Economía

El aumento de años para calcular la pensión 'dinamita' el Pacto de Toledo

  • El PP asegura que Escrivá se sobrepasa en la propuesta y pide su comparecencia
  • Partidos cercanos al Ejecutivo rechazan la medida que llevaría a ajustes
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio. Fuente: EP.
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El incremento del periodo de años cotizados para calcular la pensión firmado con Bruselas como parte de las medidas que se incluirán en la reforma de pensiones ha provocado el rechazo instantáneo tanto de los sindicatos como de los propios partidos políticos representados en la comisión del Pacto de Toledo: "Esa medida no está incluida en las recomendaciones. Los acuerdos del Pacto de Toledo no sostienen la propuesta del ministro José Luis Escrivá para incrementar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión, que además apuntan a un nuevo cambio de versión del Ejecutivo respecto a comienzos de año, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que tal punto no había sido remitido a Bruselas como parte de la reforma.

En el documento final enviado a Bruselas con el contenido de los 30 componentes que enarbolan el paquete de reformas sí que se incluía esta medida como parte de las modificaciones que se llevarían a cabo en materia de pensiones y de Seguridad Social. Sin embargo, no se aclaraba en qué términos se daría la ampliación del periodo de cálculo, si bien reconocían que el impacto negativo que tendría para las nuevas jubilaciones sería mitigado en cierta medida con la cobertura de las denominadas como lagunas de cotización. Ahora, el Gobierno podría tener problemas incluso para embridar la medida con sus socios, toda vez que la propuesta no ha caído con buen agrado entre las filas de Unidas Podemos y ERC.

"Se ha de tener en cuenta que el efecto medio de calcular la pensión sobre un determinado periodo de referencia no es uniforme en las cuantías de las pensiones, pues depende de las características concretas de cada carrera de cotización" apunta Moncloa en el documento enviado a Europa, añadiendo al respecto de la medida que "se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más atípicas por fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad".

De este modo, el Gobierno sí emitió esta línea de actuación, aunque ahora la Comisión Europea, en el acuerdo firmado esta semana con el Gobierno, le pone precio a dicho punto de la reforma. Ya que deberá estar aprobado antes de finales de 2022 para poder acceder al tramo de 10.000 millones que llegaría en los primeros meses de 2023.

Aquí se encuentra el centro de la polémica suscitada en las últimas horas, ya que aparece el compromiso nítido de ampliación con acuse de recibo por parte de Bruselas. Desde el PP, Cuca Gamarra acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar los recortes de las pensiones a los españoles" y exige que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparezca con urgencia en la comisión del Pacto de Toledo para informar del "detalle y alcance del documento suscrito entre Gobierno y la Comisión Europea denominado Operational Agreement en materia de pensiones y aclare si el Gobierno prevé alargar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones para poder percibir los fondos europeos".

Escrivá asegura que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de "carreras más volátiles", donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores. "Estimamos que para el 30% de los trabajadores sus últimos años no son los mejores", indicó el ministro, que ha añadido que el sistema actual está pensado para "carreras lineales", donde teóricamente uno va mejorando sus cotizaciones según va cumpliendo años. "Ahora ya no es así y tenemos que hacer un sistema más equitativo y eso lo haremos con los agentes sociales en 2022. En algunos casos, habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente, se podría hacer un sistema para elegir los mejores años cotizados (...) Pero no hay nada nuevo", asegura el ministro.

Oposición sindical y política

En este punto, tanto los sindicatos como los partidos de la propia rama de coalición del Gobierno han expresado su rechazo a los planes del Gobierno, e incluso se pone en cuestión el concurso de estas fuerzas para aprobar la reforma de pensiones. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que el periodo de cálculo de las pensiones, actualmente situado en 24 años, no se va a aumentar más allá de los 25 años que estarán en vigor en 2022. "No o no, no se va a aumentar el periodo de cálculo de la pensión", señala Álvarez indicando que esto no sucederá, entre otras cosas, porque no contaría con el apoyo mayoritario de los formaciones políticas del Congreso, por donde tendría que pasar esta medida.

"El compromiso con Europa es un compromiso de reequilibrio del sistema de pensiones y eso obedece a una recomendación del Pacto de Toledo, que no es tanto ampliar los años del periodo de cálculo de la pensión como hacer que el sistema sea más equitativo", explicó asegurando que podría solventarse permitiendo a los trabajadores escoger los 25 años cotizados que más les convengan para calcular su pensión.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, asegura que el problema de las pensiones en España no es de gastos sino de ingresos y cree que todo pasa por "dignificar" las condiciones de trabajo. "Por cotizar más, en definitiva", señalaba afirmando que que el problema actual de las pensiones es que se tirara del fondo de pensiones, "como se hizo durante mucho tiempo", para pagar la deuda pública.

Desmentido de Iglesias

Desde el lado de los socios de Gobierno, el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha replicó a José Luis Escrivá que "la intención del PSOE de subir el cómputo de las pensiones" no fue una "serpiente de verano", dado que estaba incluida la propuesta en un documento del departamento de Seguridad Social. Ya en enero Iglesias valoró que Moncloa no remitiera finalmente en su plan de Reformas e Inversiones a Bruselas la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para computar las pensiones, dado que hacerlo hubiera sido "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como transmitió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización. Igualmente, se procederá a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral", explicaba el borrador.

¿Qué dice el Pacto de Toledo?

Más allá, parece que el elemento central de debate se encuentra en la inconcreción de la recomendación sobre esta medida. "Respecto al concreto período de cálculo que esté vigente en cada momento, la Comisión ya puso de relieve en 2011 que el principio de contributividad también ampara que los trabajadores de mayor edad que vean extinguida su relación laboral no vean mermados sus futuros derechos de Seguridad Social, como consecuencia del reparto desigual de sus cotizaciones en el tiempo. Sin perjuicio del objetivo de mantener una proporcionalidad adecuada entre el esfuerzo contributivo como cotizante y la pensión como jubilado, la Comisión insiste en la recomendación de arbitrar en cada momento las medidas transitorias oportunas que salvaguarden esa proporcionalidad, mediante el pertinente diálogo social y respetando el principio de suficiencia", señala el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo.

Apuntan en este sentido que la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora -que culminará en 2022- implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones. "No obstante, la Comisión considera importante evaluar, a la mayor brevedad posible, su impacto en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y de precariedad", explican los partidos en el documento de recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones.

"Dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión. En particular, esta solución puede resultar interesante en supuestos como el de personas que, a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización. Igualmente se evaluará la progresiva ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, prevista en la Ley. Por último, dentro de este proceso de evaluación se pondrá especial cuidado en contemplar y paliar las consecuencias negativas que dichas ampliaciones podrían tener para la brecha de género en materia de pensiones", recoge el Pacto de Toledo.

Sin embargo, fuentes de la comisión parlamentaria consultadas por este medio asegura que se trata de una lectura torticera del texto por parte del Ejecutivo, toda vez que aparece claro el elemento de análisis previo antes de la toma de actuaciones. De este modo, aseguran las fuentes parlamantarias que "en ningún momento el mandato del Pacto de Toledo fue ampliar el periodo de cálculo de la pensión" y que en todo caso, se preveía una fase de estudio previa de la situación concreta de las carreras de cotización, que posteriormente abriría un periodo de debate en el seno de la Comisión, para terminar elevando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los cambios normativos acordados sobre la materia de refuerzo de la contributividad.

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