Juan Carlos Arce

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a mantener al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes fue recurrida por la propia Generalitat ante el Tribunal Supremo que, ahora, inadmite el recurso y da firmeza a la sentencia recurrida. Pero las autoridades catalanas han señalado que no la acatarán. Es un desafío al Estado de Derecho. Es un insulto al orden constitucional. Es un intento de degradar a las instituciones y de chulear al poder judicial. Es una manera de presumir de bíceps político. Es vejatorio para el país. Es también una fanfarronería de malote de patio de colegio o de patio carcelario porque los responsables del improbable incumplimiento serían también responsables penales de un delito. La sentencia se cumplirá, aunque con exhibición de trampas y negativas personalistas que traten de identificar esa molesta terquedad con la resistencia heroica ante el Estado opresor. O no se cumplirá, porque hace ya seis años que el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo exacto sentido y no se cumplió y aquí no ha pasado nada. España es un país sin ley donde los ciudadanos dan poca importancia a lo que de verdad importa.

El incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,6 por ciento no es un acuerdo, no es una expresión del diálogo social. Se hace sin consenso y con la oposición de la patronal. Es, sencillamente un impuesto más al empleo. La excusa es volver a dotar de recursos al Fondo de Reserva. Pero, en realidad, esa medida solo supondrá 1.700 millones al año. Una cantidad que frente al déficit de la Seguridad Social, de 50.000 millones para 2022, parece una broma. Y mucho más frente al déficit estructural. Lo que no es tan graciosos es cómo influirá negativamente –todavía más- en el empleo juvenil y en la capacidad del país para generar empleo y mantener el que existe. Para dar una idea de lo que esto supone en términos de beneficios, debe decirse que si no se gastara ni un solo euro de esta cotización adicional, ni uno solo, harían falta más de 40 años para llegar a los 67.000 millones que el Fondo tenía en 2011. Mientras tanto, las trabas al empleo, el aumento de los costes salariales y los impuestos al empleo habrán destrozado el sistema. Es exactamente como vender el coche para comprar gasolina.

El pavoroso crecimiento de la inflación en la zona euro y en España tiene dos causas. En primer lugar, la presión sobre los costes de producción dado que durante la pandemia se produjo una contracción de la demanda de muchos bienes de consumo. Las restricciones, el confinamiento, la incertidumbre generaron una caída del consumo y de la producción no solo de productos finales sino también de los componentes necesarios para producir muchos bienes.

Con un importante matiz que se dirá después, usted debe saber que en 2022 los asesinos de ETA van a comprarnos a todos el petróleo y el gas que España necesita. Ha dicho Otegi que Bildu tiene doscientos presos en la cárcel y que apoyará los presupuestos a cambio de su libertad. De modo que el policía, el guardia civil, el magistrado, los funcionarios que reciban del Estado su retribución el próximo año, el alumno que asista a la enseñanza pública, el pensionista que perciba su pensión, deben saber que todo ello será posible porque los presos de ETA –que son los presos de Bildu- van a salir a la calle.

La reforma de las pensiones está de actualidad. No es la primera vez. Se trata de un eterno ritornello en el que los Gobiernos protagonistas del cambio nunca han hecho la reforma que realmente era precisa sino reformas cortas y parciales. Incluso la actual, en lugar de ofrecer un debate científico sobre la sostenibilidad del sistema, celebra la ceremonia de la confusión. Porque está planteada de un modo insincero y contradictorio, moviéndose entre el castigo a los babyboomers, la supresión del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo todavía desconocido, las dudas sobre el aumento de la edad y las confusas palabras del ministro, las correcciones severas de otros miembros del Gobierno a las palabras del ministro, las explicaciones del ministro negando que había dicho lo que sí había dicho.

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