Madrid
La tentación del poder de silenciar las voces críticas o contrarias a su gestión es un clásico de la pulsación totalitaria de muchos gobernantes, incluso en democracias. Y en estos momentos, aquí y ahora, el gobierno del sanchismo en su intento a la desesperada por salvarse del fango de presunta corrupción que rodea al entorno familiar del Presidente del Gobierno, al PSOE y a ministros y exministros, no sólo intenta acabar con la independencia judicial y la división de poderes, sino que avanza en su amenaza contra los medios de comunicación independientes. Y, así, en el último Consejo de Ministros del curso político ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de gobernanza en servicios digitales y medios de comunicación, que designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el máximo órgano de control de la prensa, con capacidad para establecer sanciones.
En plena deriva autoritaria este gobierno acorralado no sólo no actúa contra la corrupción, lo ha dicho el Consejo de Europa, sino que acosa y persigue a quienes la denuncian, hasta el punto de que en España hoy asistimos a una reedición de la caza de brujas de McCarthy. Ese período de histeria colectiva en el que muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas y que constituye uno de los períodos más negros de la historia de los Estados Unidos en el Siglo XX. Expresiones como "galaxia digital ultraderechista", o "constelación de cabeceras ultraconservadoras" utilizadas con profusión por el propio presidente del Gobierno Insultos como "jauría" en boca del ministro Bolaños, que lo es de Justicia y Presidencia. ¿Se refieren, acaso, al fontanera Leire Díez?
Además de desafueros como el del titular de Transportes, Óscar Puente, gastando 62.085 euros púbicos para vigilar y apuntar a los periodistas que le critican. Amenazas y señalamientos públicos a medios de comunicación y el despotismo de las ruedas de prensa sin preguntas son síntomas más que evidentes de que en España el derecho constitucional a la libertad de prensa y de expresión y a recibir una información libre y veraz, están en serio peligro de extinción. Muestras a las que se añade ahora ese anteproyecto de Ley, que recuerda también a las leyes de prensa del franquismo para actuar sobre las informaciones atentando contra la liberad de los medios que no le rinden pleitesía y su financiación. Una iniciativa legislativa disfrazada hipócritamente de regeneración democrática que no es más que una nueva ley mordaza para los medios de comunicación los y profesionales independientes. Como explicamos cuando se produjo el primer anuncio de esta transgresión, en cualquier democracia donde rige la separación de poderes y se respeta el Estado de Derecho, los bulos o las falsedades se explican y se desmienten por los afectados y se dirimen en los Tribunales de Justicia y sólo en las dictaduras y en los populismos se amenaza, se silencia o se reprime, porque no son los gobiernos quienes tienen que señalar lo que es o no es verdad, sino los jueces. Y en el caso que nos ocupa en este país las informaciones y las investigaciones sobre la presunta corrupción de la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sobre su hermano, sobre el "caso Koldo" o sobre el Fiscal General del Estado, no han sido desmentidas ni explicadas.
Pero con ser esto grave resulta preocupante ver como personas que se autodenominan periodistas anteponen la ideología a la verdad y a la libertad, cuando el código deontológico del periodismo tiene como dogma fundamental el respeto a la verdad y en base a este principio un periodista militante estaría inhabilitado para ejercer la profesión. Y junto a esta actitudes personales alarma el silencio vergonzante o cómplice de las asociaciones encargadas de defender el periodismo y a los periodistas. Ni la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ni la APM han reaccionado, ni parece que tengan intención, ante los ataques y los abusos de poder. Y esto no es fango ni estrategia de difamación, sino la constatación del atentado que se pretende contra el periodismo independiente, contra el trabajo y la integridad de los profesionales y contra al sistema de libertades, la Constitución y a la sociedad entera porque SIN PRENSA LIBRE NO HAY DEMOCRACIA.