Mercado laboral

La economía española se caracteriza por tener uno de los mercados de trabajo más inestables de la OCDE. Inestable, en el sentido de que, cuando la economía entra en recesión, se producen masivas destrucciones de empleo. Y, por el contrario, cuando se expande, recupera una parte del empleo perdido a buen ritmo, pero menor que la velocidad de destrucción durante la contracción. El ejemplo más reciente es lo sucedido durante la crisis financiera: a pesar del fuerte ritmo de creación de empleo en la fase de recuperación, nuestra tasa de paro no recobró los niveles de 2007.

Sin duda, el colectivo de los autónomos es que mayor capacidad de aguante está mostrando ante la destrucción de empleo que está provocando la crisis sanitaria en nuestro país. Ya las cifras de caída de inscritos en el RETA, que es tres veces menor que la experimentada por el régimen general, arrojaban esta resistencia a echar el cierre por parte de los trabajadores por cuenta propia, y las cifras de junio constatan la tendencia. Si entre la segunda quincena del mes de marzo y el 30 de abril, se perdieron 60.692 empleos de autónomos, en los dos meses posteriores (mayo y junio) el colectivo ha recuperado 40.630 cotizantes. Esto es, un 66% de todos los trabajos destruidos como consecuencia de la pandemia y el frenazo a la actividad económica por el confinamiento.

La recuperación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes, y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Según los últimos datos de empleo ofrecidos por el Gobierno en el mes de junio el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624.337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo tan solo un 0,37% más, mientras que en el mismo periodo el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas. Ambas cifras, dibujan una senda menos peligrosa que la observada en los meses anteriores, si bien supone el peor dato de afiliación en un mes de junio en cinco años y el primer incremento de parados en este periodo desde 2008.

Qué le deparará el futuro a la economía mundial? Actualmente la respuesta más probable, desafortunadamente, es menor crecimiento, mayor desigualdad, mercados distorsionados y aumento de los riesgos financieros. Pero este no es un resultado inevitable. Con cambios oportunos en el paradigma de las políticas, sus responsables pueden preparar el terreno para una economía más dinámica, inclusiva y resiliente.

La crisis del coronavirus (COVID-19) ha supuesto un cambio en el sistema productivo y laboral a nivel mundial. La pandemia ha puesto de manifiesto algunas carencias y virtudes en el músculo económico que se traducen en la consolidación de algunos trabajos y en la proliferación de otros que hasta entonces pasaban desapercibidos o, directamente, eran desconocidos. Esta crisis ha aflorado la polaridad de muchos sectores que han demostrado ser esenciales y que han estado en primera línea de batalla.

El Banco de España ha vuelto ha lanzar el globo sonda de la mochila austriaca justo en el momento en que los efectos de la pandemia y de la crisis económica obligarán a los gobernantes de nuestro país a llevar a cabo ajustes relevantes y reformas estructurales en el plano político. En el centro de la diana de estos cambios se encuentra el mercado laboral y, más allá, la medida que propone el supervisor bancario supondría una revolución sin precedentes. Sin ir más lejos, la introducción de esta medida supondría de forma automática un recorte de las indemnizaciones por despido que pagan las empresas a los trabajadores, e incluso podrían llegar a desaparecer haciendo del despido un trámite completamente 'gratuito' para el empresario.

Normalmente, cuando se analiza por qué los ciudadanos de un país disfrutan de una renta per cápita (el PIB dividido entre todos los ciudadanos) más elevada que otros, se tiende a buscar la explicación en las diferencias de productividad. Aunque son varios los factores que pueden hacer a un país más 'rico', se suele decir que la productividad es la base del crecimiento sostenible y del bienestar a largo plazo. Sin embargo, en el caso de Francia y Alemania no es la productividad la que marca la diferencia, sino la tasa de empleo. El buen funcionamiento del mercado laboral germano, respecto al francés, propicia que una mayor parte de la población esté involucrada de forma directa en el proceso productivo y, por tanto, generando bienes y servicios (PIB). Mientras tanto, la baja tasa de empleo en Francia es un problema que preocupa a la sociedad y al Gobierno desde hace tiempo, pero que no es sencillo corregir.

El teletrabajo es una realidad del mercado laboral que ha llegado a nuestro país para quedarse. Pero parece no ser la solución para todos los problemas que acarrearán empresas y trabajadores tras la pandemia hasta poder recuperar su labor tal y como se desarrollaba antes de la crisis sanitaria. Pero algo puede haber cambiado para siempre: habrá empleados que nunca volverán a la oficina tras la implantación oficial del teletrabajo, que en pocas semanas ya estará regulado de manera oficial a través de un real decreto-ley, ya avanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pues bien, según Adecco, un 77% de los trabajadores españoles prefiere combinar el teletrabajo y la asistencia a la oficina, y no permanecer fuera del establecimiento laboral definitivamente.

Este sábado se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto-ley 24/2020 aprobado en el último Consejo de Ministros que prorroga hasta el 30 de septiembre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) asociados al covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis.

El rebrote sanitario, que de momento está ocupando los titulares, esconde una verdadera pandemia de desempleo en España. Se estima que el porcentaje de desempleados en España puede llegar a ser de entre un 15% y un 20% al concluir el año según enfoques más o menos optimistas; y alrededor de un 3% de ellos no tenían un empleo anterior.

La pandemia ha traído incertidumbre al mercado laboral nacional y los procesos de contratación. Con el inicio de la cuarentena inteligente y la reapertura de diferentes sectores, la expectativa está enfocada en el futuro de la contratación para la segunda mitad del 2020.

En el mundo occidental discutir sobre la inmigración se ha convertido en un tema tan cargado de ideología que resulta casi imposible razonar sobre él. La inmigración en España (y en general en la UE) es un bien desde el punto de vista demográfico, dado el envejecimiento de la población.

Los trabajadores autónomos están resistiendo el vendaval que ha provocado la pandemia en el mercado laboral español con un menor volumen de pérdida de afiliación que el resto de regímenes de cotizantes a la Seguridad Social, concretamente, tres veces menos. Esto se traduce que el colectivo de trabajadores por cuenta propia reflejó a finales del mes de mayo una caída ocupados respecto al mismo mes del pasado año, incluyendo por lo tanto el efecto de la crisis sanitaria, del 1,74%, lo que supone en el Reta se encuentran hoy inscritos 56.948 trabajadores menos que hace un año. Sin embargo, el golpe para el colectivo de los asalariados es exactamente tres veces mayor, con una pérdida del 5,21% en comparación con el número de registros de hace un año, lo que supone 776.083 cotizantes menos.

Los programas de inclusión que acompañarán el cobro del nuevo ingreso mínimo vital cuentan con un amplio espectro de actuaciones sobre diferentes ámbitos de necesidades que refieren las personas que son beneficiarias de la ayuda y que en muchas ocasiones se ven condicionadas en su futuro acceso al mercado laboral por cuestiones relativas a su situación personal vital. De este modo, algunas de las cuestiones que abordará el denominado itinerario de inclusión serán programas para tratar la drogadicción, terapias de tratamiento psicológico y programas de formación profesional para cubrir las lagunas educativas, antes de incorporar a los potenciales beneficiarios al mercado de trabajo. Concretamente, el Gobierno calcula que en esta situación de partida se encontrarían hasta un tercio de los beneficiarios que se encuentran en "la trampa de la pobreza".

La sangría que está generando el coronavirus en el mercado laboral está forzando a muchas empresas a adoptar soluciones de urgencia. La proliferación de ajustes temporales de empleo mediante Ertes se dispara por centenares en todos los sectores productivos.

El mes de mayo ha dado un respiro al mercado laboral con la primera creación de empleo desde el inicio de la pandemia. Y no solo por los 187.814 empleos recuperados entre el día 1 y 31 del pasado mes sino por los datos ofrecidos por los ERTE donde según los datos ofrecidos por el SEPE, hasta 457.909 han salido de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, lo que supone un 12,5% de total de trabajadores afectados por esta situación desde el comienzo de la pandemia.

El mes de mayo ha dado un respiro para el mercado laboral al tiempo que se mitigan el impacto de la pandemia y de la crisis sanitaria del COVID-19. España creó entre los días 1 de mayo y 31 de mayo un total de 187.814 empleos, situándose el número total de ocupados en nuestro país en en 18.584.176, si bien el efecto devastador que ha tenido esta crisis para el mercado laboral español aún se puede aprecia en los 26.573 parados más inscritos en las oficinas del SEPE, lo que deja el saldo total de demandantes de empleo en 3.857.776 personas.

El Gobernador del Banco de España nos visitó la semana pasada en el Congreso. En su primera comparecencia de la legislatura, Hernández de Cos vino a corroborar los peores presagios para nuestra economía, empeorando las propias previsiones que la institución que gobierna había presentado tan sólo unas semanas antes. Mientras que en aquellas defendía “una recesión más breve y moderada” provocada por la pandemia, en estas estima que “la duración de la perturbación será más larga y más severa de lo inicialmente anticipado”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó ayer utilizar el adjetivo “integral” en referencia a la derogación de la reforma laboral de 2012. Lo que sí avanzó es que, aunque se pretende abordar “cuanto antes” no se producirá en plena pandemia. E, insistió, que en cualquier caso siempre en el marco del diálogo social. Así lo expuso en su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado que se ha retrasado por el coranavirus.Por otro lado, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que acabar con la temporalidad es el gran reto que tiene la sociedad española por delante, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado que había quedado pospuesta por el COVID-19. La titular de Trabajo ha desgranado los grandes ejes de actuación en su ministerio, más allá de las acciones llevadas a cabo para paliar el impacto laboral de la pandemia.

La censura tanto de sindicatos como patronal al acuerdo de derogación "total" de la reforma laboral del PP alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu tiene un explicación simple en los datos de creación de empleo en nuestro país en los últimos años. Así acudiendo a los datos de acceso público de la Seguridad Social se observa como desde la aprobación de la reforma laboral del PP en marzo de 2012 hasta la salida forzosa del Ejecutivo de Mariano Rajoy en mayo de 2018 el saldo de creación de empleo en nuestro país fue de 1.947.184 empleos recuperados tras la devastación de la crisis de 2008. Ahora, en los dos años que cumple este mes con Pedro Sánchez al frente del Gobierno el saldo arroja una caída de 436.581 afiliados menos a la Seguridad Social (pasando de 18.832.943 trabajadores de finales de mayo de 2018 a los 18.396.362 ocupados registrados al cierre de abril de 2020).

El futuro de la reforma laboral de 2012 se ha convertido, desde la noche de ayer, en una marioneta en manos de intereses y tactismos puramente políticos. Bildu la utilizó como moneda de cambio en su negociación sobre la nueva prórroga del estado de alarma. Tres horas después el PSOE hizo un desmentido, asegurando que no se trataría de una anulación completa ni en el corto plazo.

La universidad española ha vivido durante el último cuarto de siglo una importante expansión. En el curso 1994-1995, el país contaba con 46 universidades públicas y cinco privadas. Casi cinco lustros después, en el curso 2017-2018, las cifras repuntaron, respectivamente, hasta 50 y 34 centros, según el informe La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español, realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Paralelamente al crecimiento de las instituciones, el cuerpo docente experimentaba una hipertrofia similar: según Eurostat, España es el segundo país mejor dotado de la UE, con 167.000 profesores dedicados a la educación superior, solo por detrás de Alemania (407.100) y tomando la delantera a naciones más pobladas y con mayor renta per cápita como Reino Unido (156.300) y Francia (120.200), y de similar peso como Italia (91.300). Podría pensarse que este despliegue académico ha significado simultáneamente una modernización del sistema universitario, pero la realidad indica que, todavía, bien entrado el siglo XXI, acceder a unos estudios de primer rango implica asistir en cuerpo y alma a una colección interminable de clases, exámenes y tutorías.

Casi la mitad de los autónomos de nuestro país está recibiendo en estos momentos la ayuda extraordinaria por cese de actividad articulada por el Gobierno. Concretamente, según los datos arrojados por el Miniseterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha reconocido ya a más de 1.316.000 autónomos la prestación, es decir, el 92% de los más de 1,42 millones de trabajadores por cuenta propia que la han solicitado a fecha 12 de mayo. De este total, sólo el 3,1% se han denegado y mientras que el 4,6% restante está en trámite. Cabe recordar que esta prestación también conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal.

En una orden ministerial emitida por la Seguridad Social se aclara que aquellos autónomos afectados por la pandemia del coronavirus y que se hayan visto obligados a cerrar su negocio durante los meses más duros de la crisis sanitaria pero que decidan reabrir durante este mes de mayo pueden compatibilizar el cobro de la prestación con los ingresos propios de su actividad económica, que es el límite de duración por el momento previsto para el estado de alarma.

Son estos momentos obligados para que los economistas se planteen incluso el valor que tienen las decisiones de la política económica ante la convergencia de un creciente proceso de desglobalización y una perturbación considerable a causa de lo provocado en la estructura disponible de factores productivos por la pandemia. Como la respuesta a ambos problemas ha provocado una polémica en España, las decisiones exigidas por la Constitución de 1978, hacen que podamos contemplar debates importantes sobre tales cuestiones, y por eso, está claro que surgen temas que conviene se divulguen. Desde luego, en el caso de España, exigen conocer cual debería ser el modelo básico para una política económica perfectamente vinculada con la apertura hacia la economía internacional. De ahí se deriva que es máximo el interés para conocer las consecuencias obligadas, que son exigidas porque exponen nuestras vinculaciones de todo tipo con Europa, con Iberoamérica, y naturalmente, con EEUU. Nuestro futuro obliga a un análisis crítico de cómo se está reaccionando y, simultáneamente, de cómo se debate esto por parte de los legisladores, muy especialmente, en sesiones del Congreso

Por primera desde el inicio de la epidemia, los datos mensuales de empleo empiezan a reflejar el daño en el mercado laboral. En abril, un periodo afectado en su totalidad por el confinamiento, se perdieron casi 600.000 afiliaciones.

Tras conocerse las dramáticas cifras de paro y afiliación correspondientes al mes de abril, la reacción de los empresarios y sindicatos es de pesar por una tendencia que constata la sangría que está suponiendo el impacto de la pandemia de coronavirus en el mercado laboral español, con 950.000 empleos menos y casi 600.000 parados más desde el 12 de marzo. "La recuperación de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo truncada por la magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19. Sus consecuencias en España son ya evidentes, con un impacto extraordinariamente elevado en la actividad empresarial, obligada a cesar por decisiones gubernamentales derivadas de la necesaria contención de la pandemia lo que, en el mes de abril, se traduce en un incremento de la cifra de desempleo de casi 283.000 personas, un 7,97% más, situando el desempleo en 3.831.203 personas afectadas", apuntan desde la CEOE sobre el cuadro que presenta el mercado laboral en abril.

Tradicionalmente, el mes de abril suponía un buen mes para el empleo, pero este mes, al igual que ya sucedió en el mes de marzo, los datos muestran la cruda realidad que está viviendo nuestro mercado de trabajo. El paro registrado aumentó en más de 280.000 personas, mejorando levemente los datos del mes de marzo, dando como resultado un aumento de más 3,8 millones de inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal. Asimismo, y probablemente el dato más importante de los conocidos, el número medio de cotizantes a la Seguridad Social ha perdido casi 550.000 cotizantes. Por sectores, y como ya sucedió en el mes de marzo, el sector servicios ha sido el que más afiliados se ha dejado por el camino, aunque en esta ocasión, todos los sectores productivos han acabado con saldo negativo en la creación de empleo.

Continúa el viacrucis para el empleo en España, castigado con severidad por el impacto económico de la pandemia y que actualmente es una sangría de incremento de paro y destrucción de puestos de trabajo. Esta es la conclusión que se desprende de los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de Trabajo que arrojan un incremento de los parados en el mes de abril de 282.891 personas respecto al mes anterior, un 8% más, situando la cifra total de demandantes de empleo en los 3.831.203 de personas; y una caída de afiliación de casi 50.000 cotizantes en comparación con el mes anterior, que si se analiza el efecto de la pandemia del coronavirus desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta finales de abril, la pérdida de afiliados al sistema alcanza los 947.896 ocupados.

Durante los últimos días el gobierno ha dado a conocer su plan de desescalada. Las medidas, que nos permitirán recuperar la denominada como nueva normalidad en un plazo de mes y medio (como mínimo) y atenuar el impacto económico del coronavirus, entrarán en vigor en un contexto laboral que, en tan solo dos meses, se ha transformado por completo. Con motivo del Día del Trabajador, el comparador Acierto.com ha realizado una comparativa del antes y el después del mundo laboral.