Madrid
Hace justo un año, el 7 de enero de 2020, el Congreso de los Diputados investía a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo y daba así luz verde al primer Gobierno de coalición de la historia de España. Hoy, tras doce meses de legislatura y una pandemia mundial mediante, Sánchez afronta su primera crisis de Gobierno por el nombramiento del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Así, las presiones de la oposición para que Illa abandone el Ministerio de Sanidad y no comparta la dedicación con sus labores de campaña electoral, a las cuales se han sumado en las últimas horas voces del propio Ejecutivo de coalición, como Yolanda Díaz, confirman la crisis de Gobierno en ciernes, que muchos analistas cercanos al Ejecutivo ya dan por descontado una vez se acerque el día de las elecciones en Cataluña, y cuya solución podría incluir al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como ministro una vez se despejen las dudas sobre la situación de Illa al frente del Ministerio de Sanidad. No en vano, parece que los movimientos de fichas que pueda llevar a cabo Sánchez en el Consejo de Ministros no afectarían a los cargos en el Ejecutivo correspondientes a Unidas Podemos.
Y en esta misma clave política, está el resultado que cosechen los partidos en el Gobierno en el feudo catalán, prueba de la validación de las actuaciones de la coalición. Y un primer termómetro para medir la evaluación de los ciudadanos sobre la gestión de la pandemia. Por ello, los comicios que están previstos para el 14 de febrero son una piedra de toque para el Gobierno. Ya que también significa poner encima de la mesa, por parte del PSOE, a un candidato fuerte en Cataluña, con el que esperan romper el techo de cristal y lograr la Generalitat, aun con el apoyo de formaciones como los Comunes o la propia ERC, que hoy sostiene el pacto de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
El golpe de la pandemia
Sin embargo, si algo tendrá 2021 similar al pasado año es la persistencia de la pandemia mundial, al menos en los primeros meses. Tanto es así que ni tan siquiera está garantizada la celebración de los comicios catalanes en la fecha mencionada por la evolución de la pandemia y los contagios en Cataluña, y con la previsión de que la situación se recrudezca tras las celebraciones de Navidad. Por ello, una de las teorías es que hasta que no se certifique la fecha de los comicios catalanes -el Govern tiene hasta el 15 de enero para decidir su aplazamiento-, no se abordará el cambio de sillas en el ministerio encargado de dirigir las actuaciones para frenar los contagios y afrontar la pandemia internacional.
Pero más allá del plano político, que parece quedará despejado tras la votación en Cataluña, el Ejecutivo de coalición ha visto como en el último año se desarbolaban los planes económicos, o al menos los tiempos previstos para su aprobación a lo largo de la legislatura. Sin ir más lejos, el ingreso mínimo vital estaba previsto se desplegase a lo largo de la legislatura pero las urgencias sociales por la pandemia obligó a acelerar su diseño en el mes de mayo para comenzar a pagarlo solo un mes después, lo cual ha sido el abono para las deficiencias que presenta la nueva prestación, al menos en la fase de solicitud, tal y como han reconocido los trabajadores del INSS y el propio ministro del ramo, José Luis Escrivá.
Test a los Presupuestos
Por ello, la aprobación de los nuevos Presupuestos tras casi tres años de vigencia de las últimas Cuentas aprobadas por Cristóbal Montoro, resultó fundamental para embridar las principales partidas de gasto del Gobierno para protección ante el Covid -el Plan Presupuestario 2021 recoge un impacto para este año en las arcas públicas de más de 55.000 millones de euros-.
Pero estos Presupuestos, más allá, serán sometidos a examen desde la Comisión Europea, ya que en este caso, además, deberán de ser la correa de transmisión para la canalización del fondo de reconstrucción de la UE, del que a España le corresponden la suma de cerca de 140.000 millones de euros. La mitad de ellos en ayudas directas a fondo perdido, por lo cual, precisamente, se introdujeron duras condiciones para mantener el grifo de las ayudas abierto. De este modo, la Comisión prestará atención, en primer lugar, al cumplimiento de las condiciones impuestas en términos de reformas estructurales -a España se le imponen modificaciones en el sistema público de pensiones y ahondar en los principios de flexibilidad en la contratación que recoge la reforma laboral del PP de 2012-. Y en segundo lugar, pondrá la lupa sobre la canalización de los fondos de ayuda comunitarios hacia los proyectos empresariales que se exige a los gobiernos generen valor añadido para la sociedad y ayuden a crear puestos de trabajo.
