Apenas pasó una semana desde que el Gobierno hizo su propuesta para afrontar el gran reto del sistema de pensiones: las jubilaciones de la generación del baby-boom.
Todo el plan se focaliza en volver a elevar las cotizaciones y reducir todo ajuste del gasto al entorno de 2032. Esos plazos, sin embargo, no se concilian con las exigencias de Bruselas. La UE sigue muy de cerca esta reforma, ya que la vincula a la liberación del grueso de las ayudas europeas para España, y urge a que se pongan ya en marcha medidas como evolucionar paulatinamente hacia el cómputo de toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión de los nuevos jubilados. Se trata de un paso que inevitablemente supondrá una reducción de esos subsidios. No en vano los estudios más recientes de los expertos prevén que el paso de los 25 años que ahora se tienen en cuenta a 35 años supondría una rebaja del 8,6% en las pensiones de los asalariados y de un 10% en lo que respecta a los autónomos. Es una medida impopular, a la que se oponen frontalmente los sindicatos, y que el Ministerio de Seguridad Social no dudó en dejar a un lado en la primera fase de la reforma de las pensiones, acordada antes del verano con los agentes sociales. Sin embargo, Bruselas apremia ahora para que se recupere, del mismo modo que también demanda que se respeten las líneas maestras de la reforma laboral del año 2012.
El calendario de las reformas del Gobierno no se ajusta con las condiciones que la UE maneja para liberar las ayudas
Igualmente el Gobierno tendrá que pisar el acelerador en la muy retrasada creación del fondo público de pensiones, para fomentar el ahorro complementario, y en la reforma de la cotización de autónomos. Son exigencias necesarias no sólo para recibir las ayudas europeas sino también para asegurar la sostenibilidad misma de la Seguridad Social.