José María Triper

Periodista económico

De los muchos y graves riesgos que para la economía española tiene el cuadro macroeconómico dibujado por las ministras Montero y Calviño, tal vez el más grave de todos por su influencia sobre el resto de indicadores es que el cumplimiento de los objetivos propuestos nos devuelve, de cabeza, al procedimiento de déficit excesivo de la UE. Un escenario este, en el que coinciden la mayoría de analistas económicos y del que alertan las instituciones internacionales, que como ocurriera en los años negros de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, tendrá dos víctimas principales: las clases medias y el empleo menos cualificado.

Mientras las cúpulas del Partido Popular y Ciudadanos deshojan la margarita del cómo, cuándo y dónde articular esa España Suma e, incluso amenazan con no formalizar la coalición a mayor gloria de Sánchez, los números que nunca engañan muestran como sólo el anuncio de esa alianza ha provocado una reacción en el electorado que les llevaría a empatar con el PSOE, a reducir los votos y los escaños de Vox y haría ganador al bloque del centroderecha en las elecciones generales.

Vuelvo a recurrir a esta frase de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, porque, aunque sorprender no sorprende ya nada en la política española, y especialmente en la Cámara de Diputados, si entristece y abochorna el nivel y la incoherencia de lo que allí acontece, cada día más alejado de los intereses generales y de las preocupaciones de la calle. Sólo así puede explicarse, pero no entenderse, que justo el día después de que el Gobierno hiciera público un cuadro macroeconómico que reduce el crecimiento, dispara el gasto, renuncia al equilibrio presupuestario y frena la creación de empleo el Partido Popular, en teoría la oposición alternativa, obviara totalmente esta cuestión para centrar exclusivamente sus preguntas de control al Ejecutivo social populista en el "caso Ábalos" y Venezuela.

Mientras el presidente del Gobierno rendía pleitesía a un presidente autonómico títere, golpista e inhabilitado y repartía promesas de millones y más autogobierno en Cataluña, su ministra de Hacienda castigaba a Murcia impidiendo que el gobierno regional recibiera fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para reparar los desastres de la DANA y, en un acto de deslealtad institucional, negaba al conjunto de las comunidades autónomas la devolución de los 2.500 millones que les debe el Estado por el IVA de 2017. Decisiones ambas que colocan a España a las puertas del volver al vergonzoso club del procedimiento de déficit excesivo.

opinión

Autocrítica pide Pedro Sánchez a las cadenas de distribución en un intento de desviar las iras de los agricultores y las miradas de la opinión pública hacia un chivo expiatorio a quien cargar unas culpas que sólo a él y a su Ejecutivo corresponden por la desatención permanente hacia un sector básico de la economía y por unas decisiones de Gobierno dictadas más por intereses populistas y las servidumbres debidas a quienes le mantienen en La Moncloa que por la razón política y el interés general del país y de los ciudadanos a los que debería servir pero de los que se sirve.

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