He visto pasar en España a varios y variopintos Gobiernos democráticos, pero ninguno de ellos ha soltado las amarras gubernamentales sobre los medios de comunicación próximos, ya sean públicos o privados-amigos. El pasado 18 de agosto entró en vigor el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Tras un largo debate en la Eurocámara, fue aprobado en abril del pasado año y contiene un apartado que garantiza la independencia de los medios públicos. El Gobierno español, apostando siempre por las trampas, preparó un decreto que le permitió situar a su candidato al frente de RTVE sin necesidad de mayoría cualificada (dos tercios) y crear un nuevo consejo de administración con 15 representantes políticos, incluidos entre ellos gente escogida por los socios de legislatura.

Poco a poco, los españoles nos hemos ido acostumbrando al sectarismo político, cuyo feroz impulso sólo puede deberse a la demagogia que se ampara en los más bajos instintos. El sectarismo no sólo ha invadido la política, también se ha instalado en ámbitos que debieran estar reservados a la reflexión y la objetividad, tal como la Prensa, convertida hoy en campo de batalla. En tales condiciones ambientales, a mi juicio, la recusación del sectarismo se ha convertido en una obligación cívica. En contra de la ejemplaridad de la Transición, tan predicada durante largos años, los contestatarios -en parte, hijos de la generación que había protagonizado esa Transición- ponían en solfa las bondades de ésta, llegando a denunciar como cobarde una de las piezas que fueron claves en aquella aventura democrática: la Ley de Amnistía de 1977 que, según estos críticos, no sólo había sido aprobada bajo la amenaza y el ruido de los sables, también dotó de impunidad a los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo. Además de haber servido para imponer una supuesta amnesia colectiva sobre la guerra civil y sus funestas consecuencias.

Desde hace demasiados años la Agencia Tributaria, bajo el ministro de Hacienda, viene tratando a los españoles con arbitrariedad, es decir, a patadas. Ahí, entre millones, están los casos del hoy entrenador Xabi Alonso, que no se arrugó y acabó ganando en los tribunales a sus perseguidores. En sentido contrario, el caso del actor Imanol Arias, que para evitar ir al juzgado llegó a un acuerdo con los perseguidores, que le soplaron un buen pellizco de sus ganancias que había obtenido trabajando honradamente. Y yo me pregunto: ¿en el caso de Xabi Alonso se ha exigido a los perdedores alguna compensación económica? Pues no, de sus bolsillos no ha salido un solo euro.

Hace unos días la OCDE dio a conocer un informe en el que llamaba la atención sobre la baja productividad y el escaso crecimiento de los salarios en España. En efecto, la productividad laboral ha crecido aquí lentamente durante las tres últimas décadas, muy por debajo en comparación con otros países de la OCDE. Aunque en muchos otros países de la OCDE se observó una desaceleración de la productividad, en España comenzó antes y ha sido especialmente acusada. Esto ha ejercido una presión a la baja sobre el crecimiento salarial y el nivel de vida.