La Comisión Europea ha puesto cifras a los compromisos adoptados hace ahora un año por el Gobierno como parte del plan de reformas a acometer en los próximos meses, y que será la contraparte para poder recibir los casi 70.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido con cargo al programa de reconstrucción para hacer frente a los estragos de la pandemia. Con el último calendario ya firmado por el comisario de Economía del organismo comunitario, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nuestro país tendrá que acelerar ciertos puntos de la reforma de pensiones en el primer y segundo semestre de 2022 para poder acceder a la mayor parte de los fondos. Entre ellos: el aumento de los años cotizados para el periodo de cálculo de la pensión, la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional, la activación del fondo público de pensiones, la reforma del sistema de cotización de autónomos o la senda de subida de las bases máximas de cotización.
Concretamente, el último compromiso de calendario recoge nítidamente que el Gobierno llevará a cabo, entre otras actuaciones, la "entrada en vigor de la legislación para la ampliación del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". Ya a principios de 2021, cuando se fijaron los compromisos del Gobierno con Bruselas, esta medida levantó polvareda en el propio seno del Ejecutivo ya que en una primera propuesta que después fue enterrada por el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá, hablaba de elevar este periodo de 25 años a los últimos 35 años cotizados. De media, esta ampliación del cálculo implicaría recortes de la pensión inicial de un 8,6% para el conjunto de los asalariados y de hasta el 10% en el caso de los autónomos.
No en vano, el gabinete capitaneado por José Luis Escrivá, ha aclarado sobre este punto que para mitigar el impacto negativo que pueda tener sobre los nuevos pensionistas el aumento del periodo de cálculo, el Gobierno llevará paralelamente a término tanto la cobertura de las denominadas lagunas de cotización, como valorar la opción de que los recién jubilados elijan esos 35 mejores años de entre toda su vida laboral.
Más allá, este elemento será negociado como parte de la segunda pata de la reforma de pensiones en el segundo semestre de 2022. Si bien, los hitos que se cumplan para esa segunda mitad de año será la contrapartida para recibir unos 10.000 millones de euros a comienzos de 2023. Para entonces deberá estar sustanciado también el acuerdo con la patronal y sindicatos para la senda de subida de las bases máximas de cotización. Un proceso de destope paulatino para lo que el Gobierno también estudiará al mismo tiempo una senda de subida de la pensión máxima de jubilación, actualmente en los 2.707 euros mensuales. Todo ello, con el objetivo de no socavar la contributividad del Sistema.
Justo antes de este momento, otros 6.000 millones de euros que quedan sujetos a la aprobación de dos puntos cruciales: la activación del fondo público de pensiones y la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
El primero de los puntos parece ya adelantado en el marco de la mesa de diálogo social. Recientemente, el Ejecutivo trasladó a patronal y sindicatos una propuesta para reglamentar el fondo público de pensiones con el que se pretende incentivar la contratación de planes de empleo entre los trabajadores de nuestro país. Además, el compromiso del Ejecutivo en la primera toma de contacto con las autoridades comunitarias sobre los componentes de reforma que desplegará España para optar a los fondos de reconstrucción Next Generation, fue que ya para antes de finalizar 2021 tendría que estar aprobado el proyecto de ley con el reglamento del nuevo vehículo de ahorro.
Aquí, los agentes sociales aseguran que el borrador del proyecto de ley deberá ser ajustado en las próximas semanas antes de su aprobación final para mejorar el funcionamiento planteado por Moncloa. Afirma desde la patronal y los sindicatos que la rigidez en la gobernanza y los costes de gestión podrían dejar sin atractivo los planes promocionados desde el sector público.
Reforma de autónomos
En este sentido, la batalla para recibir los 6.000 millones de euros correspondientes al tercer pago trimestral, y que se añadirían a los 31.000 millones recibidos hasta ese momento (incluyendo los 9.000 millones adelantados por Bruselas), se dará en lograr un acuerdo con las entidades representantes de los trabajadores autónomos para reformar el Reta e introducir la cotización por ingresos reales para el colectivo.
Fuentes oficiales aseguran a elEconomista que las conversaciones para desarrollar este punto se encuentran ya avanzadas, toda vez que ya antes de verano el Ejecutivo trasladó a los agentes sociales una propuesta con 13 tramos de cotización al estilo IRPF de los asalariados, y con la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones espera reducir la cuota mensual que abonan cerca de 2 millones de trabajadores, y que por otro lado implicaría el aumento de los pagos al Reta para otros 700.000 autónomos de nuestro país.
Los autónomos puedan realizar el ajuste de sus aportaciones al final de cada ejercicio
En este momento, el Gobierno tiene el compromiso de aquilatar lo antes posible el nuevo modelo de cotización que pretende ajustar las aportaciones de los trabajadores. Uno de los elementos significativos que incluirá la propuesta será la posibilidad de cambiar de tramo a lo largo del año, según la previsión de rendimientos netos.
Además, se espera que los autónomos puedan realizar el ajuste de sus aportaciones al final de cada ejercicio, de modo que si la cotización se queda por debajo de los ingresos se deberá de hacer un saldaje de los pagos pendientes, mientras que si las aportaciones superan el nivel correspondiente, estos recibirán la diferencia o podrán dejarla como mejora de cotización.
