El incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,6 por ciento no es un acuerdo, no es una expresión del diálogo social. Se hace sin consenso y con la oposición de la patronal. Es, sencillamente un impuesto más al empleo. La excusa es volver a dotar de recursos al Fondo de Reserva. Pero, en realidad, esa medida solo supondrá 1.700 millones al año. Una cantidad que frente al déficit de la Seguridad Social, de 50.000 millones para 2022, parece una broma. Y mucho más frente al déficit estructural. Lo que no es tan graciosos es cómo influirá negativamente –todavía más- en el empleo juvenil y en la capacidad del país para generar empleo y mantener el que existe. Para dar una idea de lo que esto supone en términos de beneficios, debe decirse que si no se gastara ni un solo euro de esta cotización adicional, ni uno solo, harían falta más de 40 años para llegar a los 67.000 millones que el Fondo tenía en 2011. Mientras tanto, las trabas al empleo, el aumento de los costes salariales y los impuestos al empleo habrán destrozado el sistema. Es exactamente como vender el coche para comprar gasolina.
La vía fácil, sin imaginación, la vía que no supone ningún ejercicio político, la solución sin futuro es subir las cotizaciones para allegar ingresos. A esto le llaman Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El gobierno inventa esta noción para sustituir al derogado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, ligado a la esperanza de vida.
Este mecanismo de subida de cuotas no es en absoluto un factor de sostenibilidad. La subida de las cotizaciones no es una solución científica, es inútil y perversa y no promueve más que un gasto adicional que irá cada vez demandando más dinero. El gobierno se comporta como quien tiene una chimenea y la alimenta cortando los árboles de su jardín. Cada vez más. Cada vez más madera al fuego. Sin pensar en el futuro. Y sin pensar en los frutos que darían los árboles si no se quemaran. Es verdaderamente una actitud suicida.
Es preciso determinar una fórmula para que el sistema se estabilice por sí mismo, automáticamente, sin dependencia de decisiones populistas sin ocurrencias. Estabilidad real y científica. Porque la estabilidad del sistema solo se garantiza ligándolo a un elemento situado fuera del sistema. Esto es axiomático y se ha aprendido ya en toda Europa menos aquí. Un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones es cualquier relación estable y automática que vincule un elemento de ese sistema a algún factor situado afuera del sistema, como la evolución demográfica, el nivel del PIB o la tasa de desempleo. La fórmula española aprobada en la reforma de 2013 (y que no ha entrado en vigor porque este gobierno la ha derogado) era la esperanza de vida. Con ese parámetro –situado fuera del sistema- se pueden haber muchas vinculaciones en el interior del sistema. Por ejemplo, vincularla a la edad de jubilación, de modo que la esperanza de vida, cada vez mayor, sea siempre constante en relación con la edad de jubilación legalmente determinada. O vincularla con los años de cotización para que los años de percepción de la pensión mantengan con los cotizados una relación constante. O incluso, vincular la cuantía de la pensión con el incremento de la esperanza de vida. Determinar alguna de estas fórmulas u otras más imaginativas o más audaces, es la tarea del gobierno.
Se tiene un ministerio de Seguridad Social para que haga este trabajo, no para que decida que, si no hay dinero, va a aumentar la contribución de los empresarios y de los trabajadores. Porque esa idea no se distingue mucho de la solución que imagina un niño cuando no hay dinero en su hucha. Sencillamente les pide más a sus papás. Hay que tener mucho cuidado con los ministros que no saben hacer nada sin dinero y también con los que todo quieren hacerlo con dinero. Porque la política no es recaudar y administrar, gastar y volver a pedir. Un gobierno que se revela tan capaz de quitarnos lo que tenemos, debería ser también capaz de darnos lo que queremos.
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