La última propuesta del Gobierno para hacer frente a las próximas jubilaciones de la generación del baby boom sigue sin abordar de frente el problema que supondrá para la Seguridad Social.
Una vez más, todo se fía a exprimir en mayor medida los ingresos de esta Administración, con un alza de las cotizaciones sociales del 0,5% que tendría vigencia durante diez años desde 2023, con objeto de volver a nutrir el Fondo de Reserva. Sólo como una solución de último recurso, al final de esa década, el Ejecutivo abre la puerta a tomar también medidas en lo que al gasto respecta. Se trataría de un recorte de 5.000 millones que, aun cuando el Ejecutivo no detalla aún el modo en que lo ejecutaría, es ya previsible que se conseguiría a través de medidas como considerar la vida laboral en su conjunto en el cálculo de la pensión o revisar su actual protocolo de revalorización, ligado al IPC. Tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos, todo en este primer planteamiento del mecanismo de solidaridad intergeneracional merece severas críticas. La nueva alza de las cotizaciones tendrá un rendimiento ínfimo, con una recaudación extra de 1.000 millones anuales que nada conseguirán contra un déficit previsto de 60.000 millones en cada ejercicio. Tan magros resultados se conseguirán, además, pagando el peaje de infligir más daños a la creación de empleo.
La nueva alza de cotizaciones fracasará en sus objetivos y sólo consigue demorar a 2032 los ajustes en el gasto
En lo que concierne al gasto, lo único que se consigue es demorar hasta 2032 la implantación de medidas para racionalizar el desembolso de la Seguridad Social que deberían haberse tomado ya. Por ninguna de las dos vías se ofrecen soluciones al crítico futuro que el sistema público de pensiones presenta desde hace años.
