Madrid. 
Con el rechazo de pleno de la patronal al alza de cotizaciones sociales destinada a nutrir la hucha de las pensiones para afrontar los años en que el déficit de la Seguridad Social desborde azuzado por las jubilaciones de la cohorte del baby boom, el Gobierno afronta la culminación del segundo acuerdo trascendental en cuestión de meses que no contará con el apoyo de los empresarios. Así, tras la subida del SMI pactada recientemente, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que prevé un incremento de cotizaciones del 0,6% que solo queda suscrito por los sindicatos y el Ejecutivo, que ya alcanzaron un consenso en la tarde del lunes, al margen de la patronal.
Cabe recordar que este pasado lunes 15 de noviembre se cumplía el plazo autoimpuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo sobre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que será incluido en forma de enmienda en el proyecto de reforma del sistema público de pensiones, cuyo primer paquete de medidas ya está en el Congreso a la espera de ver luz verde antes de final de año.
El Gobierno solo contará de este modo con el apoyo de los sindicatos en la firma del texto. Ello, a pesar de haber mantenido el gabinete de José Luis Escrivá una aspecto relevante de la medida: ante un escenario de desequilibrio presupuestario persistente a partir de 2032, el Gobierno se guarda la posibilidad de elevar las cotizaciones sociales por valor de 5.000 millones de euros más (al margen de la subida del 0,6% a partir de 2023) o se preveía un ajuste del gasto en pensiones sobre PIB de similar cuantía, unos 0,4 puntos porcentuales del PIB.
Fuentes del Ejecutivo aseguraban ya tras el plantón empresarial que se esperaba sacar adelante el acuerdo para cumplir así con el plazo establecido. Sin embargo, dicho acuerdo no cuenta con el concurso de la patronal, una petición expresa de la Comisión Europea hacia nuestro Gobierno durante la reciente visita del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a nuestro país en referencia a las dos negociaciones en curso, cruciales para poder recibir los fondos europeos: la laboral y la de pensiones.
En este sentido, fuentes cercanas a la negociación aseguran a elEconomista que los empresarios seguirán negociando con los ministerios competentes la reforma del sistema público de pensiones en el resto de aspectos. Concretamente, confirman que seguirán presentes para acordar los puntos del segundo paquete de medidas de la reforma que se deberá de acordar en su mayor medida antes de junio de 2022. Y simplemente aseguran estas fuentes que el descuelgue de la patronal se da en el texto que se refiere al alza de cotizaciones del 0,6% para el rellenar la hucha de las pensiones (de la que la empresa costeará el 0,5% mientras que el trabajador asumirá el 0,1% restante). Es decir, supone cargar al empleado el 83% de la subida de costes laborales.
Critican al respecto desde la patronal, que este movimiento de elevar la contribución de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social abre una puerta a futuros incrementos ya sea por la vía de cotizaciones o por la vía impositiva para cauterizar la brecha entre ingresos y gastos del Sistema. Cabe recordar que según las previsiones de AIReF, la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad supondrán caer en una senda de gasto ascendente que podría llevar el déficit anual hasta los 60.000 millones de euros en 2050. Sin embargo, según las estimaciones de los expertos, la recaudación extra que lograría el Gobierno con este aumento de cotizaciones sería de escasos 2.000 millones de euros al año, que en el periodo prevista de aprovisionamiento entre 2023 y 2032, sumarían un montante de 20.000 millones de euros que se depositaría en el fondo de reserva de las pensiones junto a los cerca de 2.100 millones de colchón aún restantes.
Es precisamente esta concatenación de incrementos en las cotizaciones que han hecho poner pie en pared a los representantes de los empresarios. Recuerdan al respecto que este pasado mes, sin ir más lejos, se fijó en los Presupuestos Generales del Estado un alza de las bases máximas de cotización del 1,7% en consonancia con el avance de precios y el incremento de las bases mínimas sustanciado con la subida de SMI reciente. Y también que una de las exigencias de Unidas Podemos al Ejecutivo es que se lleve a cabo el destope de las bases máximas. Una medida que los expertos señalan de contraproducente en el medio plazo, pues implicaría al igual que en los ingresos, una subida del gasto en prestaciones.
