El primer paquete de medidas que se votará en el Congreso de los Diputados en los próximos día incluye, según los expertos de Mercer, tres aspectos que impactarán en el progresivo envejecimiento de las plantillas en las empresas: el endurecimiento de los coeficientes reductores del retiro anticipado, el premio de mejora de cuantía por retrasar la salida del empleo sobre la edad legal y la prohibición de la jubilación forzosa por convenio.
Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones es imprescindible. Con un envejecimiento de la población española que va aumentando la presión sobre los gastos de la Seguridad Social y el fuerte impacto de la crisis económica sobre el mercado laboral, que ha reducido de forma muy significativa los ingresos, ha llevado a que el Gobierno acelere la reforma de pensiones.
Así, el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones fijará un nuevo marco estable de revalorización de las pensiones. En este sentido, "las edades de jubilación anticipadas no se tocan", explica Antonio Méndez, abogado experto en previsión social y fiscalidad de Mercer. "Lo que sí veremos son cambios en la cuantificación, en la forma de determinar el importe de la prestación", apuntaba durante la presentación de La reforma de pensiones: su impacto en empresas y empleados.
Un aspecto destacado respecto a la jubilación anticipada voluntaria, es que "a partir del 1 de enero del 2021 y hasta 2034, a aquellas personas que les sale un cálculo mayor que la pensión máxima, no se les reducirá el 0,5% por trimestre si no unos coeficientes reductores", explica Méndez. Los coeficientes pasan a ser mensuales y se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora. Además, para ambos tipos de jubilación (tanto por voluntad del trabajador como por causa no imputable a él) "estos coeficientes reductores serán más potentes cuanto más distante esté la fecha de jubilación". De esta manera, los empleados topados a máximas en acceso voluntario verán reducidos sus ingresos.
Se incentivará el retraso de la jubilación con un incremento del 4% por año
Asimismo, se llevará a cabo un incentivo al retraso de la jubilación con un incremento del 4% por año de retraso en vez de un 2% como hasta ahora, lo que supondrá para las empresas el envejecimiento de la plantilla. Respecto a este aspecto, desde Mercer apuestan por implementar nuevas formas de trabajo para empleados seniors como desvinculaciones o planes de carrera.
Sobre la jubilación forzosa, el proyecto de ley establece que los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años.
Fomento del ahorro
En cuanto al anteproyecto de ley reguladora de los planes de pensiones de empleo, que responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y que podría estar aprobada en el primer semestre de 2022, facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones.
Este creará un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado. De esta forma, las gestoras y depositarias de los planes serán seleccionadas mediante concurso público. Además, se potenciará la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios y favorece que los acuerdos sectoriales se extiendan a todas las empresas del mismo ámbito.
"El trabajador puede aportar un máximo de 5.750 euros a un plan de empleo (incluida retribución flexible) siempre que no haga aportaciones a uno individual y siempre que la empresa le aporte 4.250 euros", explican desde Mercer.
Entre las medidas recomendadas a llevar a cabo destacan implementar sistemas de ahorro para empleados eficientes (a través de retribución flexible), ofrecer talleres de educación financiera a los empleados, así como contratar pólizas con políticas de inversión mas arriesgadas a largo plazo.
