Madrid
Modernizar nuestro sistema de pensiones siempre fue una de mis prioridades desde que fui nombrado ministro. Así lo indiqué en mi primera comparecencia parlamentaria allá por febrero de 2020, en la que presenté las líneas generales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras la fallida reforma de 2013, nuestro país necesitaba, en primer lugar, un marco estable que devolviera la certidumbre a nuestros pensionistas, actuales y futuros. Y, en segundo lugar, dotar al sistema de nuevas herramientas para reforzar su sostenibilidad de cara a los retos que afrontará en las próximas décadas.
Hacer simultáneamente las dos cosas era imprescindible. Y así lo apreciaron afortunadamente nuestros representantes políticos de forma consensuada en el contexto del Pacto de Toledo. La renovación de sus recomendaciones hace poco más de un año, tras una década sin consenso, nos marcó una clara hoja de ruta. Entendimos que poner en marcha estas recomendaciones era un proyecto de país, y por eso decidimos incluir las medidas de modernización del sistema de pensiones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con las autoridades europeas, porque se trata de un elemento vertebral en el proceso de transformación estructural de nuestra economía.
Hoy el primer bloque de esa reforma de pensiones está culminando su tramitación parlamentaria y será una realidad en muy poco tiempo. Los pensionistas ya notarán su efecto el próximo 1 de enero cuando verán cómo sus pensiones por fin vuelven a actualizarse con una fórmula estable, sencilla y transparente, acordada con empresarios y sindicatos, y perfectamente alineada con la recomendación que nos trasladó el Pacto de Toledo, que mantiene, a diferencia del modelo anterior, el poder adquisitivo de las pensiones, garantizado por ley y para siempre.
Esta medida es crucial para devolver la seguridad a nuestros pensionistas y futuros pensionistas, pero el desasosiego de la ciudadanía respecto del sistema de pensiones tenía también otras causas. Entre ellas, las noticias casi diarias sobre el déficit de la Seguridad Social, que generaban una injusta intranquilidad en la ciudadanía, preocupada por una supuesta quiebra inminente del sistema que muchos titulares vaticinan desde hace años, e incluso décadas. Como hemos recordado muchas veces, y como acertadamente y de forma consensuada se reconoció en el Pacto de Toledo, en el pasado se han sobrecargado los presupuestos de la Seguridad Social de políticas de diferente naturaleza que deberían tener fuentes de financiación separadas de las del sistema contributivo de pensiones. Es esta sobrecarga lo que explica la emergencia de déficits contables en las cuentas de la Seguridad Social en estos años. Y por eso existe un consenso en torno a que esos gastos no contributivos de la Seguridad Social sean asumidos por el Estado.
Así, la reforma incluye el compromiso del Estado de asumir los gastos no contributivos de la Seguridad Social, de forma que sus cuentas reflejen la situación financiera real del sistema, que cuando culmine este proceso, será de equilibrio. Durante décadas, distintos gobiernos han ido sobrecargando a la Seguridad Social con todo tipo de gastos, perfectamente legítimos en sus fines, pero que no deberían financiarse con cotizaciones sociales. La reforma pone fin a este modelo y establece no sólo la asunción por parte del Estado de estos gastos impropios sino también la garantía de que no se va a volver al modelo anterior, asegurando que las cotizaciones se reserven para sostener el sistema contributivo de pensiones.
Tener unas pensiones suficientes, con el poder adquisitivo asegurado y dentro de un sistema en equilibrio es fundamental para eliminar la incertidumbre que viven muchos de nuestros pensionistas. Pero también lo es preparar a nuestro sistema para el reto demográfico que abordará en las próximas décadas, entre 2030 y 2050, cuando llegarán a la edad de jubilación generaciones muy numerosas.
Para ello, esta reforma introduce medidas de calado con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema y dotarle de palancas para afrontar este reto. En primer lugar, incluye un amplio abanico de incentivos para alinear la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria. A diferencia de lo que dicen muchos expertos, creo firmemente que tenemos una edad de jubilación adecuada (llegará a 67 años en 2027, en el rango alto de los países del entorno con sistemas de pensiones similares al nuestro) y que no necesitamos modificar. Pero en lo que sí tenemos un margen sustancial de mejora es en lograr aumentar las tasas participación laboral en las edades cercanas a la de jubilación de tal manera que la edad efectiva de acceso a la jubilación se acerque a esa edad ordinaria fijada por ley. Para ello, en esta reforma mejoramos los incentivos a la jubilación demorada, una posibilidad poco explorada hasta ahora y que contaba con instrumentos no lo suficientemente atractivos y desconocidos para la mayor parte de las personas que acceden a la jubilación. Además, también modificamos el sistema de coeficientes correctores de la jubilación anticipada, haciéndolo más flexible con el objetivo de que aquellos trabajadores que retrasen su acceso a la jubilación, aunque sea unos meses, se beneficien por hacerlo. Y también eliminando los elementos regresivos que aún conservaba el sistema, que apenas desincentivaba la jubilación anticipada de aquellos con rentas (y, por tanto, pensiones) más altas. Por último, se limita la posibilidad de incluir cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, con las que se obligaba a muchos futuros pensionistas de jubilarse no cuando ellos deseaban, sino cuando se le imponía su regulación sectorial.
De acuerdo con nuestros cálculos, el alineamiento de la edad efectiva con la edad legal es la medida con un mayor impacto en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por eso hemos dedicado tanto esfuerzo en este primer bloque de medidas en asegurarnos que esta batería de medidas logre ese objetivo. No nos conformamos sólo con ello, sino que también hemos incluido un elemento adicional de garantía de la sostenibilidad del sistema: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad, que nunca fue aplicado, y que reducía de forma brusca las pensiones de los que hoy son más jóvenes. El nuevo mecanismo se concibe como una válvula de seguridad del sistema, que rellena la hucha de las pensiones durante una década para que el sistema tenga una cierta holgura en los años en los que estará más tensionado por la llegada de generaciones más pobladas, y que prevé la activación de medidas en el caso de que haya una desviación en las previsiones de gasto en pensiones. Además, en este primer bloque de la reforma también se incluyen medidas con el objetivo de equiparar el acceso a las pensiones de viudedad a los miembros de parejas de hecho, o la puesta en marcha de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.
Pero la modernización del sistema de pensiones no se acaba en este primer bloque, y estamos ya trabajando en el segundo, que deberá estar concluido en 2022. En primer lugar, y también respondiendo a una petición del Pacto de Toledo, estamos impulsando el segundo pilar del sistema, promoviendo desde el sector público los planes colectivos y mejorando la normativa para que estos se extiendan a buena parte de la población a través de la negociación colectiva. Esta reforma estará muy próximamente en el Parlamento, de cara a su aprobación en la primera mitad del año.
También impulsaremos en los próximos meses otra medida de gran importancia, la reforma del régimen de trabajadores autónomos para que sus cotizaciones estén vinculadas a sus ingresos reales. Es una reforma compleja, pero fundamental, que permitirá a los autónomos protegerse con cuotas más bajas que las actuales en caso de que sus ingresos sean bajos, que estas cotizaciones se adapten a su realidad económica, y, sobre todo, que mejore la acción protectora de la Seguridad Social en este colectivo.
Finalmente, completaremos nuestra reforma integral con un último bloque de medidas que tienen como objetivo mejorar la equidad y contributividad de nuestro sistema, como son el incremento de las bases máximas de cotización acompañado de un incremento igual de la pensión máxima, y la adecuación del periodo del cómputo a las nuevas realidades laborales, de forma que, a diferencia de lo que sucede ahora, los trabajadores que pierden su trabajo al final de su vida laboral no se vean fuertemente penalizados también en sus pensiones.
Ponemos en marcha, en definitiva, una reforma integral de nuestro sistema, en el que se garantiza la suficiencia y el poder adquisitivo de las pensiones, pero que también será más justo, sostenible y adaptado a nuestra realidad económica, y que responde con nitidez y contundencia a los retos del futuro
