Madrid. 
El Gobierno presentó este lunes una nueva propuesta a los agentes sociales para el mecanismo de equidad intergeneracional que prevé un reflotamiento de las arcas de la hucha de las pensiones que permita tener un remanente extra para el momento de mayor tensionamiento financiero de la Seguridad Social debido a la jubilación del baby boom. La el último texto eleva al 0,6% el incremento de las cotizaciones durante la década de aprovisionamiento del fondo de reserva entre 2023 y 2032, si bien establece una distribución: el 0,4% correrá a cargo de las empresas y el 0,2% por el trabajador.
Es decir, con esta nueva propuesta emitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre el mecanismo de equidad intergeneracional, se eleva en una décima la propuesta de aumento de cotizaciones respecto al primer planteamiento, si bien carga sobre el empresario el 66% del coste laboral total de la medida. En este sentido, los expertos consultados por elEconomista ya advierten que esta simple modificación empeora sensiblemente el escenario sobre el impacto que podría tener para la creación de empleo y el mercado laboral.
"Es un disparate mayor que la primera propuesta", apunta el economista e investigador, Javier Santacruz, sobre el trazo grueso de la nueva propuesta recordando que ahonda aún más si cabe en el incremento de los costes laborales para el empresario -toda vez que en la anterior proposición la subida recaía sobre el empleado- y lo que arriesga aún más la creación de empleo y por ende la senda de recuperación sujeta al aumento del empleo tras la crisis sanitaria. "Propone que las empresas asuman la mayor parte de la subida de las cotizaciones", advierte Santacruz.
Cabe recordar, que la anterior propuesta ya suscitó debate no tanto por el elemento impositivo sobre la renta de los trabajadores con el alza de cotizaciones previsto sino también por el propio alcance económico de la medida. Cabe recordar que los cálculos elaborados por el propio gabinete del ministro José Luis Escrivá estimaban un retorno anual de 1.700 millones de euros en ingresos extra por la vía de las cotizaciones, lo que supone unos 17.000 millones en el conjunto de la década. Pero aún así sería un exiguo colchón económico teniendo en cuenta que el coste de la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad aprobados por el PP suponen asumir una senda de gasto que ensanchará hasta los 60.000 millones de euros el déficit financiero de la Seguridad Social.
A examen en el diálogo social
En este punto, la nueva propuesta recibida por los agentes sociales en la ultima reunión celebrada este lunes deberá pasar a examen por los órganos internos tanto de la patronal como los sindicatos. Tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) valoran de forma "positiva" los cambios de posición del Gobierno respecto a la definición del mecanismo de equidad intergeneracional a través de una mejora de los ingresos, para sustituir al Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones actual.
Cabe recordar en este punto la estrechez de los plazos autoimpuesta para esta negociación. El nuevo mecanismo forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, aunque su concreción no se incluyó en el proyecto de ley a la espera de acordarla con los agentes sociales antes del 15 de noviembre, para lo que apenas queda una semana. La idea es introducir lo que se pacte vía enmienda.
Ambos sindicatos esperan que el Ejecutivo mejore su propuesta "en términos de suficiencia", sin que eso predetermine las negociaciones futuras en el seno del diálogo social, en caso de que fueran necesarias. UGT y CCOO aseguran que se seguirá trabajando sobre esta materia en los próximos días.
Por otro lado, ya ya semana pasada, la propuesta de elevar las cotizaciones provocó malestar dentro de la CEOE, ya que supone un nuevo incremento de los costes de las empresas, tras la anunciada subida del tipo mínimo del impuesto sobre Sociedades recogida en el proyecto presupuestario de 2022 y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras medidas adoptadas por el Gobierno que suponen un mayor gasto empresarial.
No obstante, la subida de las cotizaciones para el mecanismo de equidad empezaría a regir a partir de 2023, durante un periodo de diez años para engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros. Así, la CEOE asegura que debe "estudiar" la propuesta presentada por el Ejecutivo en la reunión de este lunes, que "se ha celebrado en un ambiente cordial".
Mientras, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones califican la reunión de este martes como "muy productiva" y confirman haber presentado "pequeñas modificaciones" acerca de la propuesta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional presentada la semana pasada, teniendo en cuenta "las aportaciones de los agentes sociales de los últimos días". La Seguridad Social sostiene que "se están realizando avances" y las conversaciones seguirán en los próximos días. Aunque no hay fecha de convocatoria, los sindicatos creen que la próxima reunión será antes del lunes 15, ya que ese día es la fecha límite.
