El Ministerio de Economía ha abierto a consulta pública previa la Circular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones relativa a las hipótesis técnicas a utilizar para el cálculo de las previsiones de pensión de las que se debe informar a los partícipes de los planes de pensiones de empleo.
El incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,6 por ciento no es un acuerdo, no es una expresión del diálogo social. Se hace sin consenso y con la oposición de la patronal. Es, sencillamente un impuesto más al empleo. La excusa es volver a dotar de recursos al Fondo de Reserva. Pero, en realidad, esa medida solo supondrá 1.700 millones al año. Una cantidad que frente al déficit de la Seguridad Social, de 50.000 millones para 2022, parece una broma. Y mucho más frente al déficit estructural. Lo que no es tan graciosos es cómo influirá negativamente –todavía más- en el empleo juvenil y en la capacidad del país para generar empleo y mantener el que existe. Para dar una idea de lo que esto supone en términos de beneficios, debe decirse que si no se gastara ni un solo euro de esta cotización adicional, ni uno solo, harían falta más de 40 años para llegar a los 67.000 millones que el Fondo tenía en 2011. Mientras tanto, las trabas al empleo, el aumento de los costes salariales y los impuestos al empleo habrán destrozado el sistema. Es exactamente como vender el coche para comprar gasolina.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que su objetivo es, a la hora de cumplir con el destope de la base máxima de cotización comprometida con Bruselas en la segunda pata de la reforma de pensiones, el de "mantener estrictamente" la contributividad respecto a la pensión máxima.
Para muchos trabajadores, el objetivo detrás de una vida laboral es conseguir una pensión de jubilación con la que seguir adelante cuando decidan retirarse. El primer hito es tener derecho a la pensión mínima, para lo cual hay que cumplir con una serie de requisitos. Esto es válido para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social y también para los autónomos.
La reforma de las pensiones que ha diseñado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dado a luz su primera pata, aquella que afecta a la modificación de la jubilación anticipada (además de la revalorización de las pensiones por el IPC, la jubilación demorada o la jubilación forzosa), dando lugar a nuevas reducciones de las pensiones de los jubilados que anticipan su retiro profesional.
La subida de 0,6 puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes entre 2023 y 2032 aprobada ayer por el Gobierno con el acuerdo de los sindicatos ingresará a la "hucha de las pensiones" "cerca de 50.000 millones" cuando se culmine el plan que ha rechazado la patronal.
Fumata negra en el día límite que se había autoimpuesto el Gobierno para acordar con los agentes sociales los términos del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, con el que se pretende rellenar la hucha de las pensiones para afrontar la jubilación del baby boom a partir de la próxima década y contener un déficit presupuestario que AIReF cifra en más de 50.000 millones de euros en 2050. Finalmente, los empresarios representados por CEOE y Cepyme rechazaron este lunes de pleno la propuesta que supondrá una subida de costes laborales, de los que el 66% correrán a cargo de los empleadores.
El servicio militar obligatorio, la 'mili', fue eliminado en España en 2001, lo que acabó con una obligación que ató a muchos españoles que tuvieron que cumplir con ella a lo largo de varias décadas y generaciones. Estos trabajadores, sin embargo, pueden obtener de ese periodo un beneficio en el acceso a su pensión de jubilación si lo hacen de forma anticipada.
Cuando llega el momento de jubilarse, es procedente hacer recuento de los años cotizados con el objetivo de cumplir con los requisitos de cotización y, si es el caso de una jubilación anticipada, ver si se cumplen los requisitos para ella.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúne este lunes a partir de las 11:00 horas con sindicatos y empresarios para intentar cerrar con acuerdo el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones tras su última propuesta de elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante diez años para afrontar las futuras tensiones de gasto del sistema.
El mes de noviembre es muy importante para la gran mayoría de los pensionistas, ya que llegará con un aliciente anticipado: la denominada 'paga extra' navideña, que junto a la de verano, en el mes de junio, son las dos más cuantiosas y esperadas de todo el año para este colectivo.
El eventual incremento del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión que acordó el Gobierno con Bruselas como parte del paquete de medidas a implementar el campo de la Seguridad Social, y que serán necesarias para recibir esos fondos europeos para la reconstrucción, tiene un impacto altamente dispar en función de las características de las diferentes carreras laborales. Así, ante un incremento de 25 a 35 años cotizados para calcular la base reguladora la disminución de la pensión no sería similar para una renta alta, que perdería unos 3.450 euros de media al año, que para una renta más exigua, donde la reducción de cara a las nuevas prestaciones de jubilación oscilaría entre los 641 euros y los 2.025 euros anuales.
El incremento del periodo considerado para el cálculo de las pensiones tendrá, cuando se lleve a cabo, un impacto especialmente importante en las llamadas rentas altas (con sueldos a partir de 50.000 euros anuales).
Todavía estábamos digiriendo en la industria de gestión de activos la decisión de rebajar el incentivo fiscal a los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros al año, cuando se ha llegado a plantear volver a rebajar el incentivo de 2.000 a 1.500 euros a partir de 2022. Adicionalmente en los últimos días el Ministerio se ha descolgado con el borrador de un nuevo Anteproyecto de Ley en el que propone la creación de dos nuevos instrumentos con los que fomentar el segundo pilar, el plan de empleo de promoción pública y el plan simplificado, en vez del macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada con el que se estaba trabajando inicialmente.
La Comisión Europea pone coto a la confianza del Gobierno en que una mejora de la ocupación en España en las próximas décadas sea suficiente fuente ingresos para afrontar los desequilibrios financieros de la Seguridad Social derivados de la jubilación de la cohorte del baby boom. De este modo, en el mayor momento de tensionamiento financiero del Sistema para el año 2050, el mercado laboral español contará con 2,1 millones de trabajadores menos que en el momento actual, una merma que se ve acrecentada por el envejecimiento de la población y la baja tasa de reposición de la población en edad de trabajar que acentúa el menguante número de nacimientos en nuestro país.
Las próximas jubilaciones de la generación del baby-boom plantean un reto de primer orden ante el cual la respuesta del Gobierno se limita a elevar ingresos, mediante un alza de cotizaciones.
La reforma de las pensiones que lleva a cabo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abordará el aumento de los años cotizados que se tienen en cuenta para elaborar el cálculo de la pensión de jubilación. La medida, que aún tiene un largo debate con los agentes sociales por delante, ha sido exigida por la Comisión Europea como una condición indispensable para obtener los fondos europeos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno se muestra incapaz de defender la ampliación del periodo para calcular la cuantía de las pensiones que ha pactado con Bruselas.
Las pensiones de incapacidad permanente son unas de las más frecuentes en España. De las más de 9,8 millones que abona mensualmente la Seguridad Social, unas 950.000 son de este tipo. Una de cada diez personas que cobran pensiones son de incapacidad permanente, solo por detrás de las de jubilación y viudedad. Por eso, el sistema vigila que los requisitos para cobrarlas se cumplan en todo momento. De lo contrario, se puede perder el derecho a cobrar y a ostentar esa incapacidad permanente.
Lo habitual cuando hablamos de pensiones es pensar en jubilarnos con una pensión cuando llegue el momento de nuestro retiro profesional, pero existen algunos casos en los que los trabajadores, si cumplen con los requisitos necesarios, pueden cobrar dos pensiones diferentes de jubilación a la vez.
La Comisión Europea ha puesto cifras a los compromisos adoptados hace ahora un año por el Gobierno como parte del plan de reformas a acometer en los próximos meses, y que será la contraparte para poder recibir los casi 70.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido con cargo al programa de reconstrucción para hacer frente a los estragos de la pandemia. Con el último calendario ya firmado por el comisario de Economía del organismo comunitario, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nuestro país tendrá que acelerar ciertos puntos de la reforma de pensiones en el primer y segundo semestre de 2022 para poder acceder a la mayor parte de los fondos. Entre ellos: el aumento de los años cotizados para el periodo de cálculo de la pensión, la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional, la activación del fondo público de pensiones, la reforma del sistema de cotización de autónomos o la senda de subida de las bases máximas de cotización.
Apenas pasó una semana desde que el Gobierno hizo su propuesta para afrontar el gran reto del sistema de pensiones: las jubilaciones de la generación del baby-boom.
Tener una buena pensión con la que llegar a la jubilación es una preocupación que no solo han de abordar los trabajadores por cuenta ajena, sino que también es extensible a los autónomos. Aunque estos trabajadores por cuenta propia tienen que obedecer a alguna que otra particularidad.
Al igual que los trabajadores con sus salarios, muchos pensionistas reciben el importe anual de sus pensiones en 14 pagas. Así, tras recibir en junio la conocida como 'paga de verano', en unas semanas estos ciudadanos cobrarán la que se nombra como 'paga de Navidad'.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado este martes su rechazo a la propuesta a la subida de las cotizaciones que el Gobierno ha llevado a la mesa de negociación con sindicatos y patronal para la reforma del sistema de pensiones.
Más hace unos años cuando por diversas circunstancias sociales había más población que a lo largo de su vida o bien no había trabajado o bien lo había hecho 'en negro', si por ley no se han alcanzado los 15 años cotizados no se tiene derecho a una pensión contributiva. Es el caso de las pensiones no contributivas, una modalidad de menor cuantía pero que trata de solventar las capacidades económicas más básicas.
Antes de alcanzar una jubilación existen ciertas formas de dejar de trabajar bien de forma natural o bien precedido por un incidente. Entre las más recurrentes la incapacidad permanente, que inhabilita al trabajador para desarrollar una profesión, existen casos donde no es la persona en cuestión quien la solicita si no que puede llegar por la consideración de la Seguridad Social por su cuenta.
