Se reabre el debate sobre la aplicación estricta de las faltas muy graves. Es improcedente el despido disciplinario de un repostero con antecedentes psiquiátricos, al considerar la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (sentencia de 25 de marzo de 2025) desproporcionada la sanción de despido derivada de tres inasistencias injustificadas consecutivas tras una alta médica controvertida.
La inscripción de la pareja de hecho y la formalización del documento público en el Registro deben haberse realizado, al menos, dos años antes del fallecimiento del causante. Sin embargo, este plazo no puede sustituirse ni compensarse acreditando una convivencia previa a la formalización, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de julio de 2025.
Si el asegurado comete un error al declarar un antecedente de salud, o simplemente lo omite sin voluntad de engañar, esto no faculta automáticamente a la aseguradora para denegar el pago de la prestación, por ejemplo, una indemnización por invalidez permanente, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de julio de 2025.
La jurisprudencia posterior y unificada por el Tribunal Supremo puede impedir que se mantenga una solución previamente aceptada por una sentencia firme, aun cuando existiera cosa juzgada positiva en favor de los trabajadores para periodos anteriores." según señala el TS, en sentencia de 2 de julio de 2025.
Si un trabajador presentaba una situación clínica incapacitante con anterioridad a su ingreso antes de su afiliación a la Seguridad Social, esta circunstancia no debe ser tenida en cuenta para configurar una nueva situación de incapacidad permanente protegida, según establece el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en sentencia de 17 de julio de 2025.
El conocimiento de las impugnaciones relativas a actos de encuadramiento de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), como la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según determina definitivamente el Tribunal Supremo, en sentencia de unificación de criterio de 21 de julio de 2025.
Cuando el Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) anula una liquidación tributaria que ha dado origen a un conflicto de competencias entre la Administración del Estado y una Administración Foral, deja de tener sentido que los tribunales contencioso-administrativos sigan discutiendo qué Administración tenía la competencia para dictar esa liquidación, porque ésta ya no existe, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de julio de 2025.
La mera aportación de pagos cruzados de nóminas por parte de un trabajador es suficiente para trasladar a la empresa la carga de demostrar la inexistencia de relaciones fraudulentas como grupo patológico, según establece el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia de 15 de julio de 2025.
Los colegios profesionales y sus consejos generales, al aprobar códigos deontológicos, actúan como órganos reguladores de la profesión a efectos del Derecho comunitario, lo que permite aplicar el test de proporcionalidad, exigido por la Directiva 2018/958, incluso aunque la legislación española no reconoce formalmente a estas corporaciones como autoridades competentes para la regulación.