Se avecina tormenta en la reforma de las pensiones. La oposición en bloque ha cargado contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y le ha negado su apoyo al acuerdo firmado la semana pasada con los agentes sociales y que presentó el miércoles en la Comisión del Congreso del Pacto de Toledo.
Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.
Desde hace varios años, uno de los debates macroeconómicos más extendidos es el de la reforma del sistema público de pensiones. Cada vez se jubilan más personas que han cotizado en unos niveles altos, lo que les permite optar a pensiones más elevadas. En 2021, el Gobierno decidió incrementar la cuantía de las pensiones un 0,9%, mientras que, en el caso de las pensiones mínimas, la revalorización fue del 1,8%. Hoy, la pensión media de un jubilado en España es de 1.170,26 euros, es decir, 15 euros más que en 2020. Solo en la última década, la Seguridad Social acumula un déficit de 151.000 millones de euros, alrededor del 13% del producto interior bruto (PIB).
La despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados vuelve a situarse como uno de los puntos cruciales de la reforma de pensiones. Por un lado, la asociación que abandera esta reivindicación hizo llegar sus propuestas a la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la pasada semana, al tiempo que desde Unidas Podemos y el resto de partidos de la Comisión preparan estos días las peticiones de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar cuenta de esta y el resto de medidas en las que trabaja el Ejecutivo con los agentes sociales para la reforma del Sistema.
El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Al menos esta es la previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que la reforma del Reta en la que ya trabaja el Ejecutivo, tal y como adelantó elEcomomista, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.
El Gobierno se apresura para tener lista la reforma que le permitirá fijar por ley la actualización anual de las pensiones de acuerdo con la inflación.
El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España instan al Gobierno y a las empresas a adoptar medidas basadas en incentivos para alargar las carreras laborales tras la edad de jubilación, desincentivar los sistemas de jubilación anticipada y alargar los años de cotización para el cálculo de las pensiones.
La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.
El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.
De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.
Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.
Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aún recién aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, el miembro del Foro Santalucía AM, Ángel de la Fuente, y el socio fundador de LoRIS y miembro del Foro Santalucía AM, José Antonio Herce, aseguraron este jueves, en una conferencia virtual sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones bajo el lema Después del Pacto de Toledo: ¿ahora qué? albergada por el Instituto Santalucía, que una vez analizados los puntos de la futura reforma queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.
El Congreso dio ayer luz verde a las propuestas del Pacto de Toledo que cimentarán la futura reforma de las pensiones. Sin duda, debe valorarse el logro que supone poner fin a cuatro años de negociaciones contando con un amplio consenso entre las formaciones políticas, de hecho, solamente la CUP votó en contra de las propuestas.
Tras cuatro años de negociación y casi una década del último acuerdo alcanzado entre los partidos políticos, el Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones. Con la culminación de la aprobación del texto, el mandato para la modificación de la ley de Seguridad Social se hace efectivo y el Gobierno deberá ir abordando las reformas que se reclaman para garantizar el futuro de las jubilaciones en nuestro país durante los próximos meses, dando cuenta de las decisiones a los partidos representados en la Comisión parlamentaria."Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social", manifestó la presidenta del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que cree que este sistema "es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política". Además, durante su intervención, ahora al acuerdo entre Gobierno, organizaciones sindicales y patronales.
A escasas horas de que el Congreso de los Diputados de luz verde a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones, son varios los puntos que aún quedan por despejar de los futuros cambios en la ley de Seguridad Social. Una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado que abordará para el refuerzo del Sistema es aproximar la edad real de retiro del mercado laboral (62 años y 7 meses) a la edad legal de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses. En este sentido, los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.
Una vez más, he perdido la cuenta de las veces que ya van, se intenta embaucar, pueden utilizar como verbo engañar, a los ciudadanos aprovechándose de la falta de educación financiera existente en este país. Esta semana me llamó poderosamente la atención, la noticia publicada por este diario, sobre el super-fondo de pensiones público para el sistema de empleo.
Los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo exigen al Gobierno que cumpla con el mandato de la Comisión que tanto en el reciente acuerdo de finales de octubre como en el alcanzado en 2011 piden a los responsable de la Administración de la Seguridad Social que informe por carta, tal y como ocurre en numerosos países del entrono comunitario, de la proyección de la pensión pública que recibirá durante la jubilación. Así aparece recogido en el documento de recomendaciones aprobado en el seno de la Comisión después de nueve años de ausencia de consenso hace escasas semanas, y con lo que se busca poner una suerte de alerta para los trabajadores que se aproximan a la jubilación.
El acuerdo del Pacto de Toledo sobre la recomendaciones para la reforma de pensiones será sometido a votación en le pleno del Congreso de los Diputados el próximo 17 de noviembre. Presumiblemente, el texto deberá ser aprobado al menos por el mismo número de partidos que suscribió el acuerdo en la Comisión Parlamentaria, si bien este periodo de transito hasta que se vote en el pleno se encuentra abierto un plazo de votos particulares, que son una suerte de enmiendas parciales al texto que servirá al Gobierno como guía para abordar los cambios legislativos sobre la Seguridad Social.
Finalmente, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha emitido sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con alguna apostilla también sobre los sistemas de previsión social complementaria.
Tras cuatro largos años de negociación, los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron este martes un acuerdo de recomendaciones en el seno del Pacto de Toledo. Salvo cambios de última hora, estas recomendaciones serán las que se trasladen a la legislación.
Uno de los puntos de la reforma de pensiones que necesitará de un periodo de estudio sobre los cambios a introducir una vez que esta eche a andar es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión "íntegra" de esta prestación para su adecuación, donde el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la cuantía de la prestación.
La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha aprobado este martes la renovación de sus recomendaciones acordadas finalmente la semana pasada, que serán elevadas al Pleno del Congreso, donde tendrán que someterse a una nueva votación, junto a los votos particulares que decidan presentar los grupos.
Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con que nos sorprendían la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas, incapacidad para innovar o que a la hora de reformar y legislar pesa más la repercusión electoral -son 9,7 millones los votos de los pensionistas- que el habilitar soluciones imaginativas, eficaces y sostenibles para uno de los mayores problemas que debe encarar este país.
El Pacto de Toledo ha llegado este viernes a un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones en España tras cuatro años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la Seguridad Social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad a futuro del Sistema. El anterior pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace ya 9 años con el PSOE en el Gobierno.
Se han necesitado nueve años y más de cuatro de duras negociaciones, para que la Comisión del Pacto de Toledo llegara por fin el viernes a un acuerdo sobre el borrador de propuestas para reformar el sistema público de pensiones.
El Pacto de Toledo ultima las reuniones para sacar adelante las recomendaciones para la reforma de pensiones, aunque aún quedan flecos por resolver que podrían dar al traste con la negociación. Según ha podido saber elEconomista, el PP supeditará, en el próximo encuentro, el acuerdo definitivo para la reforma de pensiones a un consenso en la mesa de diálogo social sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta).
El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.
El Pacto Toledo rechaza la propuesta del Gobierno de incrementar las cotizaciones para los asalariados del régimen general, no así para los trabajadores autónomos.
