¿El pacto PSOE y PNV rompe la caja única de la Seguridad Social? Puede ser el primer paso para un choque con la Constitución

La amplitud y falta de concreción en el texto del acuerdo entre PSOE y PNV abre la puerta a preguntarse si significa una ruptura de la caja única. La Tesorería General de la Seguridad Social es un elemento que actúa bajo el principio de solidaridad financiera y territorial, que queda simplificado con el término caja única. La Constitución blinda este aspecto: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad", recoge en su artículo 41. Los Letrados de la Seguridad Social también se han pronunciado al respecto del "ataque" al Estado de Derecho y los expertos abren la puerta a un choque con la Constitución.

El acuerdo entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez recoge un comprometido punto específico para "culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes" en un plazo "improrrogable" de dos años. La Seguridad Social es una de estas transferencias que recoge el Estatuto de Guernica, que aún no ha sido cedida la gestión a las instituciones vascas. La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ya ha rebajado el optimismo del PNV -afirma que "ve difícil" este traspaso completo-.

Fuentes del equipo de Seguridad Social descartan una ruptura de la caja única y apuntan a que este detalle tan destacado del acuerdo del PSOE y PNV ya figura como competencia autonómica en nueve Estatutos de Autonomía más, aparte del de Guernica: Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura y Canarias.

El contenido del acuerdo es similar al de otros acuerdos para la investidura, el más reciente el de 2020. Esto significa, según Montero, que al igual que en acuerdos de pasadas legislaturas suscritos, incluso con el PP, lo que se ha firmado es el desarrollo y el avance del Estatuto. Eso sí, ha recalcado igualmente que esa transferencia total de la Seguridad Social será "difícil".

Otra de las claves está en que, más allá de optar por una mejora de la tramitación de las prestaciones en la región vasca, las pensiones y las cotizaciones siguen estando reguladas a nivel Estatal. Al respecto, el profesor de la Universidad de Valencia y miembro de diversos servicios de estudios económicos, Enrique Devesa, apunta que "romper la caja única debe de implicar modificaciones legislativas importantes, no sé si incluso inconstitucionales".

La amplitud del acuerdo

"Nosotros haremos lo mismo que siempre se ha hecho con todos los partidos políticos cuando se ha pactado con el PNV, que es intentar el desarrollo máximo de las competencias que contiene este estatuto", ha defendido Montero.

El investigador de Fedea, Miguel Ángel García, señala la falta de concreción del acuerdo, que deja en el aire si puede ir o no más allá. "Es difícil interpretar el contenido de traspaso de la gestión, puede ir desde solo poner la chapa del gobierno Vasco al pago de la pensión a tener ellos solos los datos de cotizaciones y pagos, y pendiente quien reconoce el derecho", apunta a este medio. "La gestión no debería incluir el reconocimiento de la prestación, pero quién sabe en lo que termina", destaca.

Es en este punto donde el economista Javier Santacruz se muestra crítico con una posible materialización del traspaso. "La caja es única para todo, sean sus fuentes de financiación y gasto, como su administración", señala. El Estado debe reservarse como competencia exclusiva no solo la regulación jurídica en materia de Seguridad Social sino, todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de criterios unitarios y unificados en todo el territorio nacional (Sentencias del Tribunal Constitucional (Pleno) 129/89 y 195/1996), tanto para los actos de encuadramiento, liquidación y recaudación de recursos y el reconocimiento y pago de prestaciones, según apoyan los Letrados de la Seguridad Social.

Donde sí apunta a una falta de transparencia y de detalle metodológico con el denominado cupo vasco. "El déficit en pensiones 2021 fue de 4.000 millones de euros", señala. "En el último cálculo del cupo parece que no está incluido el aumento de la deuda, sus intereses y las nuevas transferencias del Estado a la Seguridad Social", recalcando que los cálculos extrapolados de un estudio de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, apuntan a que País Vasco ya asume menos gasto en pensiones del que le corresponde.

Las advertencias, en todo caso, no se han hecho de rogar. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social advierten del potencial riesgo que escondería la operación para el funcionamiento del sistema público de protección social a nivel estatal. Además, recuerdan que esta medida -recordemos, recogida en otros acuerdos políticos con formaciones vascas en referencia al Estatuto de Guernica mencionado- abre la puerta a la quiebra del actual modelo de solidaridad entre regiones.

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