El Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo europeo de desempleo (SURE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) son insuficientes para abordar las necesidades financieras de España tras la crisis del coronavirus Covid-10. Los analistas de Freemarket aseguran que la situación española llevará a la intervención económica en aproximadamente un año.
"Es improbable que, en medio de la crisis, los demás estados de la UE presten una atención prioritaria al endeudamiento del sector público español. El panorama cambiará cuando la mayoría de las economías europeas la superen", subrayan los expertos. "Esto significa que dentro de un año aproximadamente, los estados y la Comisión condicionarán el suministro de soporte financiero a la implantación de un plan de consolidación fiscal y de reformas estructurales capaz de situar las finanzas públicas en la senda de la sostenibilidad y restaurar el crecimiento", añaden.
Las previsiones confirman que la posibilidad del Tesoro de colocar deuda soberana en el mercado tenderá a reducirse cada vez más. Con un déficit público de dos dígitos del PIB, con una deuda por encima del 100% del PIB y con unas expectativas económicas adversas a España le costará cada vez más colocar deuda.
Años de recuperación
Freemarket estima que el PIB no retornará a los valores obtenidos en el cuarto trimestre de 2019 hasta finales de 2023, el doble del pronosticado por el Gobierno. A su juicio, la política fiscal y presupuestaria del Gobierno constituye "una de las mayores amenazas" para la salida de la crisis. El déficit para el conjunto de las administraciones públicas se situará en 2020 entre el 11,2% del PIB y el 13,3% del PIB, según los analistas.
La sostenibilidad de las finanzas públicas depende en exclusiva del soporte proporcionado por el exterior. A juicio de los expertos, esta situación eleva de manera sustancial los riesgos de un colapso fiscal y presupuestario en el supuesto de que la economía no remonte con rapidez.
Con estos números, los analistas creen que el rescate de la economía española será inevitable. El BCE no puede acumular de manera indefinida deuda española. De hecho, el supervisor bancario sólo puede tener en su balance hasta un 30% de bonos soberanos de un país. Además, cualquier línea de financiación de gran cuantía aprobada por la UE supondrá algún tipo de condicionalidad, porque los Estados solventes ya han manifestado su intención de no suministrar recursos "a fondo perdido" a los que han dejado de serlo en esta crisis por su indisciplina presupuestaria de los últimos años.
Los especialistas rechazan las cifras enviadas por el Gobierno a Bruselas esta semana. "No se concreta ni siquiera se insinúa en qué año o en qué trimestre, el Gobierno piensa que se logrará superar la crisis", apuntan en su último informe, al que ha tenido acceso elEconomista.
"A lo largo de sus más de 100 páginas, el Plan Nacional de Reformas (PNR) enviado a la Comisión Europea no contiene ninguna iniciativa reformista", destacan los analistas. A su juicio, si el PNR considera reformas las medidas introducidas al amparo del Estado de Alarma eso significa que su intención es no retirarlas una vez finalizada la crisis. "En este supuesto se habrá consolidado una injerencia del Estado en la economía sin precedentes, un aumento de las rigideces y de los gastos estructurales y una severa restricción de la libertad de empresa y del ejercicio de derechos básicos como el de propiedad", considera.
Mercado rígido
El documento apunta a la rigidez del mercado laboral y el tejido productivo español como una de las debilidades en la lucha contra la crisis provocada por la pandemia. España cuenta con unos mercados de bienes, servicios y laboral cuya regulación les impide adaptarse con rapidez a los cambios del entorno y, por tanto, absorber los shocks de oferta o de demanda, en este caso da igual, con la celeridad precisa para permitir una pronta recuperación. "La rigidez la baja de los precios y de los salarios, acentuada por los cambios regulatorios introducidos por el gobierno antes de y durante los primeros compases de la crisis, es un importante lastre para la recuperación", señala el informe.
Los especialistas aseguran que la abultada tasa de desempleo que se va a registrar en el corto y medio plazo hace imposible reducirla sin que se produzca una bajada en las remuneraciones de los trabajadores, en especial de los no cualificados. En este sentido, el sistema de protección al desempleo y los distintos programas de rentas mínimas existentes y por venir (Ingreso Mínimo Vital) elevan el salario reserva de los parados y de los inactivos y, por tanto, desincentivan la búsqueda de empleo.
La vía del gasto, equivocada
"Aunque resulte políticamente incorrecto señalarlo en la presente coyuntura, rebajar el gasto, en vez de subir los impuestos, es el único camino para romper la espiral de una crisis fiscal y revertir la situación", concluye el informe de Freemarket. "El Gobierno debería ser extremadamente prudente y no convertir en estructurales programas que quizá tengan sentido en un momento cíclico como el actual, pero que deberían ser eliminados cuando la situación económica se normalice", añade.
La recesión se traduce ya en una masiva destrucción de pymes cuyo suelo puede terminar en una tasa de mortalidad de entre la tercera parte y la mitad de las existentes, según apuntan varios especialistas. Las pequeñas compañías no sobrevivirán a unos costes fiscales y sociales como los existentes en un marco recesivo como el que se experimenta y, aunque tuviesen acceso al mercado crediticio, sus incentivos para endeudarse son escasos ante la intensidad e incertidumbre de la crisis y ante las adversas expectativas sobre la evolución de la economía. España es, junto a Italia, el único Estado de la UE en el que la demanda de crédito ha caído.
En el lado de la demanda, las medidas de mantenimiento de rentas tienen un potencial estimulante muy bajo por el descenso de la riqueza financiera de los hogares.
