Cuando yo empezaba en esta profesión de contar cosas, en los albores de la Transición, había un grupo de veteranos periodistas a los que se conocía como los "sobrecogedores" porque, se decía, que en las convocatorias de presentación de resultados de las entidades financieras y grandes empresas recibían oculto dentro de la documentación general un sobre con dinero para que fueran favorables en sus informaciones y comentarios de opinión. Pues bien, esta práctica ya afortunadamente desterrada se ha trasladado ahora a la política impulsada y potenciada por el sanchismo gobernante para comprar voluntades y la paz social, como en el caso de los sindicatos, favores y sumisiones como ocurre con los asesores, y la permanencia en La Moncloa como hemos visto sucede con los independentistas y los herederos de los terroristas en los Presupuestos del Estado que, otro año más, son el ejemplo más inmoral de oportunismo político y de la discriminación entre las comunidades autónomas y los ciudadanos.
Una práctica que en el lenguaje ortodoxo y en la calle se define como soborno o corrupción y que en el caso de Comisiones Obreras y UGT se traduce en un aumento de 17 millones de euros en la subvención que ambos sindicatos van a recibir de las cuentas del Estado y en una partida de 100 millones de euros para modernizar las sedes sindicales con cargo a los fondos europeos. Así se entiende su pacto vergonzante para cerrar el parche de la reforma del sistema de pensiones que es una barrera a la creación de empleo y al crecimiento de la economía, su indecente pasividad ante la disparatada subida de los precios de la electricidad que aboca a la pobreza energética, ante la realidad de cuatro millones de parados o ante los ataques al poder adquisitivo y la calidad de vida de los trabajadores que suponen los atracos fiscales, la inflación galopante o su inmoral desentendimiento de las movilizaciones espontáneas de agricultores, policías, metalúrgicos y en el automóvil, entre otras que se anuncian.
Por cierto, que, en un país democrático, de régimen de libre mercado, con un déficit público del 8 por ciento y una deuda que supera el 120% del PIB, resulta de difícil justificación que unos sindicatos en decadencia sigan recibiendo dinero del Presupuesto cuando la lógica y el sentido del Estado indican que deberían vivir de las cuotas de sus asociados.
Tan sangrante o más es el gasto en asesores que con el gobierno socialpodemita ha aumentado nada menos que un 60 por ciento. Los datos de la Intervención General del Estado reflejan que la remodelación del Gobierno que Sánchez realizó en julio subió el coste en asesores un 115,1 por ciento. Si en julio de 2020 alcanzó los 3,3 millones de euros, en el mismo mes de 2021 se disparó hasta los 7,1 millones. Y en los primeros siete meses del año, este gasto en personal de confianza alcanzó otro récord de 37,9 millones frente a los 33,2 millones de hace un año, con un incremento del 14,3 por ciento, casi tres veces más que las subida registrada en el pago a los empleados públicos de la Administración Central.
Luego no hay dinero para las pensiones, para bajar el IVA del precio de la luz o en las peluquerías, para pagar las ayudas prometidas a los afectados por el volcán de la isla de La Palma o para repartir las ayudas públicas a empresas y autónomos afectados por el covid-19, un total de 18.000 millones de euros de los que sólo se han ejecutado 4.880 millones, el 27 por ciento del total, o lo que es lo mismo, 1 de cada cuatro euros.
Pero, eso sí, ellos, el Gobierno, no han tenido pudor en, con la que está cayendo, subirse el sueldo un 2 por ciento o regalar bonos para videojuegos a los jóvenes en lugar de darles puestos de trabajo. Y, ¿este es el Gobierno que presume de política social y de no dejar atrás a nadie? Nos lo expliquen, si es que pueden.
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