Pacto de Toledo

La asociación de letrados de la Seguridad Social critica el plan de transferir al País Vasco la gestión de los pagos de las pensiones a partir de 2022. Es sabido que, sobre el papel, esa decisión no supone la ruptura de la tesorería común, o caja única, de estas prestaciones. Esa realidad, sin embargo, no impide que sea una decisión de gran importancia para el conjunto del sistema de protección. Junto a los pagos, se transferirá a Euskadi la capacidad de inspeccionar y reclamar deudas en caso de reestructuraciones.

Era la principal incógnita de la primera reunión de trabajo de los nuevos miembros de la Comisión del Pacto de Toledo que sentará las bases de la reforma del sistema de pensiones en España: la postura de Vox, único de los partidos representados que aboga abiertamente por un desmantelamiento del actual modelo para ir hacia un sistema mixto de reparto y capitalización. Y, sin embargo, parece que el seno del Pacto de Toledo podría ser uno de los pocos ágoras donde la formación que preside Santiago Abascal trate encontrar cauces de entendimiento con todos los partidos, incluido PSOE y Unidas Podemos. Al menos esta es la idea que se desprende de las declaraciones del portavoz de la formación verde en la Comisión, Pablo Sáez, a la llegada a la primera reunión de trabajo de esta legislatura, donde de entrada han aceptado retomar las negociaciones a partir del borrador consensuado ahora hace un año con las bases para la reforma de las pensiones y que fue tumbado por Unidas Podemos en el último momento, justo antes de la celebración de las elecciones generales de abril de 2019.

La primera reunión de la presidenta y la mesa de portavoces del Pacto de Toledo ha dejado con buen sabor de boca a los representantes de los partidos políticos. Las formaciones han acordado retomar los trabajos desde donde quedaron hace justo un año cuando el borrador de recomendaciones para la reforma del Sistema fue tumbado por el desacuerdo de Unidas Podemos y ERC cuando parecía visto para sentencia. Sin embargo, los grupos han acordado revisar una por una las 21 recomendaciones que entonces fueron preacotadas para explicarlas al conjunto de los miembros de la Comisión y, eventualmente, valorar las opiniones al respecto principalmente de los portavoces de las nuevas formaciones presentes en esta Comisión parlamentaria.

Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019 sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un acuerdo cuanto antes para "no alargar más la incertidumbre de los pensionistas", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión con la esperanza de que la recomendación sobre la revalorización y suficiencia no difiera de lo acordado con un amplio consenso de las fuerzas políticas antes de que el borrador para la reforma saltase por los aires a pocas semanas de las elecciones generales de abril. Y que, por lo tanto, esta propuesta adquiera rango de ley lo antes posible.

Por tercer año consecutivo, las pensiones han quedado sujetas a la evolución del IPC. Por tanto, en 2020 avanzarán un 0,9% como mínimo (con una posible paga compensatoria si la inflación rebasa ese nivel). Dicha revinculación al índice de precios lleva ya camino de convertirse en permanente, mostrando incluso un blindaje con rango de ley.

El PSOE se reserva la presidencia de 17 comisiones parlamentarias en el Congreso. Para ocupar esas presidencias de comisión, el PSOE ha escogido, como suele ser tradición, a exministros y altos cargos que acaban de dejar el Gobierno y a miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE que no tienen cargo en la Administración y que ya fueron designados para ocupar este tipo de puestos en la fallida legislatura de 2019. Los casos más reseñables son los de las exministras de Trabajo, Magdalena Valerio, y de Sanidad, María Luisa Carcedo.

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones del 0,9%, cuantía casi idéntica al IPC de diciembre. Era un paso previsible ya que el presidente Sánchez aseguró el mes pasado que ésta sería su medida prioritaria. Además, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó en su toma de posesión que este tipo de subidas marcarán la tónica durante la legislatura, ya que el objetivo es volver a vincular las pensiones con la inflación.

El PP ha exigido de manera inmediata a la recién conformada Mesa del Congreso la constitución "de inmediato" de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de renovar sus recomendaciones y que estas "marquen el futuro de la acción del Gobierno en materia de Seguridad Social".Cabe recordar que este mes de febrero se cumple un año de inactividad por parte de la Comisión parlamentaria después de que se fracturase en el último momento por el desacuerdo de Unidas Podemos en el borrador de recomendaciones que previamente había apoyado. Desde ese momento, y tres procesos electorales mediante, los trabajos sobre la reforma del sistema de pensiones permanecen frenados a la espera de que se vuelva a conformar el Pacto de Toledo.