La Inspección de Trabajo ha emitido 5.832 sanciones por fraude en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (Ertes), según ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado el Plan Estratégico para modernizar la Inspección.
De los 44.393 expedientes incoados por la Inspección 35.190 ya han sido finalizados, con el resultado de casi 6.000 vulneraciones encontradas, según los datos compartidos por Díaz.
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 para modernizar la Inspección de Trabajo, que ha permitido la regularización en la Seguridad Social de 50.191 empleos irregulares en el último año, así como la transformación en indefinidos de 280.565 contratos temporales irregulares. Según ha indicado Díaz, entre enero y mayo, la Inspección aumentó un 350% su actividad.
Díaz ha confiado en que este plan sea "una de las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales" en España y cambie "el paradigma de la Inspección de Trabajo". El plan busca "anticiparse a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir en el mercado de trabajo. No reparamos, sino que nos anticipamos".
El plan tiene dos objetivos principales. En primer lugar, fortalecer la institución para luchar contra la precariedad y el fraude laboral. Para ello, se creará la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, para combatir de forma real y eficaz la discriminación de cualquier tipo. Esta oficina requerirá de "nuevos perfiles y personal específico" que actúa desde "el inicio hasta la salida de la carrera profesional", ha señalado Díaz.
De forma paralela, se pondrá en marcha una Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, que se centrará en la detección de 'empresas buzón', aquellas que no tienen actividad real en el país de origen, en este caso España, pero que operen en otros países de la Unión Europea, o viceversa. Díaz ha aludido al caso concreto de la cooperación con el Gobierno francés en las campañas vinculadas a la agricultura, pero pretende ampliarse al marco de la UE, América Latina y la Organización Internacional del Trabajo.
La Inspección de Trabajo también contará en esta nueva etapa con el impulso de la tecnología, el 'big data' y la Inteligencia Artificial, lo que exigirá también la formación e incorporación de perfiles adaptados a nuevas situaciones como la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.
Con este plan, la Inspección de Trabajo verá reforzada sus competencias en la intervención de los despidos colectivos, la suspensión de contratos o en la intervención cuando haya inaplicaciones de los convenios colectivos.
Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que el presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha incrementado un 20% en 2020 y 2021.
La ministra ha insistido en que urge reforzar las capacidades de la ITSS, mermadas desde el Gobierno del Partido Popular. "Parte del desmontaje del PP en las relaciones laborales no solamente tienen que ver con los recortes (...) sino que un recorte muy fuerte se produjo en la Inspección del Trabajo", ha asegurado Díaz.
