Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse este miércoles en torno a la mesa en la que negocian la reforma laboral. La cita es la primera tras el desencuentro con las patronales, que se descolgaron del pacto para la subida del 0,6% de las cotizaciones sociales al que llegaron Ejecutivo y sindicatos para rellenar la hucha de las pensiones de cara a la jubilación de los 'baby boomers'. El bache, saldado sin acuerdo a tres bandas, da paso a otros dos grandes debates en el marco del diálogo social y que se resumen en un problema global: la temporalidad.
El rechazo empresarial a la medida en materia de pensiones, que se extenderá entre 2023 y 2032, no se ha traducido en su salida de la mesa de la reforma laboral, cuyas reuniones se agilizarán a partir de hoy con dos citas semanales (miércoles y viernes) para intentar sacar adelante la reforma antes de que acabe el año y cumplir así con los plazos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación, del que depende la recepción de los fondos.
Sin embargo, tampoco significa que el camino por delante sea más favorable. El Gobierno se enfrenta ahora a dos grandes escollos: el alza de las cotizaciones de las empresas por las bajas de contratos temporales y el 'Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo', una suerte de nuevos Erte que, según está planteado por el Ejecutivo no cuenta con el apoyo de patronal ni de sindicatos.
Primer gran escollo: penalización a la temporalidad en las cotizaciones
Para penalizar las bajas de contratos temporales, el Gobierno propone modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social para elevar el sobrecoste a afrontar por las empresas por dar de baja contratos temporales.
Según su redacción actual, el artículo 151 establece un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días. El Ejecutivo insta a penalizar en mayor medida a las empresas y, según la redacción de la nueva propuesta, con todos los contratos temporales.
El texto de la propuesta dice: "En los contratos de carácter temporal, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, en el mes en que se produzca la baja del trabajador y por cada una de dichas bajas, en el triple del importe diario determinado por la aplicación del tipo de cotización a cargo de la empresa al tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional".
Al no especificar duración concreta para un contrato temporal, el Gobierno parece abrir la mano frente a la idea inicial de ir, principalmente, contra la práctica de no cotizar por los trabajadores los fines de semana y en vacaciones. La redacción de esta modificación era tan "enrevesada" que los agentes sociales han solicitado aclaraciones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha evitado entrar en detalles preguntado por esta cuestión durante la presentación del avance de datos de afiliación de noviembre, pero ha reconocido que el castigo a los "contratos de altísima frecuencia" es una de los asuntos en negociación.
Los nuevos Erte, el otro gran bache
En cuanto a 'Mecanismo RED', el Gobierno propone permitir a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, de manera similar a la de los expedientes de regulación temporal del empleo (Erte) de pandemia, mediante beneficios en cotizaciones y prestaciones.
La reducción de jornada aplicable en el 'Mecanismo RED' podría ser de entre un 10% y un 70% y mientras esté vigente ésta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extra, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.
Para acogerse a estos nuevos Erte, deberán alegarse causas estructurales o causas cíclicas. El 'Mecanismo RED' podría activarse por causas estructurales cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad.
Para este caso, el Gobierno plantea incorporar un plan de recolocación en otra empresa, que tendrá que ser aceptada por el trabajador de forma voluntaria mediante su dimisión. Si no lo acepta, se mantendrá vigente su contrato de trabajo, pero si la recolocación sale adelante, la empresa de origen transferirá al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación, con el fin de constituir un fondo para financiar los procesos de recolocación.
El trabajador suscribirá un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad, y con las nuevas condiciones laborales, y en caso de un eventual despido por causas no atribuibles al trabajador en la empresa receptora, el Fogasa le abonaría una indemnización de importe equivalente a la cuantía por despido improcedente que le hubiese correspondido al trabajador en caso de haber sido despedido en la empresa de origen.
Las empresas que contraten a trabajadores afectados por el 'Mecanismo RED' de carácter estructural a través de contratos indefinidos, incluido los fijos-discontinuos, tendrían derecho a una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un periodo de 6 meses.
En cuanto a las causas cíclicas por las que podrán acogerse al 'RED', se refiere a causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.
El Gobierno plantea además que las empresas autorizadas a aplicar un 'Mecanismo RED' puedan beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones a cambio de acciones formativas a favor de las personas afectadas si la empresa mantiene el empleo de los trabajadores afectados durante seis meses. Estas acciones formativas serían obligatorias si el 'Mecanismo RED' ha sido activado por causas estructurales.
Los trabajadores afectados por un 'RED' tendrán derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, incompatible con prestaciones o subsidios por desempleo, pero compatible con un trabajo a tiempo parcial.
La propuesta del Ejecutivo también implica la creación de un fondo para sufragar los nuevos Erte, que tendría por objetivo atender las necesidades futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores, exenciones de cuotas empresariales y gastos de formación.
Díaz reconoce que lograr un acuerdo tripartito para reformar el mercado de trabajo va a ser "muy difícil" por la temporalidad
Las propuestas del Gobierno es para los agentes sociales "intervencionistas", "poco flexibles" y "farragosas" y han pedido al Gobierno reconsiderarlas para lograr un acuerdo que ahora todos ven complicado. Incluso en el propio seno del Gobierno son conscientes de la dificultad de sacar adelante la medida.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoció ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que lograr un acuerdo tripartito para reformar el mercado de trabajo va a ser "muy difícil", aunque no imposible, y ha situado el principal escollo en la temporalidad.
Según indicó, "el problema está en la temporalidad, porque nunca se ha abordado en toda la democracia española (...) Vamos a cambiar el paradigma de la contratación, no es una cosa menor, sabiendo que nuestro país tiene sectores estacionales, pero técnicamente es posible garantizar la estabilidad en el empleo con la estacionalidad".
