Todavía estábamos digiriendo en la industria de gestión de activos la decisión de rebajar el incentivo fiscal a los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros al año, cuando se ha llegado a plantear volver a rebajar el incentivo de 2.000 a 1.500 euros a partir de 2022. Adicionalmente en los últimos días el Ministerio se ha descolgado con el borrador de un nuevo Anteproyecto de Ley en el que propone la creación de dos nuevos instrumentos con los que fomentar el segundo pilar, el plan de empleo de promoción pública y el plan simplificado, en vez del macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada con el que se estaba trabajando inicialmente.
Una de las principales novedades planteadas es que serán las propias gestoras las que desarrollen y administren dichos fondos "con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una comisión de control especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública", según explica el borrador del Anteproyecto de Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones. La idea es que estos productos se ofrezcan a patronales sectoriales o mutualidades, administraciones públicas y asociaciones de autónomos; en cada caso, cada una de estas entidades debería proponer tres vehículos de las gestoras que se lancen a este terreno de juego para la elección de sus miembros.
Además de cumplir con el artículo 20 del nuevo Anteproyecto, las gestoras que quieran ofertar los nuevos vehículos deberán cumplir con otros requisitos, como disponer de un patrimonio de más de 1.000 millones de euros en fondos de pensiones. Lo que supone esta cifra en la práctica es una preferencia por las gestoras de grandes grupos bancarios, que son quienes tradicionalmente han acaparado el mercado de planes de pensiones a través de estrategias comerciales muy agresivas como ofrecer regalos por su contratación (todos recordamos las famosas campañas con vajillas, cristalería o toda suerte de menaje del hogar), bonificaciones por traspaso (eso sí, con estrictas clausulas y largos periodos de permanencia) o incluir la contratación de un plan de pensiones como requisito obligatorio para recibir una hipoteca. Es decir, estrategias que no han puesto el foco sobre los intereses del ahorrador, sino de la propia entidad: factores tan importantes como la rentabilidad, las comisiones o la calidad del producto han sido sistemáticamente obviados por las entidades tradicionales en aras de alcanzar mayor volumen de facturación a expensas del cliente final.
Sin embargo, pensamos que hay otra forma de ofrecer servicios financieros que tengan en cuenta de verdad las necesidades de los clientes, y pensamos que cada vez más familias están reconociendo que hay otra manera de hacer las cosas. Es la razón por la que han explotado las fintech en España en los últimos años y por la que han avanzado modelos de roboadvisor como el que promovemos en Finizens, donde siempre hemos promovido una filosofía de trabajo y gestión de las inversiones en la que lo primero es proteger y salvaguardar los intereses de nuestros clientes, entre otros ofreciendo un plan de pensiones con comisiones muy bajas y con rentabilidades significativamente más elevadas que las alternativas tradicionales y bancarias. Por tanto, con esta nueva exigencia de capital mínimo para optar para la gestión de los nuevos planes de pensiones planteados por el Gobierno vemos que la Administración está en la práctica capando la eficiencia y la competitividad al ofrecer derecho de acceso exclusivamente a las entidades financieras tradicionales, nuevamente en detrimento de los intereses de los partícipes finales.
En definitiva, tenemos dos conclusiones y una observación sobre el nuevo plan del ministro José Luis Escrivá. Por un lado, vemos positivo que se haya reavivado el debate sobre la búsqueda de formas de colaboración público-privada para la financiación de las pensiones. También pensamos que este nuevo sistema es mejor que el propuesto anteriormente, que excluía de la posibilidad de acceder a un plan de empleo a colectivos laborales tan importantes en España como los autónomos o limitando mucho el acceso a los trabajadores de PYMES.
Por otro lado, consideramos que dicho debate necesitará muy probablemente varias rondas de refinamiento de parte de los distintos agentes públicos, económicos y sociales de cara a diseñar un marco de actuación definitivo y sólido para el largo plazo, que aspire a maximizar la eficiencia y competitividad de la solución propuesta al mismo tiempo que se salvaguarden los intereses de los ahorradores.
Finalmente, nuestra observación se centra en aquellos que hoy en día ya tienen contratado un plan de pensiones. Estamos hablando de más de siete millones de partícipes en España, una cifra nada despreciable, que ahora mismo están recibiendo señales negativas de parte de la Administración, habiéndose visto recortados de forma serial los incentivos fiscales, y poca o nula visibilidad sobre qué pasará con sus planes de pensiones individuales en el futuro.
Cabe recordar que los supuestos para rescatar el dinero de un plan de pensiones siguen siendo estrictos: por jubilación, enfermedad grave o desempleo de larga duración son los tres principales. Por tanto, para muchos la dicotomía se resume en aportar o no aportar. Lo que quizá muchos no estén teniendo en cuenta, más allá de cuál sea el tope para beneficiarse del incentivo fiscal, es que con la subida de la inflación ahora mismo el ciudadano medio ya no está en posición de ahorrar o invertir, sino que debería dar sí o sí el salto a la inversión si quiere preservar su patrimonio y su poder adquisitivo. En un país donde hay más de un billón de euros rindiendo al 0% con un IPC que está en máximos de 2008, quienes tienen un depósito ahora mismo está perdiendo un 4% solo por tener su dinero parado en el banco.
Se puede debatir, como insisten los bancos centrales, si el impacto de la inflación será transitorio y no estructural. Pero sí hay otras fuerzas estructurales en marcha que tienen un impacto directo sobre el sistema público de pensiones, haciéndolo inviable no solo en España sino en numerosos países europeos, como son la pirámide demográfica invertida (que indica que pocos trabajadores en activo deben sostener las pensiones de muchos trabajadores retirados), el alto endeudamiento estatal y el hecho alarmante de que hoy las pensiones ya se están financiando vía emisión de deuda pública o el incremento de la esperanza de vida, que implica que hoy son más los años en los que hoy un jubilado puede disfrutar de más años de retiro dorado respecto a las generaciones anteriores.
Por tanto, nuestro mensaje final para aquellos españoles que estén en edad de trabajar es que es fundamental arrancar un plan serio de ahorro a largo plazo. Cuando la única certeza de la que disponemos en la actualidad es que el primer pilar (las pensiones públicas) ya no es sostenible, y no podemos anticipar la efectividad de la nueva la reforma sobre el segundo pilar, aquello sobre lo que todavía tenemos control es sobre nuestra capacidad de ahorro individual para poder preservar nuestro estilo de vida durante los años de merecido descanso, invirtiendo ese dinero para que la inflación no se nos lo coma además de capitalizarlo en los años aprovechando la fuerza del interés compuesto. Ante la duda, hazlo por tu cuenta.
