El eventual incremento del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión que acordó el Gobierno con Bruselas como parte del paquete de medidas a implementar el campo de la Seguridad Social, y que serán necesarias para recibir esos fondos europeos para la reconstrucción, tiene un impacto altamente dispar en función de las características de las diferentes carreras laborales. Así, ante un incremento de 25 a 35 años cotizados para calcular la base reguladora la disminución de la pensión no sería similar para una renta alta, que perdería unos 3.450 euros de media al año, que para una renta más exigua, donde la reducción de cara a las nuevas prestaciones de jubilación oscilaría entre los 641 euros y los 2.025 euros anuales.
Cabe recordar en este punto, que el impacto varía en función de los diferentes aspectos determinantes de la vida laboral. Por un lado, el incremento de años cotizados para el cálculo de la pensión supone un refuerzo de la contributividad del Sistema, ya que asume a la hora de ajustar la prestación para la jubilación más años de aportaciones a la Seguridad Social. Y por otro lado, la reducción media prevista por los expertos no sería una tabla rasa: por ejemplo, para las carreras laborales afectadas por la crisis económica de 2008 que perdieron su empleo, y que posteriormente se han visto expulsadas por completo del mercado laboral o se han encuadrado en empleos peor remunerados, esta ampliación sería beneficiosa al recoger más años buenos de su carrera laboral.
Sin embargo, para carreras laboral que han sido claramente ascendentes en términos de remuneración, esta ampliación sería perjudicial de cara al cálculo de las cuantías, dado que cogería más de los primeros años de vida laboral, con peor base reguladora. Para estos caso, no obstante, el Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea su intención de cubrir los periodos concretos de suspensión de las cotizaciones -la conocida como cobertura de lagunas de cotización-, lo que eliminaría esos descuentos para el cálculo de la pensión, y además se prevé la posibilidad de que en ciertos casos se permita escoger entre los 25 mejores años, para de igual modo sortear las fases de la vida laboral de menos aportación a la Seguridad Social.
Más allá, según explica el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social conformado por catedráticos de la Universidad de Valencia, Polibienestar e IVIE y de la Universidad de Extremadura, atendiendo a unos perfiles reconocibles de nuestro mercado laboral se aprecia la diferencia del impacto medio que tendría la medida. En este sentido, en función del nivel de renta, se observa como para una pensión prevista de 2.666 euros mensuales con el cálculo de los últimos 25 años, pasaría a cobrar 2.419 si se contabilizan los 35 años previos a la jubilación. Es decir, un 9,2% menos, lo que significa 246 euros mensuales menos y una reducción de 3.450 euros en todo el año.
Ese sería el impacto para las rentas más altas que adquieren derecho a la prestación máxima de jubilación que otorga la Seguridad Social. Sin embargo, en un siguiente escalón asociado a las rentas medias, con una pensión prevista de 1.579 euros mensuales al cálculo con 25 años, pasaría a percibir con la ampliación a 35 años 1.434 euros mensuales, es decir, un 9,2% menos -144 euros mensuales y 2.025 euros menos en el conjunto del año. En los dos últimos cuartiles de renta, se aprecia el impacto para las bases reguladoras más bajas, donde se limita más la rebaja. Así de cobrar 996 euros con los últimos 25 años cotizados se pasaría a percibir un total de 916 euros, un 8% menos -que implica una reducción de 80 euros mensuales y 1.119 euros en el conjunto del año-. Ya para una prestación prevista en los 621 euros mensuales, la caída al calcular con 35 años cotizados sería del 7,4% (575 euros), es decir, 45 euros al mes y 641 euros al año.
