Madrid
La formación del nuevo Gobierno y el reparto de carteras deja cambios de cromos y nuevas caras. Uno de los cambios más sorprendentes es el del ministerio de Seguridad Social y Políticas Migratorias que dirigirá Elma Saiz Delgado (Pamplona, 1975), política del PSN. Saiz es una experta fiscal y tributaria que ha hecho carrera durante las últimas décadas en la Comunidad Foral, pero que es un perfil desconocido a nivel nacional y dentro del sector de las pensiones. "Es la primera vez que oigo su nombre", apuntan históricos miembros del Pacto de Toledo. Afronta al menos dos grandes retos como la herencia de la legislatura de José Luis Escrivá: la revisión de la reforma de pensiones dentro de año y medio bajo la lupa de la Comisión Europea, y el desafío vasco de traspasar la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco.
Saiz, separada y con dos hijos, moverá su vida a Madrid para asumir el liderazgo de una cartera con enorme peso político y económico. Es licenciada en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, y además ha sido docente de máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable en la Universidad Pública de Navarra. Antes de entrar en política fue socia-directora de IMEL, firma especializada en la consultoría tributaria tributaria y asesoramiento jurídico a empresas y particulares.
Su comparativa con Escrivá no puede ser más evidente: el albaceteño llegó, en 2020, con una trayectoria admirable y un perfil técnico contrastado tras experiencias en el Banco de España, el Banco Central Europeo, BBVA y la presidencia fundadora de la AIReF. Fue el ministro elegido para el mayor proceso reformista de la cartera en una década y la necesidad de pactar con la Comisión Europea.
Falta saber si Escrivá será el rostro visible en Economía, también de cara a Europa, cuando Nadia Calviño conozca si preside el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Así, Escrivá seguiría marcando las directrices desde una posición fuerte y relevante en el Gobierno.
Al menos desde 2003 lleva ligada al Partido Socialista de Navarra, cuando arrancó su carrera como parlamentaria. Posteriormente, ha sido delegada del Gobierno navarro (2008-2012), consejera de Economía y Hacienda nombrada por María Chivite en la pasada legislatura y candidata a la alcaldía de Pamplona este verano.
Saiz viene escudada por la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Chivite, y por el número tres del PSOE, Santos Cerdán. De hecho, la nueva ministra es muy cercana a Santos Cerdán y este viene trabajando por su carrera política: fue quien le aupó a la Conserjería de Economía y Hacienda y ahora a nivel nacional.
La navarra asume una cartera de enorme importancia con varios retos y prevé ser continuista con la hoja de ruta marcada por Escrivá. Aunque no será una legislatura con grandes reformas previstas tras la reciente abordada por el saliente ministro Escrivá (a Transformación Digital, antes dependiente de Calviño en Economía), no prevé ser una legislatura sin faena. Dos grandes puntos se esperan en los próximos años.
La reforma de pensiones incluye una cláusula por la que se revisará la evolución del gasto en pensiones cada tres años -la primera, en 2025- restando los nuevos ingresos generados por las medidas, de tal forma que si el desembolso supera el 13,3% del PIB habría que realizar ajustes por la vía de nuevos ingresos, recorte del gasto o una combinación de ambas en consenso con los agentes sociales y el Pacto de Toledo. En última instancia, Bruselas impondría una nueva subida de cotizaciones que pondría de perfil a sindicatos y encendería a los empresarios. Instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avanzan nuevos ajustes en 2025.
Otro gran reto será la delicada negociación política con el PNV y los agentes sociales por el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, una histórica demanda de la región recogida en el Estatuto de Guernica. Sin embargo, es una decisión compleja de formular y que choca con el principio de solidaridad y de 'caja única' de la Seguridad Social: el coste de las pensiones, su deuda y déficit se reparte entre las regiones más ricas y más pobres. Aunque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dijo que "será difícil" llevar a cabo la transferencia, está por ver hasta donde tensarán la cuerda las formaciones vascas.
Medidas pendientes
La nueva encargada de la cartera de Seguridad Social tiene deberes heredados de la anterior legislatura que quedaron pendientes debido al estecho margen del calendario y la complejidad de las negociaciones para el grueso de los dos bloques.
La jubilación parcial será uno de los frentes abiertos e implicará cambios en el contrato de relevo para ampliar su uso más allá del sector industrial e incentivar la salida paulatina del mercado laboral y aprovechar en mayor medida la fuerza laboral sénior. Es una de las máximas: acercar la edad real de jubilación a la edad legal, penalizando las jubilaciones anticipadas y bonificando las tardías de forma voluntaria. También las carreras largas de cotización podrían estar afectadas por nuevos cambios reglamentarios que beneficien su protección social.
No solo se habla de pensiones públicas, también del resto de pilares para complementar la paga de la Seguridad Social. El Gobierno tiene pendiente el desarrollo del fondo público de pensiones que gestionarán cinco empresas privadas. El inicio del ahorro en este macrofondo dependerá del desarrollo de la plataforma informativa. Por su parte, las gestoras no esperan comercializar los vehículos de ahorro al menos hasta comienzos de 2024.
De igual manera, los planes del Ministerio pasan por resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado (AGE) durante la próxima legislatura, tal y como desvela este medio en exclusiva. En concreto, los planes que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasan por "reactivar las aportaciones a los planes de empleados públicos y generalizar los planes entre entes locales y autonómicos". Este vehículo de ahorro complementario a la pensión pública no incorpora nuevas aportaciones de las Entidades Públicas en beneficio de los trabajadores de la Administración desde 2011, cuando hace ya más de una década se suspendieron.
Además, siguiendo con el objetivo de complementar las pensiones públicas, Seguridad Social aun debe seguir siendo el apoyo de sectores como la Construcción que están desarrollando un plan de pensiones de empleo a nivel sectorial. Otros sectores interesados, como la Hostelería, la industria química o los grandes almacenes seguirán el ejemplo del pionero plan de la construcción.
Por último, la conocida como hucha de las pensiones -el Fondo de Reserva- ha comenzado a reicibir fondos por primera vez en más de una década. Una labor del secretario de Estado de Pensiones, número dos de Saiz, será la de realizar el seguimiento del volumen patrimonial de la hucha de las pensiones y negociar posibles cambios de gobernanza y de política de inversiones para un fondo que prevé acumular hasta 130.000 millones.
