Un Estado miembro la Eurozona, como es el caso de España, puede aceptar o prohibir los pagos en efectivo a determinadas instituciones de su Administración por razones de interés público y con determinados requisitos, porque es competente para regular las modalidades de cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre que, por regla general, sea posible pagar en efectivo mediante dinero denominado en dicha moneda.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no recurrirá al Tribunal Constitucional el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19 y su prórroga.

El 90% de los contribuyentes españoles se muestra contrario a una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que impida a las comunidades autónomas disminuirlo cuando lo consideren necesario y no solo aumentarlo para desarrollar sus políticas socioeconómicas.

Más del 90% de las empresas, según gestores administrativos y graduados sociales consultados por elEconomista, desconoce que existe una nueva normativa que regula esta modalidad de trabajo y que exige un acuerdo con el trabajador, que debe ser remitido al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).