida como 'reforma Escrivá', que modificará gran parte del sistema de pensiones español, sigue dando sus pasos con el fin de alinear la edad real y a edad efectiva de jubilación. Una cambio que afecta mayoritariamente a aquellos trabajadores que deciden alejarse de la vida laboral antes de lo debido y por lo que algunos disfrutarán de un complemento, de cara a una posible injusticia que presentaba el nuevo sistema de la Seguridad Social.

La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo por el Gobierno hará que a medio plazo se reduzca el gasto por al menos en dos vías: el endurecimiento de la jubilación anticipada en el supuesto más extremo y el eventual incremento de años cotizados para el cálculo de la cuantía, que podría extenderse de 25 años a 35 años. La primera de las medidas implicaría un ahorro en el medio plazo de casi medio punto del PIB, mientras que el aumento del periodo de cálculo rebajaría la factura anual en un 0,88% del PIB. Ambas medidas implicarán una reducción del gasto de hasta 15.000 millones (1,3 puntos porcentuales de PIB) de euros en el momento de mayor tensión financiera de la Seguridad Socia, previsto para la década entre 2040 y 2050, cuando la jubilación del baby boom amenaza con abrir una brecha entre ingresos y gastos de 50.000 millones de euros al año -según las estimaciones del Banco de España-.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas de todas las que abona la Seguridad Social (dos de cada tres, aproximadamente), por lo que el organismo debe responder de forma eficiente a las solicitudes que van llegando todos los meses a sus oficinas.

La llegada a la edad ordinaria de jubilación conlleva, precisamente, la jubilación en buena parte de los trabajadores. Sin embargo, para algunos supone una jubilación diferente, ya que no es voluntaria, sino a través de un despido.

Las pensiones son uno más de los ingresos por los que el ciudadano ha de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que se le considera parte de los rendimientos del trabajo, al igual que los salarios que perciben los trabajadores en su vida laboral.

Modernizar nuestro sistema de pensiones siempre fue una de mis prioridades desde que fui nombrado ministro. Así lo indiqué en mi primera comparecencia parlamentaria allá por febrero de 2020, en la que presenté las líneas generales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras la fallida reforma de 2013, nuestro país necesitaba, en primer lugar, un marco estable que devolviera la certidumbre a nuestros pensionistas, actuales y futuros. Y, en segundo lugar, dotar al sistema de nuevas herramientas para reforzar su sostenibilidad de cara a los retos que afrontará en las próximas décadas.

El primer paquete de medidas que se votará en el Congreso de los Diputados en los próximos día incluye, según los expertos de Mercer, tres aspectos que impactarán en el progresivo envejecimiento de las plantillas en las empresas: el endurecimiento de los coeficientes reductores del retiro anticipado, el premio de mejora de cuantía por retrasar la salida del empleo sobre la edad legal y la prohibición de la jubilación forzosa por convenio.

La revaloración de las pensiones contributivas con la inflación supondrá un gasto adicional de "casi 5.000 millones" en 2022, según ha cifrado este miércoles el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.

La población asalariada renuncia a 733 euros al mes al jubilarse, el 33% de su renta. Hasta octubre, las nuevas altas de la Seguridad Social contaron con una cuantía media mensual de 1.494 euros, según la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por su parte, la última generación previa al retiro, la cohorte comprendida entre los 60 y 64 años, recibió una remuneración media anual de 26.735 euros en 2019, traducido en 2.227 euros mensuales en 12 pagas, según la encuesta anual de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Jubilarse de forma anticipada puede suponer un alivio para aquellos trabajadores que, cerca de la edad de jubilación, no quieren trabajar más. Sin embargo, para acceder a alguna de las modalidades de prejubilación es necesario tener en cuenta que, al margen de las posibles reducciones en la pensión, para tener derecho a ella hay que cumplir ciertos requisitos.

La gran mayoría de los trabajadores que piensa en una prejubilación lo hace como una decisión voluntaria, pero en algunos casos es posible que ese paso a la jubilación se haga forzado por una causa externa como es un despido. Solo si se encuentra en esta situación podrá anticipar más años su retiro, incluso a partir de los 61 años.

Los más de 950.000 ciudadanos que actualmente cobran una pensión de incapacidad permanente han pasado por un trámite tan importante como rodeado de mitos: el de acudir a un tribunal médico para evaluar esa posible incapacidad de cara a tener derecho a una pensión.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció ayer que el "recorrido" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es que se gestione "de forma plena y más en el caso de País Vasco", por su singularidad foral y porque tiene "un compromiso muy claro con estas políticas y superior a otros territorios".

La gran parte de los trabajadores asiste al final de su vida laboral con la esperanza de poder acortar su paso a la jubilación, lo que se puede hacer acumulando años de cotización y acogiéndose a las modalidades de jubilación anticipada. Sin embargo, en algunos casos eso no es posible.

Digitalización, sostenibilidad, pandemia, reducción drástica de la incentivación fiscal a aportaciones a planes de pensiones individuales, etcétera. Son muchos y grandes cambios los que hemos tenido en los últimos tiempos, pero sigue inalterable la necesidad estructural de ahorrar para la jubilación. Con el lamentable paréntesis de la pandemia, la longevidad es un proceso que seguirá avanzando en las próximas décadas y el sistema público requiere ya de importantes inyecciones de recursos fuera del sistema de cotizaciones o un incremento de las cotizaciones para financiarse.

El próximo año traerá cambios sustanciales en el sistema de pensiones español. Entre los más afectados estarán los pensionistas de jubilación, que verán modifcados el método de cálculo de la pensión, la reducción de sus pensiones en las jubilaciones anticipadas...y la edad de acceso a la jubilación.

Apenas han pasado unas semanas desde que el Gobierno presentó su plan para afrontar las jubilaciones de la generación del baby-boom, basado en elevar las cotizaciones sociales un 0,6% a partir de 2023, pero ya son evidentes sus grandes debilidades.

La reforma de pensiones incluirá en su segundo paquete de medidas, que negociará durante los próximos meses el Gobierno y los agentes sociales, un incremento de los años cotizados necesarios para el cálculo de la base reguladora de la pensión. De elevarse hasta 35 años cotizados este periodo, tal y como apuntó el Ejecutivo en sus primeras comunicaciones con Bruselas sobre el plan de reformas a abordar para poder recibir los fondos de la reconstrucción, -y pese a los aspectos que mitigarán el impacto a la baja en las futuras prestaciones por la medida- los nuevos jubilados autónomos perderían de golpe el 60% de la mejora de las prestaciones experimentada por el colectivo en los últimos 10 años.

La demanda laboral actual es caprichosa y exigente con aquellas personas que no son nativas digitales. Hoy en día, es común que una persona que pierde el empleo cerca del final de su vida laboral no vuelva a recuperarlo. Por este motivo, se prevé un subsidio para mayores de 52 años que han gastado su prestación por desempleo.

Hay dos cuestiones básicas que debemos despejar para poder entender la evolución de la economía en los próximos meses: si los contagios van a frenar la recuperación y cuánto se prolongará la inflación. Del rumbo que tomen ambas circunstancias dependerá la marcha de la recuperación. Vamos a intentar responder a algunas incógnitas.

La Seguridad Social informa de forma periódica sobre los datos de las pensiones que abona mensualmente a los españoles. Cerca de 10 millones de prestaciones (9,9 millones) que en este mes de noviembre, con el añadido de la paga extra de Navidad, han supuesto un gasto de más de 10.183 millones de euros.