Economía

Los empresarios rechazan la subida de cotizaciones sociales para pagar pensiones que plantea Escrivá

  • Los sindicatos abren la puerta al acuerdo para el alza, aun sin la patronal
  • Los empleadores aseguran que la medida dañará el nivel de contratación
El presidente del CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Fuente: EP.
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Fumata negra en el día límite que se había autoimpuesto el Gobierno para acordar con los agentes sociales los términos del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, con el que se pretende rellenar la hucha de las pensiones para afrontar la jubilación del baby boom a partir de la próxima década y contener un déficit presupuestario que AIReF cifra en más de 50.000 millones de euros en 2050. Finalmente, los empresarios representados por CEOE y Cepyme rechazaron este lunes de pleno la propuesta que supondrá una subida de costes laborales, de los que el 66% correrán a cargo de los empleadores.

Por su parte, los sindicatos valoran positivamente el planteamiento del Ejecutivo que prevé un reparto de la subida general de la cotización en un 0,6%, pero que incluye un reparto del 0,4% para el empresario y del 0,2% para el empleado. Además, en su última propuesta el Gobierno entierra la idea de un ajuste de las prestaciones a partir de 2032 si no se logra contener el desequilibrio presupuestario o una nueva subida extra de cotizaciones a empresas y trabajadores, como plan B.

"El Comité Ejecutivo de CEOE rechaza la propuesta del Gobierno en relación con el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad", defiende la patronal en un comunicado tras la reunión definitiva que debería haber zanjado un texto para el nuevo instrumento, que deberá de ser incluido en el acuerdo de la primera pata de la reforma en forma de enmienda.

De este modo, la negativa de la CEOE despeja el camino para un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, que sí han apoyado un futuro incremento de las cotizaciones para afrontar el gasto que supondrá el pago de pensiones a los baby boomers. Fuentes del Gobierno indican que se va a intentar este acuerdo, que podría producirse esta misma tarde, cumpliendo así el plazo estipulado, que marcaba el 15 de noviembre como fecha tope para definir el mecanismo de equidad. Si bien, aun con el plazo cumplido, este compromiso perderá fuerza sin el concurso de los empresarios, parte fundamental en el impacto de la medida, al elevar los costes.

De hecho, fuentes sindicales confirman que esta misma tarde mantendrán contactos con el Gobierno para "reajustar" la propuesta que se les presentó en la mesa de negociación, consistente en una subida de cuotas del 0,6% durante diez años. Según dicha propuesta, de ese alza del 0,6% planteada por el Ejecutivo, un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. La subida de las cotizaciones para el mecanismo de equidad empezaría a regir a partir de 2023 con el objetivo de engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros, y poder así hacer frente a los gastos futuros.

Daño colateral al empleo

"Hoy hemos dicho 'no' a subir las cotizaciones sociales como pretende el Gobierno. No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, además de subida de luz, de carburantes, de costes laborales, etc. La vaca ya no da más leche", asegura del mismo modo el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de Twitter.

CEOE y Cepyme advierten de que aumentar las cotizaciones sociales y "hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas" tiene efectos negativos sobre el empleo y "va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones". "El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones", apuntan. Además, consideran que la propuesta del Ejecutivo tiene "poco de intergeneracional", ya que, a su entender, "carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes". "No es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas", concluyen.

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