Economía

Un tercio de los beneficiarios del ingreso mínimo no será apto para acceder a un empleo

  • Escrivá asegura que la ayuda servirá para generar economía formal
  • Incluirá programas contra la drogadicción y de formación profesional
  • Asegura que el déficit de la Seguridad Social lo deberá financiar el Estado
Fuente: EE.

Los programas de inclusión que acompañarán el cobro del nuevo ingreso mínimo vital cuentan con un amplio espectro de actuaciones sobre diferentes ámbitos de necesidades que refieren las personas que son beneficiarias de la ayuda y que en muchas ocasiones se ven condicionadas en su futuro acceso al mercado laboral por cuestiones relativas a su situación personal vital. De este modo, algunas de las cuestiones que abordará el denominado itinerario de inclusión serán programas para tratar la drogadicción, terapias de tratamiento psicológico y programas de formación profesional para cubrir las lagunas educativas, antes de incorporar a los potenciales beneficiarios al mercado de trabajo. Concretamente, el Gobierno calcula que en esta situación de partida se encontrarían hasta un tercio de los beneficiarios que se encuentran en "la trampa de la pobreza".

Así lo explicó este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde explicó todo el armazón con el que contará el ingreso mínimo vital para evitar el fraude en el cobro de la prestación. De este modo, defiende el ministro que no se trata solo de la incorporación final del beneficiario al mercado de trabajo sino de que lo haga en unas condiciones óptimas para su mantenimiento. Por ello, explicó que, en muchos casos, lo beneficiarios deberán recibir una asistencia previa en lo que se han previsto programas contra la drogadicción, otros de tratamiento psicológico y los de formación profesional.

"Sabemos que entorno a un tercio de los hogares que están en la trampa de la pobreza no son empleables como tal. Necesitamos tratamientos específicos en casos de tratamientos de dorgadicción, de problemas psicológicos o de formación por falta de educación académica", explicaba el ministro asegurando que estas situaciones deberán ser atendidas antes de ir al mercado laboral, "por eso son itinerarios más amplios y por eso trabajamos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque tienen mas proximidad".

Además, está en este punto de las políticas activas de empleo, cuyos itinerarios tienen que estar bien diseñados teniendo en cuenta la situación de cada tipo de hogar y persona. "La aproximación al tema va a ser científica, con uso de datos y trabajando con las administraciones responsables. Tenemos que terminar de aquilatar el estímulo de quien encuentra un trabajo y que pueda compatibilizar la prestación con el trabajo. Además, está la colaboración con el sector privado con el sello social con el que vamos a aportar una identificación mas fina y precisa de quienes van a necesitar la ayuda", explicaba el ministro.

Y es que uno de los puntos de conflicto que ha generado la aprobación de la ayuda está en el impacto que puede tener en el mercado laboral y, más concretamente, en aquellos sectores donde el empleo es más precario, menos formal y cualificado, y con menores sueldos. Sin ir más lejos, expertos consultados por elEconomista como Javier Santacruz, sostienen que el efecto puede ser el desincentivo al empleo en estas áreas de actividad que amplíe las bases de trabajo informal, e incluso pueda reducir el volumen de cotizantes.

Una visión que no comparte el ministro Escrivá: "Esperamos es que sea un instrumento para incentivar la formalidad. Desde el momento en que los hogares tengan que hacer la declaración de la renta, toda la documentación se incorporará a la Agencia Tributaria, y además existirá una tarjeta universal donde aparecerán todas las ayudas y están las sanciones que son estrictas con la novedad de que se extiende a la figura del cooperador necesario", argumentaba Escrivá explicando que sería por ejemplo un empleador que ayude al fraude pagando en negro, se le extenderían todas las sanciones y penalizaciones por responsabilidad necesaria. "Deberíamos generar mas economía formal, hay investigaciones que ponen de manifiesto que no desincentiva la búsqueda de trabajo", sentenciaba Escrivá al respecto.

Impacto en la Seguridad Social

Sobre el impacto que la medida tendrá en la Seguridad Social con unas cuentas ya constreñidas por el gasto en pensiones, el ministro confirma que se producirá un salto de deuda necesario para garantizar las rentas de miles de personas que se ha hecho a través de una ayudas con cargo al Sistema que la AIReF prevé supongan este años unos 30.000 millones de euros, lo que llevará a triplicar esta año el déficit del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.

No en vano, llama Escrivá a una visión más global de las cunetas del Estado, como un agregado de todas las administraciones públicas. "La Seguridad Social tiene pendiente una reestructuración de ingresos y gastos", confirmaba Escrivá por lo que hasta que eso ocurra tiene el déficit tendrá que ser financiado por le estado. "Pero hay que mirar la posición financiera del conjunto de la Administración Pública. En este caso está muy afectado por las medidas de lucha contra el coronavirus. Esta pregunta ignora el debilitamiento transitorio de la base de ingresos de la Seguridad Social es necesario para proteger a las personas. Hay una contradicción de apelaciones a la situación financiera y a la ampliación de ayudas. Estamos en un punto de equilibrio", asegura.

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