En el mundo occidental discutir sobre la inmigración se ha convertido en un tema tan cargado de ideología que resulta casi imposible razonar sobre él. La inmigración en España (y en general en la UE) es un bien desde el punto de vista demográfico, dado el envejecimiento de la población.
El problema no es la inmigración, sino la integración social de los inmigrantes. Cuatro líneas al respecto: 1. Con la inmigración deberían ganar económicamente tanto los nacionales como los extranjeros. 2. Esa ganancia global con la inmigración no debe producirse a costa de pérdidas relevantes en la población autóctona. 3. Que no se desaproveche el potencial de crecimiento de PIB porque se impongan restricciones excesivas a la llegada de mano de obra foránea para puestos de trabajo que no pueden cubrirse con nativos. 4. Mínimos sobrecostes sociales por exceso de inmigración. Que no se generen costosas ineficiencias para la economía porque las leyes y la gestión de la extranjería y su descendencia, junto con el modelo de Estado de bienestar aplicado a nacionales y foráneos, atraigan y retengan a más inmigración y peor cualificada de la necesaria.
Cuando los españoles, italianos, portugueses o yugoslavos emigraban a Alemania en los años 50 y 60, cubrían necesidades de mano de obra para las que no bastaba la fuerza laboral local. No había desempleo de alemanes, ni de foráneos. Por lo tanto, no se producía allí lo que ocurre en España desde hace más de 11 años: que hay unas tasas enormes de desempleo de extranjeros, y muy altas de españoles.
Por ejemplo, entre los africanos en España, -en más de un 70%, marroquíes- el paro es muy superior al del total de los habitantes, como muestran los datos de la EPA.
Sobran del 50 al 70% de los inmigrantes que actualmente residen en España
En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, los chinos y ecuatorianos tuvieron en 2018 una tasa de afiliación prácticamente idéntica a la de los nativos españoles, y los bolivianos casi lo mismo. En el resto de nacionalidades, hay muchas con tasas tremendamente bajas, en especial en el caso de los africanos y de diversos países iberoamericanos.
Por otro lado, en España existe una gran laxitud y descontrol en la gestión de la extranjería, en un mundo como el actual, donde hay una oferta casi ilimitada de mano de obra no cualificada que desearía emigrar a países desarrollados, especialmente a aquellos con un Estado de bienestar generoso.
El analista Alejandro Macarrón ha calculado una horquilla de 42.800 a 83.300 millones de euros por los gastos en subsidios y en prestaciones públicas debidos a las entre 4,2 y 5,4 millones de personas (incluyendo a familiares laboralmente inactivos) que España no habría necesitado, en términos estrictamente económicos. Es decir, de manera aproximada, "sobrarían" del 50% al 70% de los inmigrantes actualmente residentes en España, de acuerdo con las necesidades estrictas de nuestro mercado laboral. Y de esto es de lo que no se quiere discutir porque enseguida aparecen términos ideológicos como xenofobia o racismo. Si en Europa sigue la inmigración masiva e ilegal se producirán muchos problemas, y entre ellos un rechazo indeseable.
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