El incremento del periodo considerado para el cálculo de las pensiones tendrá, cuando se lleve a cabo, un impacto especialmente importante en las llamadas rentas altas (con sueldos a partir de 50.000 euros anuales).
Un incremento de ese plazo desde los 25 años actuales a 35 supondría para esos contribuyentes una reducción de sus prestaciones de casi 3.500 euros en cada ejercicio. Puede argumentarse, frente a esos números, que se trata de un daño inevitable para racionalizar el volumen de gasto de la Seguridad Social antes de que lleguen las tensiones que supondrán las jubilaciones de la generación del baby-boom. De hecho, la propia Comisión Europea demanda decisiones de este tipo como condición para liberar el grueso de las ayudas europeas Next Generation, aunque el Gobierno se empecine en disimularlo. Ante esta realidad, resulta obvio que las rentas altas no podrán quedar al margen de esas nuevas medidas. Y, desde luego, nadie podrá acusarlas de insolidarias. Muy al contrario, el problema estriba en que la ampliación de años en el cómputo de la pensión será sólo un capítulo más en una sucesión de esfuerzos exigidos a estos trabajadores desde hace años, sin que hayan recibido compensaciones siquiera aproximadas en la cuantía de sus futuras pensiones.
El alargamiento del periodo de cálculo de la pensión será otro capítulo de la penalización continua a estos contribuyentes
Ése es el resumen de la constante alza de las bases máximas de cotización desde 2013, que se repetirá el año próximo, y que además se agravará a partir de 2023, si el Gobierno lleva a cabo su proyecto de elevar los impuestos al trabajo un 0,6% durante diez años. La penalización fiscal por sistema de los sueldos más altos constituye una estrategia profundamente errónea, que aleja el talento de los puestos directivos de nuestras empresas.