PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición progresista que pone el foco en el empleo e incluye la reducción de la jornada laboral sin merma en el salario "para ganar tiempo para la vida", tal y como ha indicado la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, en la presentación del pacto que ha protagonizado junto al presidente en funciones, Pedro Sánchez.
La prioridad de la legislatura será el pleno empleo, como indicó ayer la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, pero esto no aplazará, finalmente, los planes de Díaz, que ha sacado adelante la reducción de jornada sin merma salarial, uno de los puntos que ha dilatado la firma del acuerdo y que ha cabreado a los empresarios, que consideran reventada su negociación paralela y que ya habían pactado soluciones en convenios colectivos.
Díaz marcó este aspecto como línea roja para cualquier acuerdo. En concreto, el acuerdo contempla reducir la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales, pero el proceso será progresivo. Según se especifica en el texto, en 2024 se reducirá hasta las 38,5 horas para lograr llegar a 37,5 horas semanales en 2025. A partir de entonces el plan contempla abrir una mesa de diálogo social que tenga en las características de los distintos sectores, la evolución de la productividad y otras circunstancias económicas para plantear llegar al umbral de 35 o 32 horas de trabajo por semana. De la reducción, de la que se beneficiarán unos 12 millones de trabajadores según estimaciones de Trabajo.
Endurecer el despido, subir el SMI y cuidar a jóvenes y mayores
El texto también incluye el compromiso de legislatura de subir el salario mínimo profesional (SMI), actualmente en 1.080 euros brutos en 14 pagas tras un acuerdo alcanzado en enero entre Gobierno y sindicatos del que se desvinculó la patronal; la subida irá acompasada "al 60% del salario medio" y así se reflejará en el Estatuto de los Trabajadores.
Relacionado con este punto, PSOE y Sumar se comprometen a impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países del entorno español.
El pacto para gobernar propone avances ambiciosos como la regulación del despido para ajustarse más a la Carta Social Europea. En las últimas semanas Díaz ha venido poniendo el foco en las indemnizaciones en despidos objetivos así como en las causas, que se vigilarán más incluso en los periodo de prueba. "Ha llegado el momento de tocar el despido y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea", ha confirmado
Los jóvenes también son una piedra angular de las medidas de empleo. El acuerdo abordará la implementación "de forma inmediata" de un plan de choque contra el desempleo juvenil, que se mantiene a la cabeza de la Unión Europea (UE), y promete sacar adelante el Estatuto del Becario, atascado desde hace más de un año y el "último reducto de precariedad que queda en nuestro país", ha indicado Díaz.
De igual manera, anuncian otro plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años. Más en detalle, el texto contempla el despliegue de los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.
El acuerdo también se adentra en materia de Seguridad Social. Recoge una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
Cerco a las empresas: impuestazos permanentes y endurecimiento de Sociedades
El impuesto a la banca y a las energéticas ha sentado un precedente importante para el Gobierno progresista. El acuerdo alcanzado alberga una "reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público", que se traduce en un refuerzo a los denominados impuestazos que perderán el carácter de temporal.
Además, el pacto intensifica el cerco a las multinacionales. El impuesto de Sociedades para las grandes empresas será del 15% pero sobre el beneficio contable (beneficios reales), no sobre los extraordinarios como hasta ahora. Con esta medida el Gobierno estima "recaudar 10.000 millones de euros", ha explicado Díaz. En el caso de las eléctricas, ha añadido, además, que el acuerdo utilizará los beneficios 'caídos del cielo' para abaratar la factura de la luz.
Control del alquiler y baja parental a 20 semanas
En materia de vivienda, el acuerda promete aumentar el parque público de vivienda "con el objetivo de que alcance el 20% del parque total" y desarrollar la ley de vivienda para la regulación de los alquileres "con carácter inmediato", mediante la aplicación de índices de precios en zonas tensionadas, ha dicho Díaz. Además, se regularán los alojamientos turísticos, que quedaron fuera de la ley de vivienda: "Las ciudades son lugares para vivir, no para especular".
Si el Gobierno de coalición progresista se reedita, los progenitores verán ampliados los permisos retribuidos por nacimiento a 20 semanas desde las 16 actuales. En este sentido, el pacto refleja la intención de desplegar una ley de cuidados que vendría a complementar las medidas aprobadas hace unos meses por las que se habilitaron tres nuevos permisos retribuidos para madres, padres, convivientes y personas al cuidado de otras dependientes.
Otras medidas son la reforma de la financiación "territorial", el refuerzo del sistema público de salud (descongestionar las listas de espera, hacer más accesible el dentista, ayudas para comprar gafas y lentillas y una red de apoyo especializado a la salud mental) la revisión al alza de los objetivos de la ley de Cambio Climático, el fin de los vuelos cortos (menos de 2 horas y media) cuando haya alternativa en tren, la universalización de la educación de 0 a 3 años "con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura" o la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ('Ley Mordaza'), reza el documento rubricado por ambas formaciones.
En el comunicado previo a la rueda de prensa, las dos formaciones señalan que el pacto "da respuesta al claro mensaje que lanzó la ciudadanía en las elecciones del pasado 23 de julio: el rechazo a un gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades".
Tras fracasar en su intento el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez se presentará al debate de investidura en noviembre, aunque de momento no hay fecha establecida; el límite para evitar la repetición electoral es el 28 de noviembre. De momento, el líder socialista sigue en negociaciones con el resto de grupos parlamentarios para atar los votos necesarios para que su propuesta salga adelante.
