La reforma de las pensiones desenmascara la política del Gobierno. Sánchez invitó el martes a los sindicatos a desayunar en Moncloa en ausencia de la patronal para festejar el acuerdo de las pensiones. Pese a que presumía de cerrar acuerdos con la patronal, no le importó romper el diálogo. Además, descubrimos que el famoso Mecanismo de Equidad Intergeneracional del ministro Escrivá consiste en subir las cotizaciones a los hijos del baby boom, que se retirarán a partir de la próxima década.
El jueves se conoció, también, que los más perjudicados serán las rentas altas. Su cotización subirá el 1,5 por ciento anual durante más de una década a partir de 2023, más del doble que el resto de los trabajadores, aunque se destoparán las prestaciones.
La obsesión del Gobierno por castigar a los llamados ricos es compulsiva. Los Presupuestos incluían un alza del IRPF para las personas con ingresos superiores a los 300.000 euros anuales. Y a partir de 2023, amenaza con incrementar también los de quienes ganen más de 60.000 euros.
Aun así las cuentas no salen. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, estima que la reforma de Escrivá incrementará en más de cuatro puntos sobre el PIB el gasto (unos 50.000 millones adicionales) hasta 2050, mientras que la subida de las cotizaciones aportará unos 33.000 millones, según los cálculos de Escrivá, lo que dejaría una diferencia de 17.000 millones.
La pensiones no están garantizadas. A Escrivá le faltan 17.000 millones por lograr hasta 2050
Escrivá se apunta otros 12.000 millones adicionales gracias a que aplica a esos ingresos una rentabilidad del siete por ciento, que nadie sabe cómo va a obtener.
La conclusión, a la vista de esta especie de cuentas de la lechera del titular de la Seguridad Social, es que el abono de las pensiones de las próximas generaciones no está ni mucho menos garantizado. Entre otras cosas porque es imposible predecir con una fiabilidad mínima cómo evolucionará el desempleo en las próximas décadas.
¿Y qué pueden hacer los empresarios? Poco o nada. Están entre la espada y la pared. Bruselas los ha dejado tirados. La Comisión Europea recomienda que las reformas de las pensiones y laboral se alcancen con el consenso de la patronal. Pero fuentes cercanas al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aclararon esta semana a elEconomista que se trata sólo de una recomendación, no de una exigencia que deba cumplirse a rajatabla.
Sánchez tienen manos libres, en realidad, para reformar el mercado de trabajo sin contar con ellos. Lo lógico es que ofrezca algunas concesiones, como la conocida esta semana en contratos temporales, para intentar alcanzar su apoyo y si no lo consigue haga lo que quiera. Los empresarios lo saben, por eso su intención es mantenerse en la mesa de negociaciones, para evitar decisiones irreversibles sin su visto bueno.
Fuentes de la negociación confían, no obstante, en que al final, se produzca algún tipo de entendimiento. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sería uno de los interesados en alcanzar un compromiso, porque el año que viene se enfrenta a la renovación de su cargo, y el apoyo por parte de las grandes empresas es vital y en muchas ocasiones depende del Gobierno.
Onur Genç, CEO de BBVA, gana poder sobre el presidente y se convierte en el intocable del banco
El punto controvertido está en los convenios sectoriales. Las empresas medianas y grandes los cumplen. El problema está en las pequeñas, que ni siquiera tienen representación sindical. El Gobierno quiere que estén obligadas también a seguirlos. En España hay poco más de tres mil empresas medianas y grandes a partir de 200 trabajadores y más de tres millones de pymes y micropymes, que no llegan a diez empleados.
Una de las soluciones que se apunta pasaría por extender los convenios colectivos a las pymes, con lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría presentarse como la triunfadora, con el apoyo de los sindicatos, mientras que Garamendi también salvaría su compromiso gracias a la introducción de una cláusula de descuelgue de estos convenios para las empresas en dificultades, como existe en la actualidad, aunque habrá que concretar las condiciones de nuevo. Gobierno y patronal superarían así el escollo de las negociaciones ante Bruselas.
Todos dan por hecho que Sánchez se saldrá con la suya de nuevo para poder seguir contando con el apoyo de Yolanda Díaz, por lo menos hasta finales de 2022 o quizá hasta que termine la presidencia española de la UE, a mediados de 2023.
El pacto con Díaz para poner fin a la guerra de las vicepresidentas fue dejarla al frente de las negociación laboral, aunque los documentos que presente tienen que ser supervisados antes por el equipo de Calviño. Sólo en caso de disputa, es el presidente el que tienen la última palabra.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía será luego la encargada de convencer a Bruselas de que el acuerdo respeta los requisitos exigidos para desembolsar los fondos. El plazo para alcanzar un compromiso es amplio, puede extenderse hasta marzo, ya que hasta ese mes no se aprobará la segunda tanda de fondos por 12.000 millones. Para entonces, el Gobierno ya debería haberse gastado los 19.000 millones de la primera fase y la recuperación debería encontrarse en marcha.
El mayor inconveniente a la vista es que la sexta ola obligue a imponer restricciones en la apertura del pequeño comercio. España es uno de los países europeos con una tasa de vacunados más elevada, en torno al 90 por ciento. Sánchez acaba de autorizar la tercera dosis para los mayores de sesenta años ante el incremento paulatino de los contagios y para evitar tener que recurrir a cierres selectivos, como están haciendo ya algunos países europeos. Eso sería un golpe para el turismo, que ya recupero más de la mitad de su actividad previa, según medios oficiales.
El otro obstáculo, que podría frenar en seco la recuperación, es el encarecimiento del coste de financiación de la deuda pública, que en octubre alcanzó el 122 por ciento del PIB. El Gobierno, que presupuestó una cifra un 4,6 por ciento inferior a la de este ejercicio para hacer frente a los compromisos de la deuda, confía en que las subidas de tipos no se produzcan en un plazo de dos años, después de las recientes declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. El período coincide con los plazos que maneja el gobernador del Banco de España.
Así es la hoja de ruta que maneja el Gobierno. A los empresarios, con Bruselas de perfil, sólo les queda resignarse y esperar a que la inflación escampe y lleguen mejores momentos. Malos tiempos para la lírica.
PD.-Los semana comenzó con la operación sorpresa de BBVA para hacerse por la totalidad del banco turco Garanti, del que ya poseía casi el 50 por ciento. Sobre el papel, se trata de una operación ventajosa, ya que el coste es de unos 2.250 millones, gracias a que la lira turca está hundida, y el consumo de capital para el banco español es aún menor, en torno a 1.400 millones. Los analistas aplauden la operación, pese a que el mercado castigó su cotización.
Pero no es oro todo lo que reluce. El gobernador del Banco de España alertó de los riesgos de seguridad jurídica en un país cuyo gobernante, Tayyp Erdogan, tiene pésimas relaciones con la UE y es proclive a presiones y amenazas. El banco español perdió ya más de 3.000 millones en el Garanti por culpa de la lira, que sigue en caída libre, con más bajadas de tipos a la vista.
La entidad presidida por Carlos Torres salió de un mercado desarrollado como Estados Unidos para entrar en Turquía y desaprovechó la oportunidad de hacerse con el control de Sabadell. Alrededor del 60 por ciento de su cuenta de resultados provendrá de países emergentes como Turquía y México, lo que aumentará su volatilidad en el mercado, sobre todo en momentos de crisis.
Y, por ultimo, el consejero delegado, Onur Genç, gana poder sobre el presidente de la entidad española, ya que su nombramiento fue una de las concesiones realizadas por Francisco González para contentar a Erdogan. Genç es un directivo cercano al presidente turco, lo que le confiere una influencia extraordinaria sobre el futuro del banco azul y, desde luego, lo convierte a partir de ahora en intocable.
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