De nuevo el Gobierno toma una importante decisión que afecta al mercado de trabajo sin contar con el apoyo de CEOE. En septiembre el rechazo de la patronal no impidió que volviera a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Ahora será el incremento de cotizaciones sociales del 0,6%, vigente durante diez años a partir de 2023 para nutrir el Fondo de Reserva, el que pasará por encima de la oposición de los empresarios. Es cierto que el diálogo social no se rompió tras el verano, tras el avance del SMI, y tampoco se planteará ahora ese escenario. De hecho, en CEOE dejan clara su disposición a seguir negociando los demás capítulos de la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, pese a su disconformidad con el alza de cotizaciones.
Sin duda, la patronal se esfuerza por preservar un foro de diálogo en el que el consenso con el Gobierno y los sindicatos había sido la norma durante la mayor parte de la crisis actual. Es claro que CEOE evita el conflicto, pero eso no significa que deba renunciar a hacer valer sus posiciones con un mensaje más contundente. Tiene a su favor las opiniones de los expertos que prevén una ínfima recaudación derivada de la futura subida de cotizaciones, mientras avisan del daño que sufrirán las empresas y la creación de empleo. Todavía más importante es la insistencia de la UE en que todos los cambios de calado que afecten al mercado laboral se hagan por consenso, lo que necesariamente demanda el placet de CEOE.
Por segunda vez una medida de gran calado para el mercado laboral saldrá adelante sin el apoyo de los empresarios
Pero, sobre todo, resulta urgente acabar con el pernicioso precedente que representan los acuerdos que excluyen a la patronal, máxime cuando aún hay negociaciones pendientes tan importantes como la que afecta a los nuevos Ertes o a los cambios en la reforma laboral de 2012.
