Madrid. 
El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno pretende articular para afrontar el incremento del desembolso en pensiones motivado por la jubilación de la cohorte de población del baby boom podría ser insuficiente para afrontar la década más dura de tensionamiento financiero de la Seguridad Social. Así lo asume el propio Ejecutivo que, además del incremento generalizado de las bases de cotización en 0,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2032 (cifra que se ha elevado al 0,6% en la última propuesta presentada), ya prevé en su propuesta legislativa una segunda y tercera vía para embridar el gasto en prestaciones: un ajuste de hasta 5.000 millones de euros en pensiones y una nueva subida de cotizaciones por valor de otros 5.000 millones de euros.
Así se desprende del borrador presentado por el Ejecutivo a los agentes sociales con la propuesta y al que ha tenido acceso elEconomista, donde se asegura que si desborda el nivel de gasto y supera las previsiones que realizará la Comisión Europea en su informe Ageing Report de 2024, cuando las estimaciones ya descontarán los cambios normativos sujetos a la reforma de pensiones que se terminará de desplegar en 2023 -según el calendario que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, ya se podrá perfilar la necesidad de financiación concreta de cara al año 2050.
"A partir de 2032, y con una periodicidad trienal, se verificará si, de acuerdo con las últimas previsiones del Ageing Report de la Comisión Europea o documento análogo, el nivel de gasto en 2050 supera la previsión para ese año del citado informe una vez descontado el efecto que habría tenido el derogado factor de sostenibilidad", apunta Moncloa en su propuesta.
De este modo, el documento refleja que si el nivel de gasto supera el citado umbral se podrán adoptar medidas de contención que en suma equivaldría a 0,8 puntos porcentuales del PIB, entre aumento de ingresos y reducción del gasto en prestaciones. Es decir, esos 10.000 millones de euros anteriormente mencionados.
Como primer paso para atajar el desequilibrio financiero, la Seguridad Social prevé una disposición del Fondo de Reserva equivalente a 0,2 puntos del PIB, es decir, se añadirían unos 2.500 millones de euros al remanente presupuestario destinado a esta partida -de 150.000 millones de euros para 2022 solo en prestaciones contributivas-.
De superar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social ese 0,2%, o 2.500 millones, se abriría la doble vía para embridar el déficit. "En el supuesto de que la desviación sea superior al 0,2%, o que se hayan agotado los activos del Fondo de Reserva, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta para aminorar el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB", recoge el Ejecutivo en su propuesta remitida a la mesa de diálogo social. Además, señala el gabinete dirigido por el ministro responsable de la reforma, José Luis Escrivá, que "estas medidas deberán compensar la desviación en la previsión de gasto en pensiones para 2050 que no esté cubierta por los activos del Fondo de Reserva de las pensiones con un límite del 0,4% del PIB".
Subida 'extra' de cotizaciones
Más allá, de perdurar el desequilibrio aun con el ajuste de 5.000 millones de euros que supone ese 0,4%, el Gobierno plantea una última vía para reequilibrar las cuentas del Sistema, por el lado del aumento de los ingresos. De este modo, "en el supuesto de que las medidas adoptadas no sean suficientes para cubrir la desviación respecto de la previsión del nivel de gasto en 2050 el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta dirigida a incrementar el tipo de cotización". Y, al igual que ocurre con en el caso de la reducción de gasto, este incremento de los ingresos por la vía de las cotizaciones no podrá superar en cuantía el 0,4% del PIB es decir, otros 5.000 millones".
Solo el alza de empleo revertirá la medida
Al margen de las vías de escape que prevé el Ejecutivo para atajar el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social aun con los ingresos extraordinarios procedentes de la subida general de cotizaciones del 0,5% durante la próxima década para afrontar la jubilación del baby boom, el Gobierno también valora el escenario opuesto: que los ingresos por cotizaciones sean suficientes para cubrir el gasto contributivo en prestaciones.
En ese caso, en el que las previsiones de la Comisión Europea se mantengan estables de cara a 2050, lejos de aplicar el mecanismo de equidad intergeneracional con en todos sus posibles (reducción de gasto en pensiones en 0,4 puntos porcentuales de PIB y subida extra por valor de otro 0,4% en cotizaciones sociales), Moncloa prevé una suerte de revertimiento de la medida. De modo que se devolvería a pensionistas y trabajadores parte del esfuerzo realizado entre 2023 y 2032.
"Si el nivel de gasto no supera el umbral, no se aplicará ninguna medida. En tal caso, podrá valorarse en el seno del diálogo social para la elevación como propuesta al Pacto de Toledo la utilización de recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones", apunta el borrador de la medida elaborado por el Gobierno.
En este sentido, el desequilibrio presupuestario dependerá en buena parte del desempeño del mercado laboral. De modo que la cantidad de trabajadores que coticen a la Seguridad Social en los momentos de tensionamiento financiero y si el volumen de sus aportaciones es suficiente para sufragar las prestaciones de todos los beneficiarios en ese momento, determinará el nivel de desequilibrio y de necesidades de financiación del ente.
"Teniendo en cuenta esta dimensión intergeneracional del sistema público de pensiones y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo vinculadas al cambio demográfico, el nuevo mecanismo se como una herramienta contingente y temporal que actuará sobre el conjunto de parámetros, preservando el equilibrio entre generaciones y la sostenibilidad".
