Periodista económico
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A la espera de ver si Yolanda Díaz consigue convencer a Sánchez para llevar al Parlamento su decreto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, decidida de forma dictatorial y despreciando el diálogo social, los datos sobre la evolución del mercado laboral siguen mostrando el desconocimiento de la realidad socioeconómica y empresarial de este país, además de la inconveniencia y el oportunismo de una propuesta encaminada únicamente a servir a los intereses personales de la ministra, que dicen de Trabajo para intentar revertir el descalabro que aventuran las encuestas electorales a su coalición.

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Un mes más, ahora con los datos de julio, asistimos al triunfalismo torticero del loro parque ministerial, sobre los datos del paro registrado y la creación de empleo. Y un mes mas tenemos que discrepar puntualizando que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y que los datos oficiales del SEPE tienen más trampas y cocina que las encuestas del CIS de Tezanos. Empezando porque el descenso en 1.357 parados en el mes de julio con respecto a junio es de sólo un 0,06% en valores relativos. Una bajada del paro muy inferior al del año anterior en que el desempleo en julio bajó en 10.830 personas en relación al mes anterior, mientras que en términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 188 personas. Y eso en un mes donde se deberían incrementar las contrataciones de temporada y producirse una caída significativamente mayor del desempleo.

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Especialistas en la manipulación y el empleo del relato para desviar la atención sobre sus múltiples miserias y las denuncias de corrupciones varias, la factoría Sánchez&Cia Producciones nos presenta un nuevo episodio del show “España nos roba” ahora con el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, como invitado especial y cocinero del “Madrid nos fríe” denunciando un dumping fiscal que sólo existe en sus desvaríos de ficción y en sus onanismos mentales. Recordar aquí que, lejos de dumping fiscal, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, sólo hace ejecutar las competencias que le otorgan la ley y la Constitución, al igual que al resto de regiones aunque algunas prefieran seguir abusando fiscalmente de sus ciudadanos, siguiendo el ejemplo Sánchez que ha convertido España en un infierno fiscal donde, con datos de la Fundación Civismo, un trabajador medio en España dedica 228 días de trabajo al año para el pago de impuestos. Como explica mi amigo y compañero Juan Berga “no puede haber dumping fiscal allí donde la legislación financiera es común”.

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La tentación del poder de silenciar las voces críticas o contrarias a su gestión es un clásico de la pulsación totalitaria de muchos gobernantes, incluso en democracias. Y en estos momentos, aquí y ahora, el gobierno del sanchismo en su intento a la desesperada por salvarse del fango de presunta corrupción que rodea al entorno familiar del Presidente del Gobierno, al PSOE y a ministros y exministros, no sólo intenta acabar con la independencia judicial y la división de poderes, sino que avanza en su amenaza contra los medios de comunicación independientes. Y, así, en el último Consejo de Ministros del curso político ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de gobernanza en servicios digitales y medios de comunicación, que designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el máximo órgano de control de la prensa, con capacidad para establecer sanciones.

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Fue la crónica de un discurso anunciado. Un capítulo más de las fantasías animadas de Sánchez y Moncloa Producciones. Sin autocrítica. Ni una palabra sobre los múltiples casos de corrupción que enfangan a sus más directos colaboradores y a su entorno familiar, ausencia total de anuncios y de propósito de enmienda. Sólo eso dio de sí el balance de fin de curso del Presidente del Gobierno.

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