El Consejo de Europa (Greco) urge a España a actuar contra la corrupción de altos cargos y a poner en marcha las medidas paralizadas

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa vuelve a denunciar, un año más, que España sigue sin cumplir buena parte de las recomendaciones clave para reforzar la integridad y la transparencia en las altas funciones ejecutivas y cuerpos policiales. Así lo constata el último informe de seguimiento, sobre los avances registrados sobre la evaluación de 2019, que señala un avance "mixto" y una preocupante ausencia de resultados tangibles.

A pesar de algunas mejoras parciales, el informe del Greco denuncia que 16 recomendaciones se han implementado solo parcialmente y tres, aún no se han atendido. La recomendación de reforzar el control sobre los asesores gubernamentales, sometiéndolos a criterios de transparencia e integridad equiparables a los altos cargos, sigue en el aire. Aunque la futura Ley de Administración Abierta (APLAA) podría abordar este vacío, su tramitación permanece estancada.

Justicia destaca mejoras significativas en la prevención y control de prácticas corruptas

Estrategia de Integridad

El desarrollo de una estrategia de integridad específica para las miembros del Gobierno Central es otro asunto pendiente. Greco insiste en que una respuesta general no basta sino que hace falta un enfoque "a medida", aún inexistente. El código de conducta y las medidas prácticas asociadas a estos altos cargos avanzan con lentitud y sin garantías de formación dedicada o pruebas de que la existente esté siendo utilizada.

La aplicación de la Ley de Transparencia avanza con cuentagotas y, sin embargo, Greco celebra la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos oficiales, pero muestra su "preocupación por la lentitud en los plazos de respuesta y la falta de acceso público real".

La nueva Ley de Administración Abierta permite un acceso más ágil, pero el mes de espera para responder peticiones sigue siendo excesivo. Tiene como objetivo regular el sistema de prevención de conflictos de intereses para el personal de confianza y de asesoramiento especial, equiparando sus requisitos con los de los altos cargos políticos. Esto incluye obligaciones como el sometimiento a estándares de idoneidad y buena reputación; el régimen de dedicación exclusiva y de incompatibilidades restrictivas; la obligación de presentar declaraciones de actividades y bienes; la evaluación y control de resultados de gestión; y las obligaciones de transparencia y publicidad activa, como la publicación de información de identificación, salarios y agendas oficiales.

Además, la independencia y capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) considera que quedan en entredicho, puesto que aunque un nuevo Estatuto y la creación de una Comisión más inclusiva son "positivamente bienvenidos", la autoridad efectiva del CTBG depende todavía de una reforma legal pendiente.

Las puertas giratorias

El Greco lamenta que solo se hayan dado pasos parciales en la regulación de los contactos entre altos cargos y lobistas, así como en la publicación de agendas y actividades. El proyecto de ley sobre transparencia de los grupos de interés no incluye la obligación de publicar las agendas, una omisión significativa según el organismo europeo.

La revisión de las restricciones tras el abandono de los altos cargos (puertas giratorias) tampoco convence. Señala que se amplía el periodo de incompatibilidad, pero sigue faltando una supervisión independiente real y un régimen de rendición de cuentas más estricto.

Se prevé que la limitación de dos años para el ejercicio de actividades privadas después de dejar el cargo se extienda para los altos cargos políticos. Esta extensión se aplicaría a actividades profesionales de influencia al servicio o para entidades registradas en el registro de grupos de interés, en cualquier asunto relacionado con las competencias del departamento, organismo o entidad donde hayan prestado servicios. Esta misma disposición también se encuentra en el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de Grupos de Interés.

En este aspecto, el informe reitera que el alcance de su recomendación es mucho más amplio, ya que pide una revisión independiente del sistema actual para su mejora, y que se necesita mejorar el régimen de supervisión y rendición de cuentas.

La publicación de información desagregada sobre patrimonio, intereses y otras actividades externas sigue siendo incompleta, sin novedades destacables desde las últimas evaluaciones. Además, el régimen de control y prevención de conflictos de interés es una asignatura pendiente. La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) permanece subordinada jerárquicamente al propio Ejecutivo y carece de presupuesto propio, lo que debilita su capacidad de supervisión y sanción.

Aforamiento e impunidad

Especial mención merece en el informe la falta de avances en la reforma del procedimiento especial de aforamiento para miembros del Gobierno sospechosos de corrupción. Greco lamenta que el obstáculo legal que impide un proceso judicial ágil y eficaz permanezca sin resultados concretos.

Greco viene recomendando que este procedimiento especial de aforamiento se modificara para que no obstaculice el proceso de justicia penal con respecto a los miembros del gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción. La preocupación subyacente de Greco es que el aforamiento pueda afectar la eficacia del proceso judicial en casos de corrupción.

Policía Nacional y Guardia Civil

En materia policial, el progreso es desigual. La Policía Nacional ha realizado evaluaciones de riesgo y acciones de supervisión, pero todavía carece de una verdadera estrategia anticorrupción. Por el contrario, la Guardia Civil ha cosechado avances tangibles, especialmente con la implantación de su Sistema de Integridad (Sintegc) y el Plan de Acción de Ética Profesional, que integran formación y medidas preventivas.

El Código de Conducta de 2013 sigue sin aplicación práctica en la Policía Nacional, y los protocolos de denuncia interna y protección a denunciantes avanzan solo en la Guardia Civil, no en la Policía. El endurecimiento del sistema de cuotas de ingreso apenas ha cambiado: se propone un límite del 20%, pero Greco pide una reducción mucho mayor, si no su eliminación total.

La introducción de controles periódicos, la revisión de criterios para la asignación de beneficios y la mejora del régimen disciplinario siguen en el limbo. GRECO lamenta la "falta de acción" en áreas fundamentales y que las autoridades ni siquiera reconozcan estos aspectos como problemáticos.

Llamada urgente a la acción

Greco urge al Gobierno español a intensificar sus esfuerzos y a aplicar de manera decidida las reformas propuestas. La falta de avances reales en el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, especialmente en las altas esferas del Poder Ejecutivo, hace que se ponga en duda el compromiso de España con los estándares internacionales de integridad pública.

Por ello, el informe concluye solicitando a España un nuevo informe de progreso antes del 30 de junio de 2026.

Mientras tanto, anima a la sociedad civil y los organismos internacionales a seguir exigiendo que las recomendaciones de transparencia y medidas anticorrupción no se queden en papel mojado y se traduzcan, por fin, en políticas efectivas y verificables.