Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , serán las encargadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de desarrollar el Plan de Lucha contra la la Corrupción y de crear e impulsar las comisiones que consideren necesarias para cumplir este cometido, según se establece en un Real Decreto, con un contenido muy genérico y pocos datos sobre el trabajo de la citada Comisión.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 711/2025, por el que se crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, y se establece su composición y funcionamiento, que tiene como objetivo asegurar la ejecución y el seguimiento de un plan que fue anunciado por el Presidente del Gobierno el pasado 9 de julio de 2025 en el Congreso de los Diputados. La norma ya está en vigor desde el pasado jueves.
Para garantizar el impulso, la implementación, seguimiento y evaluación de este Plan, el Gobierno crea la Comisión Interministerial, que juega el papel central en el desarrollo del Plan.
Sus funciones principales incluyen la dirección estratégica y el fomento de las medidas, la coordinación y supervisión de las actuaciones de los departamentos ministeriales y sus entidades vinculadas, y la propuesta de modificaciones del Plan para su aprobación por el Consejo de Ministros. Esta Comisión también será responsable de velar por la coherencia del despliegue del Plan en todos los niveles de la Administración General del Estado.
Grupos de trabajo
La Comisión queda adscrita al Ministerio de Hacienda. Será presidida por la ministra de Hacienda, con la ministra de Trabajo y Economía Social ejerciendo la vicepresidencia. Además, formarán parte de ella los titulares de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Cultura; y para la Transformación Digital y de la Función Pública. Se incluirá también al titular de la Dirección del Gabinete del Presidente del Gobierno y, en el futuro, a la titular de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una vez que esta se haya constituido y puesto en funcionamiento. La Comisión quedará adscrita al Ministerio de Hacienda.
La Comisión podrá acordar la creación de grupos de trabajo, con la composición y régimen de funcionamiento que se acuerde por la misma y con el compromiso de que ésta no tendrá coste alguno extraordinario para las arcas públicas.
El Real Decreto establece que "la constitución y el funcionamiento de la Comisión serán atendidos con los medios materiales y personales de los departamentos ministeriales que la conforman, por lo que su actuación no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias de los mismos ni incremento de gasto público".
Esta Comisión deberá constituirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto y se reunirá al menos trimestralmente, o siempre que su Presidencia lo estime necesario o a petición de alguno de sus miembros.
Su vigencia será limitada en el tiempo, hasta que se cumplan los fines previstos en su artículo 1.También, la norma que la regula prevé que "la Comisión dejará de desempeñar sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los fines previstos en el artículo 1. Tras constatar tal extremo, la propia Comisión aprobará su disolución".
Los ejes del Plan
El Plan se estructura alrededor de varios ejes fundamentales: abarca la prevención de riesgos y el fortalecimiento de controles para reducir la incidencia de la corrupción, así como la protección efectiva de quienes informan sobre irregularidades. También se enfoca en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de estos delitos, junto con la recuperación de activos procedentes de actividades corruptas, considerada esencial para reparar el perjuicio causado al interés público. Finalmente, promueve una cultura anticorrupción y de integridad entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas.
El primer eje se centra en adoptar medidas proactivas para disminuir la aparición de la corrupción. Implica identificar potenciales puntos débiles o riesgos dentro de la administración y en el sector público en general, para luego reforzar los mecanismos de control internos. El objetivo es crear barreras robustas que dificulten la comisión de actos corruptos, reduciendo así su frecuencia.
El segundo de los ejes busca fomentar la denuncia y la transparencia. Se plantea para asegurar que aquellos individuos que deciden reportar actos de corrupción o irregularidades estén debidamente protegidos, evitando represalias o perjuicios. La existencia de un sistema de protección eficaz es fundamental para que los informantes se sientan seguros al revelar información que es vital para la lucha anticorrupción.
El tercero de los pilares se centra en la respuesta punitiva del Estado ante la corrupción. Involucra la puesta en marcha de procesos de investigación exhaustivos, la correcta tramitación judicial de los casos y la aplicación de sanciones apropiadas a los responsables. Es un componente esencial para asegurar que los actos corruptos no queden impunes y para reafirmar el Estado de Derecho.
Con el cuarto eje, se persigue la recuperación de los bienes y fondos obtenidos ilícitamente a través de la corrupción. No se trata solo de castigar a los culpables, sino también de reparar el daño económico infligido a la sociedad y al erario público, devolviendo al interés general aquello que fue desviado. Se reconoce como un elemento fundamental para restaurar la equidad y la confianza.
Y el último eje apunta a un cambio cultural profundo. Su propósito es inculcar valores de integridad y rechazo a la corrupción en todos los estratos de la sociedad: entre los ciudadanos, en el sector empresarial y dentro de las propias administraciones públicas. Busca ir más allá de las medidas legales para construir una conciencia colectiva que fomente la ética y la transparencia como normas fundamentales de comportamiento.