El Gobierno se muestra incapaz de defender la ampliación del periodo para calcular la cuantía de las pensiones que ha pactado con Bruselas.
Por un lado, el Ejecutivo niega que la ampliación de ese plazo desde los 25 años actuales suponga un recorte de las prestaciones, pero son múltiples los estudios que prevén bajadas superiores al 8%, inevitables para racionalizar el gasto de la Seguridad Social. Igualmente insostenible es el argumento de Moncloa en el que asegura que la ampliación del periodo de cálculo no es una exigencia de la UE sino del Pacto de Toledo. Lo cierto es que su más reciente acuerdo no recoge esta medida ni, aún menos, su posible aprobación a finales de 2022, por lo que sólo cabe concluir que el Gobierno actuó a espaldas de esta comisión.