El próximo Gobierno llevará a la mesa de diálogo social la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas. Sumar da por buena la postura del PSOE sobre cómo abordar una de las línea rojas trazadas por los de Yolanda Díaz en las negociaciones -todavía abiertas- sobre la investidura de Pedro Sánchez. La medida no está entre las prioridades de los socialistas, que pretenden dilatar el debate, derivarlo a las conversaciones entre empresarios y sindicatos, y resolver el predecible desencuentro más adelante.
En su programa electoral, la formación promete establecer por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas en 2024 y abrir un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales.
Sumar y PSOE se dieron como plazo el llegar a un pacto antes del final de octubre. Sin embargo, la reducción de la jornada se ha convertido en una de las trincheras en las que ha frenado el avance de las negociaciones en busca de un acuerdo de Gobierno, en el que Díaz insiste en -que al menos- se incluya el compromiso. "Hay cuestiones nucleares que deben estar en el acuerdo", ha dicho el portavoz de la formación, Ernest Urtasun que ha revelado que la medida está en los documentos que ambos partidos han intercambiado pero que "debe de estar recogida como nosotros queremos".
La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha dado pistas esta mañana del estado en el que se encuentra el tira y afloja. En declaraciones a RTVE, la titular de Economía ha restado prioridad a la medida y ha emplazado el debate a la mesa del dialogo social. Desde Sumar insisten en que -al menos- el compromiso debe plasmarse en la hoja de ruta conjunta. "No es incompatible legislar con el dialogo social", ha dicho en la tradicional rueda de prensa que Urtasun concede cada lunes.
Acuerdo antes de noviembre
Lo cierto es que la negociación está resultado más lenta de lo esperado. A poco más de una semana para que concluya el plazo autoimpuesto por los posibles socios de coalición, el borrador de acuerdo sigue sin contar con varias de las exigencias claves que Díaz demanda. No solo la reducción de la jornada laboral, las conversaciones siguen encalladas en cuanto a la sustitución de los vuelos por alternativas ferroviarias, determinados aspectos de la financiación autonómica o la regulación de los pisos turísticos. Un aspecto, este último, incluido por la formación para dar solución a la crisis de precios inmobiliarios.
También el despliegue de la ley de Vivienda, que promete desatar una nueva batalla entre Ejecutivo central y los gobierno autonómicos en manos del Partido Popular. "Hay que desplegar el índice de precios", insisten desde Sumar, que recuerdan el "éxito" que el control de precios ha tenido en ciudades como Berlín.
De ello depende la rúbrica del pacto, y la esperada foto entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez antes de la celebración del debate de investidura que sigue sin contar con una fecha en el calendario. Desde Ferraz sigue imperando la ley del silencio en torno a las conversaciones, aunque hace unas semanas el portavoz de la bancada socialista en el Congreso, Patxi López, confió en ir anunciado parte del acuerdo antes del inicio del mes de noviembre.
