Atajar la temporalidad del mercado laboral es la piedra angular sobre la que el Gobierno quiere construir una reforma laboral que deje atrás la de 2012, aunque en la última propuesta enviada a la mesa de negociación se abre a aceptar contratos temporales de máximo tres meses para actividades ocasionales y con límites en función del tamaño de la empresa.
El último planteamiento establece que solo podrán hacerse contratos de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de un trabajador y se especificará "con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista", recoge el texto que cita Efe.
Una de las causas sería el "incremento ocasional e imprevisible de la demanda" o la realización de actividades ocasionales "en atención a su naturaleza, aunque tengan carácter previsible y cíclico". No estarían incluidos los trabajos de naturaleza estacional vinculados a campañas (navidades, rebajas...) que el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere cubrir con fijos-discontinuos.
Un mismo puesto no podrá ser cubierto más de cinco meses al año con temporales: el mes seis, será indefinido
Frente a los 12 actuales, "la duración máxima de los contratos para actividades ocasionales será de tres meses", según la propuesta.
El texto matiza que "en el supuesto de que un puesto de trabajo [...] sea ocupado con contratos para actividades ocasionales durante más de cinco meses en un año, la persona que lo esté ocupando, o que lo ocupe tras ese periodo, será considerada indefinida". Es decir, a los cinco meses cubierto por temporales ocasionales, el contrato para ese puesto deberá ser indefinido o para el trabajador que lo ocupe en ese momento o para el nuevo contratado para desarrollar la función.
El número de contratos temporales irá en función del tamaño de la empresa
El Gobierno propone límites para el uso de esta modalidad durante el año natural en función del tamaño de la empresa. Las empresas de hasta cinco trabajadores solo podrán tener un contrato temporal activo, que serán dos en las de seis a 10 personas y tres en el caso de llegar a 30.
A partir de esa 30 trabajadores, la propuesta establece topes en número de contratos y porcentajes: de 31 a 100 trabajadores se podrán acumular cinco contratos temporales por año natural, o el 8% de la plantilla; de 101 a 500 empleados, 15 o el 7% del total de trabajadores; y en empresas con plantillas de más 500, 30 contratos temporales o el 4% de la plantilla.
Hay una excepción: "Cuando se trate de empresas del sector agrario, el número máximo de contratos a realizar en cada tramo se incrementará en un 50%", recoge la propuesta.
Revisión cada dos años a partir de 2025
Según el borrador, una vez puestas en marcha todas estas medidas, el Gobierno propone evaluar los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025 y repetir al análisis de situación cada dos años.
Si los resultados de la evaluación no muestran una reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los diferentes sectores, añade el texto, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales.
Es la última de varias propuestas
Estos cambios quedarían reflejados en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula la duración del contrato y en el que se trabaja para intentar acotar la elevada temporalidad. Trabajo quiere limitar el uso de los contratos temporales, hacer que el indefinido sea el que se suscriba por defecto e incentivar el uso del fijo-discontinuo.
En los planteamientos iniciales de esta negociación, junto al fin del contrato por obra, se incluyó prohibir el uso del contrato temporal para picos de actividad cuando esa mayor carga de trabajo tuviera que ver con la actividad "normal y permanente" de la empresa. El objetivo era que este tipo de necesidades se encajaran en el contrato fijo discontinuo, explican fuentes del diálogo social.
En otra propuesta posterior, se introdujo una limitación a la temporalidad en las empresas que solo podían cubrir un 15% de los puestos estructurales con estos contratos. Ambos planteamientos se encontraron con el firme rechazo de la patronal que insiste en la importancia de la flexibilidad para el empleo.
La mesa de la reforma laboral ha doblado el número de reuniones a dos por semana, los miércoles y los viernes, con la intención de poder llegar a un acuerdo antes de finales de año y así cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación del que depende la recepción del siguiente pago de 12.000 millones de euros.
