Madrid. 
La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo por el Gobierno hará que a medio plazo se reduzca el gasto por al menos en dos vías: el endurecimiento de la jubilación anticipada en el supuesto más extremo y el eventual incremento de años cotizados para el cálculo de la cuantía, que podría extenderse de 25 años a 35 años. La primera de las medidas implicaría un ahorro en el medio plazo de casi medio punto del PIB, mientras que el aumento del periodo de cálculo rebajaría la factura anual en un 0,88% del PIB. Ambas medidas implicarán una reducción del gasto de hasta 15.000 millones (1,3 puntos porcentuales de PIB) de euros en el momento de mayor tensión financiera de la Seguridad Socia, previsto para la década entre 2040 y 2050, cuando la jubilación del baby boom amenaza con abrir una brecha entre ingresos y gastos de 50.000 millones de euros al año -según las estimaciones del Banco de España-.
Dos ideas subyacen de los cálculos y proyecciones de impacto financiero sobre el Sistema de la reforma de pensiones elaborados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social compuesto por catedráticos de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Valencia: por un lado, esta aminoración de gasto solo logrará tapar un 30% del desfase presupuestario previsto; y por otro, los propios autores del estudio advierten que lo que supone un endurecimiento de la jubilación anticipada en sus supuestos más extremos (los meses 24 y 23 de anticipo previos a alcanzar la edad legal) comporta también una revisión a la baja de los coeficientes reductores en el resto de situaciones -los meses cercanos a la edad legal-.
Así, apuntan los autores que esta tesitura puede hacer que "muchas personas actúen racionalmente" y se vayan a demoras de algunos meses en la anticipación, lo que haría que "en lugar de ahorro para el Sistema se produzca un equilibrio o incluso un mayor gasto".
Ahora bien, estas dos medidas mencionadas son las únicas que actuarán sobre el plano de los gastos del sistema de pensiones, implicando correcciones a la baja de la cuantía inicial de las prestaciones. El tercero en discordia, el factor de sostenibilidad -que en la versión aprobada por el PP en 2013 implicaba recortes iniciales superiores al 20% en función del aumento de la esperanza de vida- ya no supondrá una aminoración de gasto en prestaciones, toda vez que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional se ha articulado como una suerte de derrama a la que contribuirán todos los trabajadores con una cotización finalista destinada a nutrir la hucha de las pensiones, a la que se espera rellenar con más de 20.000 millones de euros para el momento de jubilación del baby boom.
"En cuanto al impacto sobre el gasto en pensiones, vemos que el ahorro, en términos de caja, que genera esta medida tarda bastantes años en notarse, como ocurre con todas las medidas que afectan solo a las nuevas pensiones de jubilación y, además, se implantan en un largo periodo transitorio", apunta el informe sobre el alza de años cotizados. Concretamente, en 2040 el ahorro sería del 0,65% del PIB de ese año, pasando en 2050 al 0,88% del PIB, para empezar a descender paulatinamente a partir de esa fecha, llegando en 2067 al 0,64% del PIB.
Edad efectiva de retiro
También apuntan las conclusiones del Grupo tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica que, en general, "se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones". Al margen de las medidas concretas que estimulen un aumento de la edad efectiva de jubilación, un aumento motu proprio de la edad efectiva sin aumentar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial. Sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes dado que la jubilación más tardía se producirá con menores penalizaciones y, por tanto, con pensiones mayores.
"Así, un aumento generalizado de la edad efectiva de 1 año solo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones, pero si el aumento solo afectara a las anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto", señalan los expertos.
El objetivo del Gobierno con la reforma del sistema de penalizaciones para la jubilación anticipada y de los incentivos para la demora del retiro laboral pasa por elevar la edad efectiva de jubilación, que según los datos del Banco de España, se sitúa actualmente en torno a los 64,5 años. Según la aplicación progresiva del incremento de la edad legal de jubilación que llegará a 67 años en 2027, el Ejecutivo busca con este mix de actuaciones ganar 1,5 años de edad real de jubilación, de modo que se alinee con la edad efectiva. Según Moncloa, la medida responde a una regresividad en el sistema actual que atrae a las rentas más altas a anticipar la jubilación el máximo de tiempo posible.
