El Gobierno prepara una batería de medidas para intensificar su lucha contra los elevados precios de la energía. El departamento de Teresa Ribera sigue buscando fórmulas para contener el impacto del encarecimiento de los precios del gas natural y del CO2 en el recibo de la luz para los consumidores domésticos y las industrias.
Para lograrlo, el Ministerio ha iniciado una ronda de contactos con las asociaciones de renovables (AEE, Appa, Anpier, Protermosolar y Unef) y las de cogeneración (Cogen y Acogen).
En dichos encuentros -que han sido precedidos por los mantenidos por los grandes consumidores industriales y las eléctricas- la vicepresidenta ha trasladado a los participantes su intención de buscar fórmulas para ligar los precios de la tarifa regulada de electricidad (PVPC) y de los industriales a esta generación regulada que recibe el nombre técnico de Recore.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, el Ministerio calcula que necesitará del orden de 27 TWh para suministrar al PVPC y cerca de 30 TWh para la industria y tiene que buscar esta liquidez en la generación para poder conseguir su objetivo de rebajar la factura de estos consumidores.
La idea es que ambos volúmenes de energía dejen de participar en el mercado mayorista de electricidad (Omie) y recibir un precio que el Gobierno ha bautizado como 'Precio Recore' que estima entre los 57 y 60 euros/ MWh. No obstante, el ministerio no puede intervenir en el nivel de estos precios ya que la regulación europea y la de competencia lo limitan.
La medida se aplicaría durante el próximo año y estaría acotada hasta finalizar el ejercicio, momento en el que se volvería al sistema actual ante la esperada normalización de los precios.
Para lograr este objetivo, el ministerio -a diferencia de con el Real decreto ley 17/2021- ha pedido a las asociaciones que les envíen sus propuestas, así como los problemas que detectan en las mismas para poder analizar en las próximas semanas.
La intención de Ribera es lograr un armazón legal que sea inexpugnable ante Europa (riesgo de ayudas de Estado) pero también para reducir el riesgo regulatorio que ahora mismo perciben los inversores tras el plan de choque de septiembre, tal y como han alertado las agencias de calificación de crédito o los grandes fondos de inversión con cartas de protesta por las medidas a la Comisión Europea.
La patronal del sector ha pedido que se deje la tarifa PVPC únicamente para los consumidores vulnerables
El Ministerio de Transición Ecológica sacó a consulta pública el pasado 1 de octubre la revisión del PVPC para tratar de reducir su vinculación a los precios del mercado mayorista, una medida que se engarzaría dentro de este próximo parquete de medidas y con la subasta de energía primaria que las eléctricas rechazan.
La patronal eléctrica ha solicitado en numerosas ocasiones que el PVPC fuese alterado de modo que se indexara a una cesta de productos a más largo plazo para no trasladarle al consumidor vulnerable la volatilidad del mercado. De hecho, la patronal del sector ha pedido que se deje esta tarifa únicamente para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos y que se lleve al resto de consumidores al mercado libre, tal y como prevén las directivas europeas.
El PVPC ha permitido durante sus años de existencia que la mayor parte de los ejercicios haya contado con un precio más competitivo que el del mercado liberalizado hasta el punto de generar en ocasiones pérdidas a las comercializadoras reguladas.
Rentabilidad renovable
El ministerio tiene también sobre la mesa una propuesta para laminar los ingresos de las renovables y poder utilizar ese dinero para hacer frente a la subida de la luz.
La generación regulada del Recore tiene una rentabilidad garantizada a la inversión del 7,3% y ahora mismo estas cantidades son superiores. La iniciativa que hay sobre la mesa es usar esa mayor liquidez para paliar el aumento de precios a cambio de no recortarles los ingresos en la próxima revisión del periodo regulatorio.
La regulación del mercado vincula en estos momentos la rentabilidad de las instalaciones a los ingresos en el mercado diario e intradiario, lo que en la práctica supone también desincentivar a este tipo de tecnologías para que acudan a los mercados a plazo.
El Ministerio, no obstante, ha querido dejar claro al sector que en ningún caso las tecnologías del Recore deben temer una modificación del régimen retributivo.
Ribera tiene que presentar, previsiblemente antes de acabar el año las condiciones de la subasta de energía primaria aprobada el pasado mes de septiembre.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, así como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya han puesto en duda que estas subastas puedan celebrarse porque prácticamente la totalidad de su energía ya cuenta con contratos firmados, mayoritariamente entre las generadores y comercializadoras de los grupos integrados.
El Real decreto ley que corrige el plan de choque de septiembre supone abrir la posibilidad a incurrir en un déficit de tarifa en el sector eléctrico. Los 2.600 millones que el Gobierno iba a minorar a las eléctricas para hacer frente a la eliminación de los cargos en la tarifa pueden reducirse de forma notable y generar un agujero en las cuentas del sistema eléctrico.
Acuerdo energético en la Cumbre Hispano-lusa
España y Portugal han analizado la coyuntura de elevados precios del gas y el impacto sobre los consumidores con vistas a la implantación del paquete europeo Fit for 55% para alcanzar los nuevos objetivos y la inminente celebración de la COP26.
En la Cumbre ha tenido un papel destacado la movilidad eléctrica y el establecimiento de instrumentos de apoyo para impulsarla, junto con el desarrollo de la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos y de toda la cadena de valor industrial.
Así, se ha acordado una plataforma de trabajo para desarrollar un clúster ibérico del coche eléctrico. Contará con instrumentos de apoyo para fomentar proyectos industriales integrados, basados en productos y servicios innovadores. Ambos países también cooperarán en promover el refuerzo de una red de carga de vehículos eléctricos y su interoperabilidad, asegurando su despliegue en corredores viarios a ambos lados de la frontera. Además, se creará un programa ibérico para las baterías sostenibles.
