La pasada semana, la del polémico cierre de la conocida como "segunda fase" de la reforma de las pensiones, ha sido muy rica en declaraciones públicas que, sumadas a todas las que venimos estando acostumbrados, ilustran perfectamente lo descacharrante de la situación.
La reforma de pensiones está en vilo, y tampoco despeja dudas tras las dos jornadas de visitas de los Eurodiputados para el control de los fondos europeos y de medidas clave como la que se trae entre manos el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo mantiene en el aire su apoyo a una ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. En todo caso, piden al ministro "transparencia" y que cuente con el consenso del Pacto de Toledo para sacar adelante la reforma.
El aumento de la inflación provocará un desajuste equivalente al 1,2% en las cuentas de Seguridad Social, que obligará a un gasto extra para compensarlo de 15.200 millones el próximo año.
Cada día más expertos advierten del alto precio que tendrá la decisión del Gobierno de volver a revalorizar las pensiones con el IPC. En un contexto de inflación desbocada, las previsiones de Fedea apuntan a un aumento del gasto de 10.200 millones en el próximo ejercicio, lo que elevará el gasto público total en pensiones a superar el 14% del PIB.
Finalmente, y tras cinco años desde que el Pacto de Toledo recibiese el mandato de realizar unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, el Congreso dio luz verde en la tarde del jueves al primer paquete de medidas que conformarán la reforma y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Entre las principales cuestiones sustanciadas en esta votación se encuentran: la vinculación de las pensiones con el IPC, la modificación de coeficientes para la jubilación anticipada y el alza de incentivos para la demorada, además de la separación de las fuentes de financiación del Sistema y la derogación del factor de sostenibilidad para su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.
La primera parte de la reforma de las pensiones diseñada por el Gobierno no llegó aún al Congreso de los Diputados, pero ya está sufriendo un importante desgaste.
Los últimos meses de negociación y cruce de propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones en la mesa de diálogo social, impregnadas por la polémica, han terminado por hacer mella en el amplio consenso político alcanzado en octubre de 2020 en el seno del Pacto de Toledo, donde el acuerdo de recomendaciones recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de tres abstenciones, y sin ningún voto en contra, cuando se elevó su votación al Congreso. Este lunes, durante la votación de las enmiendas que se incluirán en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social con los puntos acordados por Gobierno y agentes sociales el pasado mes de julio, los partidos políticos representados en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han mostrado su rechazo al texto que se votará previsiblemente el próximo 2 de diciembre en la Parlamento, con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del proyecto de ley han votado el PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.
Si se enfada Sánchez te pone un impuesto. Así explicaba mi amigo Juan Berga el parche acordado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios para la reforma de las pensiones que esta semana se aprueba en el Congreso y supone una enmienda a la totalidad de los trabajos y avances de la Comisión del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema, además de un atentado flagrante conta la economía y la creación de empleo.
El incremento del periodo de años cotizados para calcular la pensión firmado con Bruselas como parte de las medidas que se incluirán en la reforma de pensiones ha provocado el rechazo instantáneo tanto de los sindicatos como de los propios partidos políticos representados en la comisión del Pacto de Toledo: "Esa medida no está incluida en las recomendaciones. Los acuerdos del Pacto de Toledo no sostienen la propuesta del ministro José Luis Escrivá para incrementar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión, que además apuntan a un nuevo cambio de versión del Ejecutivo respecto a comienzos de año, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que tal punto no había sido remitido a Bruselas como parte de la reforma.
El Gobierno se muestra incapaz de defender la ampliación del periodo para calcular la cuantía de las pensiones que ha pactado con Bruselas.
El PSOE quiere poner ya en marcha el estudio para calcular cuántos gastos impropios ha asumido la Seguridad Social y qué, por tanto, han deteriorado la situación financiera y la valoración acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones.
Se avecina tormenta en la reforma de las pensiones. La oposición en bloque ha cargado contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y le ha negado su apoyo al acuerdo firmado la semana pasada con los agentes sociales y que presentó el miércoles en la Comisión del Congreso del Pacto de Toledo.
Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.
Desde hace varios años, uno de los debates macroeconómicos más extendidos es el de la reforma del sistema público de pensiones. Cada vez se jubilan más personas que han cotizado en unos niveles altos, lo que les permite optar a pensiones más elevadas. En 2021, el Gobierno decidió incrementar la cuantía de las pensiones un 0,9%, mientras que, en el caso de las pensiones mínimas, la revalorización fue del 1,8%. Hoy, la pensión media de un jubilado en España es de 1.170,26 euros, es decir, 15 euros más que en 2020. Solo en la última década, la Seguridad Social acumula un déficit de 151.000 millones de euros, alrededor del 13% del producto interior bruto (PIB).
La despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados vuelve a situarse como uno de los puntos cruciales de la reforma de pensiones. Por un lado, la asociación que abandera esta reivindicación hizo llegar sus propuestas a la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la pasada semana, al tiempo que desde Unidas Podemos y el resto de partidos de la Comisión preparan estos días las peticiones de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar cuenta de esta y el resto de medidas en las que trabaja el Ejecutivo con los agentes sociales para la reforma del Sistema.
El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Al menos esta es la previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que la reforma del Reta en la que ya trabaja el Ejecutivo, tal y como adelantó elEcomomista, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.
El Gobierno se apresura para tener lista la reforma que le permitirá fijar por ley la actualización anual de las pensiones de acuerdo con la inflación.
El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España instan al Gobierno y a las empresas a adoptar medidas basadas en incentivos para alargar las carreras laborales tras la edad de jubilación, desincentivar los sistemas de jubilación anticipada y alargar los años de cotización para el cálculo de las pensiones.
La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.
El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.
De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.
Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.
Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aún recién aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, el miembro del Foro Santalucía AM, Ángel de la Fuente, y el socio fundador de LoRIS y miembro del Foro Santalucía AM, José Antonio Herce, aseguraron este jueves, en una conferencia virtual sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones bajo el lema Después del Pacto de Toledo: ¿ahora qué? albergada por el Instituto Santalucía, que una vez analizados los puntos de la futura reforma queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.
El Congreso dio ayer luz verde a las propuestas del Pacto de Toledo que cimentarán la futura reforma de las pensiones. Sin duda, debe valorarse el logro que supone poner fin a cuatro años de negociaciones contando con un amplio consenso entre las formaciones políticas, de hecho, solamente la CUP votó en contra de las propuestas.
Tras cuatro años de negociación y casi una década del último acuerdo alcanzado entre los partidos políticos, el Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones. Con la culminación de la aprobación del texto, el mandato para la modificación de la ley de Seguridad Social se hace efectivo y el Gobierno deberá ir abordando las reformas que se reclaman para garantizar el futuro de las jubilaciones en nuestro país durante los próximos meses, dando cuenta de las decisiones a los partidos representados en la Comisión parlamentaria."Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social", manifestó la presidenta del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que cree que este sistema "es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política". Además, durante su intervención, ahora al acuerdo entre Gobierno, organizaciones sindicales y patronales.
A escasas horas de que el Congreso de los Diputados de luz verde a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones, son varios los puntos que aún quedan por despejar de los futuros cambios en la ley de Seguridad Social. Una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado que abordará para el refuerzo del Sistema es aproximar la edad real de retiro del mercado laboral (62 años y 7 meses) a la edad legal de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses. En este sentido, los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.
Una vez más, he perdido la cuenta de las veces que ya van, se intenta embaucar, pueden utilizar como verbo engañar, a los ciudadanos aprovechándose de la falta de educación financiera existente en este país. Esta semana me llamó poderosamente la atención, la noticia publicada por este diario, sobre el super-fondo de pensiones público para el sistema de empleo.
Los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo exigen al Gobierno que cumpla con el mandato de la Comisión que tanto en el reciente acuerdo de finales de octubre como en el alcanzado en 2011 piden a los responsable de la Administración de la Seguridad Social que informe por carta, tal y como ocurre en numerosos países del entrono comunitario, de la proyección de la pensión pública que recibirá durante la jubilación. Así aparece recogido en el documento de recomendaciones aprobado en el seno de la Comisión después de nueve años de ausencia de consenso hace escasas semanas, y con lo que se busca poner una suerte de alerta para los trabajadores que se aproximan a la jubilación.
