El Gobernador del Banco de España nos visitó la semana pasada en el Congreso. En su primera comparecencia de la legislatura, Hernández de Cos vino a corroborar los peores presagios para nuestra economía, empeorando las propias previsiones que la institución que gobierna había presentado tan sólo unas semanas antes. Mientras que en aquellas defendía "una recesión más breve y moderada" provocada por la pandemia, en estas estima que "la duración de la perturbación será más larga y más severa de lo inicialmente anticipado".
Hernández de Cos habló de los grandes retos que tenemos por delante y abrazó lo que desde Ciudadanos llevamos años reclamando: que se alcance un Pacto de Estado entre las fuerzas políticas constitucionalistas para superar esta nueva crisis y hacer más fuerte nuestra economía.
La pandemia del Covid-19 y las crisis económica, política y social que trae aparejada nos ponen a prueba. Desde las instituciones tenemos hoy una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Antes de recurrir al camino fácil de subir impuestos o recortar derechos sociales, hacen falta reformas.
En cuanto pase la crisis el nivel de deuda pública sobre el PIB debe reducirse
Esta crisis nos tiene que obligar a tener una administración más ágil, más moderna y más eficiente que haga el mejor uso de los recursos del Estado, porque esos recursos públicos sí tienen dueño: los ciudadanos.
Debemos reducir, además, nuestra deuda pública. Está claro, y así lo reconoce también Bruselas, que ahora tenemos que asumir un ingente endeudamiento. Pero en cuanto pase esta crisis, el nivel de deuda pública sobre nuestro PIB debe reducirse y volverse sostenible. Como advirtió el propio gobernador del Banco de España, "no es imposible".
La economía española precisa, con urgencia, reformas estructurales, como también indicó Hernández de Cos, que faciliten el crecimiento potencial que tiene nuestra economía, y con este ánimo participa Ciudadanos en los Pactos de la Reconstrucción. Nuestro deber es construir un país mejor para las generaciones futuras, y, a ello van destinadas nuestras propuestas:
I. La digitalización como herramienta catalizadora de la actividad económica y la justicia social en un entorno de recuperación. Las nuevas tecnologías se han mostrado fundamentales en la crisis del COVID-19 adaptando el trabajo y el funcionamiento de las empresas. La tecnología debe seguir representando una herramienta para la mejora de la productividad y la conciliación laboral y familiar.
II. Análisis de la respuesta del sistema de I+D+i y ciencia ante la crisis COVID-19 optimizando los recursos para salir de la pandemia.
Se evaluará la respuesta a la pandemia del sistema científico y de I+D+i en nuestro país. Del mismo modo se evaluará el impacto que la pandemia ha tenido el maltrecho sistema de I+d+i y ciencia en nuestro país en términos de recursos humanos y materiales y convocatorias.
Por otra parte, y de cara al futuro, se estudiarán las acciones prioritarias que las Administraciones Públicas deben impulsar a corto y medio plazo en el ámbito científico y de la innovación para controlar y erradicar el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Se tratarán las acciones para mejorar la financiación y los recursos humanos en Ciencia y el I+D+i y para conseguir que la ciencia, la industria y la empresa estén involucradas en la reconstrucción.
La ineficiencia de las políticas activas de empleo se han hecho evidente con el coronavirus
III. Análisis del entorno normativo y propuesta de hoja de ruta para una economía dinámica basada en el conocimiento.
Para reactivar la economía es necesario un marco económico con visión de futuro en el que será necesario que todos los agentes económicos, sociales, públicos y privados participen y colaboren con un objetivo común: favorecer una economía basada en el conocimiento y libre de burocracia. Asimismo, se llevará a cabo una revisión de la legislación de segunda oportunidad para reducir el riesgo de emprender modificando la Ley Concursal para agilizar el retorno a la solvencia de emprendedores y autónomos, haciendo especial énfasis en aquellos factores que más podrían dañar la recuperación empresarial.
IV. Análisis de las debilidades de nuestro mercado laboral y propuestas para una recuperación robusta, estable y de calidad.
La precariedad, la dualidad, la ineficiencia de las políticas activas de empleo se han hecho más evidentes durante la crisis de la COVID-19. Del imprescindible análisis de éstas se derivará la hoja de ruta para luchar contra el reto estructural de un mercado laboral que siempre se cobra las mismas víctimas. Para ello se requiere la evaluación y reforma de las políticas activas de empleo, de los sistemas de protección de las relaciones laborales, adaptando la legislación laboral a la nueva realidad de una economía más moderna, más digitalizada y globalizada, generando de esta forma empleos de calidad y estables.
V. Revisión del papel del sector industrial durante la crisis de la COVID-19 y rediseño de la hoja de ruta de las industrias estratégicas.
Durante los últimos años hemos asistido a un fenómeno de deslocalización industrial hacia países emergentes y los efectos se han visto claramente en el desabastecimiento de productos esenciales sufrido durante los primeros meses de la pandemia. Debemos evaluar este fenómeno y proponer las medidas para revertir estas tendencias que juegan contra el sector industrial español, apostando por un relanzamiento de la industria española como punta de lanza de la competitividad de la economía y motor exportador, reforzando la presencia española y europea en las cadenas de valor globales, principalmente enfocado en industrias estratégicas.
VI. Análisis y valoración de los mecanismos fiscales y tributarios para impulsar la salida de la crisis.
Debemos aliviar la carga impositiva de empresas y hogares y reactivar lo más pronto posible la economía. Entre las medidas se considerará la flexibilización de la regla de gasto con relación al uso del superávit de los Ayuntamientos, la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la conveniencia de incrementar las medidas en materia de aplazamientos tributarios, revisión de la imposición a sectores relacionados con el turismo y otros sectores esenciales, la flexibilización del acogimiento al sistema de Cuenta Corriente Tributaria y la modificación de la Ley del IVA.
VII. La transición energética como propulsor de la recuperación
Evaluar los mecanismos para abordar una transición energética sostenible, competitiva y segura a nivel de consumo, sin comprometer ninguno de estos objetivos.
VIII. Las infraestructuras sostenibles, seguras, eficientes, conectadas en un entorno de recursos limitados.
Es de urgente necesidad que evaluar y establecer un sistema objetivo, medible, fiscalizable para determinar prioridades en materia de infraestructuras, entendidas de forma global (sociales, sanitarias, de transportes, vivienda…). Se antoja imprescindible un Pacto por las Infraestructuras que sea capaz de priorizar las necesidades de una inversión que asegure un una movilidad segura, sostenible y conectada.
IX. Reformas para una Estrategia Nacional para el Turismo que apuntale la recuperación del sector.
La recuperación del sector turístico será una de las últimas en materializarse debido a las características de esta crisis. El restablecimiento de la actividad, la recuperación de los puestos de trabajo, los nuevos protocolos sanitarios y la recuperación de los destinos emisores de turistas deben ser factores esenciales de las medidas adoptadas. La promoción de España como un destino seguro debe ir de la mano de nuestros socios comunitarios, con los que nos une un consenso de actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad de los turistas bajo la denominación de una Marca Europa.
